República Dominicana vive un auge del turismo de naturaleza: Ríos, saltos de agua, charcos, montañas y senderos reciben cada vez más visitantes. El reto consiste en aprovechar esta riqueza sin destruirla.
En los últimos años se ha producido un crecimiento significativo de las excursiones hacia ríos, cascadas, charcos y zonas montañosas del país. A ello se suma la construcción de cabañas, campamentos y otros espacios destinados al turismo y al descanso.
El fenómeno es positivo desde el punto de vista económico. Genera empleos, dinamiza las comunidades rurales y amplía la oferta turística de República Dominicana. Sin embargo, cuando estas actividades se desarrollan sin suficiente regulación, supervisión y planificación, pueden convertirse en una amenaza para los mismos recursos naturales que les dan origen.
Nuestros ríos y montañas no son simplemente lugares de recreación. Son parte fundamental de las cuencas hidrográficas, contribuyen al abastecimiento de agua, sostienen ecosistemas y albergan una extraordinaria diversidad de flora y fauna. Por eso resulta preocupante observar la proliferación de balnearios improvisados, construcciones próximas a los cauces, acumulación de residuos y actividades comerciales cuya autorización ambiental y condiciones de operación no siempre resultan claras.
El Gobierno dominicano ha dado recientemente una señal importante con el Decreto 615-26, que declara de alto interés nacional y prioridad estratégica la protección de determinados recursos naturales y el combate al llamado terrorismo medioambiental. La disposición otorga especial protección a las áreas protegidas, cuencas hidrográficas prioritarias, presas, embalses, humedales, manglares, arrecifes coralinos, bosques protectores y nacimientos de ríos, entre otros ecosistemas cuya afectación pudiera comprometer la seguridad hídrica, alimentaria, ambiental o económica del país.
Es una decisión que debe ser respaldada y, sobre todo, acompañada de acciones concretas. Una norma ambiental tiene verdadero valor cuando existe capacidad institucional para hacerla cumplir. ¿De quién son nuestros ríos? Uno de los aspectos que merece mayor atención es el acceso a los balnearios.
En diferentes lugares del país se han establecido negocios privados que cobran por ingresar a espacios ubicados junto a ríos, saltos y charcos. Debemos distinguir entre el cobro legítimo por servicios privados —como estacionamiento, alimentación, baños, alojamiento o actividades organizadas— y la pretensión de convertir el acceso al recurso natural en un negocio privado.
La Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00 establece que las aguas del país son propiedad del Estado y establece disposiciones destinadas a su protección y aprovechamiento sostenible. La legislación también contempla franjas de protección de los cursos de agua y limita las intervenciones que puedan alterar sus cauces o deteriorar sus condiciones naturales.
El tema merece una vigilancia especial de las autoridades. El hecho de que una persona posea un terreno próximo a un río no significa necesariamente que pueda disponer libremente del cauce, modificarlo, contaminarlo o impedir el acceso a un recurso que pertenece al patrimonio natural de la nación.
La protección de estos espacios tampoco puede limitarse al aspecto ambiental. Existe una responsabilidad relacionada con la seguridad y la salud de los visitantes. Muchos de estos lugares reciben cientos de personas durante fines de semana y períodos vacacionales. ¿Cuántos cuentan con salvavidas, primeros auxilios, señalización de riesgos, rutas de evacuación o protocolos ante una crecida repentina de los ríos?
También es necesario verificar las condiciones sanitarias de los establecimientos que venden alimentos y bebidas, así como la disposición de residuos y aguas residuales. No debemos esperar que ocurra una tragedia para preguntarnos quién era responsable de garantizar la seguridad de quienes visitan estos lugares.
República Dominicana tiene una enorme ventaja competitiva para desarrollar el turismo de naturaleza. Montañas, bosques, ríos, cascadas, parques nacionales y otros ecosistemas pueden convertirse en importantes motores de desarrollo de las comunidades rurales. Pero debemos evitar que el crecimiento desordenado termine destruyendo el atractivo que buscamos promover.
Por ello resulta necesario establecer un programa nacional de regulación y supervisión de balnearios y actividades de turismo de naturaleza, que incluya: Un registro nacional actualizado de balnearios, centros ecoturísticos y operadores autorizados. Inspecciones periódicas coordinadas entre Medio Ambiente, Turismo, Salud Pública y las alcaldías.
El turismo de naturaleza es bueno para la economia pero sin dañar los recursos que lo sustentan.
of-am


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