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SANTO DOMINGO.- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destacó los avances que, a su juicio, se han registrado en el sistema de justicia dominicano en materia de eficiencia, transformación digital, transparencia e inclusión, pero advirtió que el desafío es lograr que esas mejoras se traduzcan en un acceso más sencillo, oportuno y equitativo para la población.
La valoración está contenida en el informe “Justicia y Desarrollo Humano en la República Dominicana”, presentado por el PNUD en alianza con el Poder Judicial durante un acto en la sede en Santo Domingo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), encabezado por la representante residente del organismo, Ana María Díaz.
El estudio resalta que el sistema judicial ha fortalecido su capacidad de respuesta, reducido la mora, ampliado los servicios digitales y desarrollado políticas de transparencia e inclusión.
Díaz informó que la justicia dominicana registra una capacidad resolutiva promedio de 94.9 %, aunque persisten diferencias territoriales.
Agregó que se han firmado digitalmente más de tres millones de documentos y que aproximadamente el 66 % de los trámites se procesa de manera electrónica.
OCHO HALLAZGOS
El informe identifica ocho hallazgos sobre la situación actual y las perspectivas del sistema judicial, a partir del análisis de registros, indicadores, encuestas exploratorias, entrevistas y documentos.
Entre sus conclusiones señala que la eficiencia institucional debe estar acompañada de una reducción de las barreras que dificultan el acceso a los servicios judiciales. Advierte que factores como los ingresos, el lugar de residencia, el nivel educativo, el género y las habilidades digitales pueden incidir en la posibilidad de una persona de iniciar y mantener un proceso.
El estudio plantea, además, que las necesidades de justicia varían según los territorios y que una menor cantidad de expedientes no necesariamente significa que existan menos conflictos.
Respecto a la digitalización, reconoce que esta permite reducir desplazamientos, ahorrar tiempo y facilitar el seguimiento de los casos, aunque recomienda mantener alternativas presenciales y mecanismos de orientación para quienes los necesiten.
Asimismo, destaca la necesidad de fortalecer la protección y el acompañamiento de mujeres víctimas de violencia, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
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