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Aunque no constituye una sorpresa, pues los comunistas nunca han respetado la democracia ni el derecho al voto, la decisión de Daniel Ortega y Rosario Murillo de suprimir los comicios en Nicaragua a partir del 1 de septiembre constituye un hecho político inédito en América Latina, exceptuando a Cuba y su dictadura donde ocurrió primero.
Lo incomprensible, lo indignante, es que líderes elegidos democráticamente como Lula da Silva en Brasil y Claudia Sheinbaum en México se alineen, aunque sea de manera sigilosa, con un régimen criminal que niega el derecho básico de votar. ¿Cómo puede un presidente que llegó al poder por las urnas justificar con tecnicismos diplomáticos la supresión de esas mismas urnas en otro país? ¿Cómo puede una presidenta que se presenta como defensora de los derechos humanos guardar silencio ante semejante atropello?
La OEA, con el respaldo de Estados Unidos y una mayoría de países latinoamericanos, ha convocado a una cumbre extraordinaria para condenar la decisión de Ortega y Murillo. Sin embargo, Brasil y México han optado por el camino de la ambigüedad, disfrazando su apoyo con discursos sobre “seguridad regional” y “diálogo constructivo”. En realidad, lo que hacen es legitimar a una dictadura que se aferra al poder con métodos cada vez más brutales.
La contradicción es flagrante
No se trata de un error menor. Es una traición a la memoria histórica de América Latina, que ha pagado con sangre y exilio la lucha contra dictaduras militares y caudillos autoritarios. Es también una bofetada a los pueblos que aún creen en la democracia como herramienta de justicia y libertad.
La historia juzgará con dureza esta incoherencia. Porque cuando un presidente elegido democráticamente se convierte en defensor de dictadores, no solo traiciona a su pueblo, sino a toda América Latina. La democracia no se defiende con discursos vacíos ni con silencios cómplices: se defiende con firmeza, con claridad y con la convicción de que ningún poder puede estar por encima del derecho ciudadano a elegir.
