Cómo enderezar la Policía Nacional

En diciembre de 1918 ingresó a esa Guardia Nacional Rafael Leónidas Trujillo Molina. Como él, miles de dominicanos fueron reclutados y sometidos a la disciplina militar. Los ocupantes estaban formando la institución que años después serviría de base al aparato represivo de la dictadura más prolongada de nuestra historia.

La ocupación de 1916 no surgió de la nada. Fue el desenlace de un largo proceso de deterioro político y financiero.

Los constantes enfrentamientos entre caudillos, la inestabilidad de los gobiernos y el desorden de las finanzas públicas llevaron al Estado dominicano a endeudarse con la empresa estadounidense Santo Domingo Improvement Company. Cuando el país encontró dificultades para cumplir sus compromisos financieros, comenzaron negociaciones que terminarían reduciendo la soberanía nacional.

El resultado fue el Protocolo de 1903. Por primera vez, el gobierno de los Estados Unidos intervino formalmente en un asunto financiero interno al convertirse en garante de los intereses de la empresa acreedora. Desde entonces, el conflicto dejó de ser una disputa comercial para convertirse en un asunto de política internacional.

Al año siguiente, el Laudo Arbitral del 14 de julio de 1904 estableció que nuestro país debía pagar cuatro millones y medio de dólares a la empresa acreedora. Para garantizar ese pago, se aceptó que el gobierno norteamericano administrara las aduanas nacionales, principal fuente de ingresos fiscales de la época.

En 1905 ambas naciones firmaron el Modus Vivendi, suscrito por el presidente Carlos Morales Languasco y el gobierno del presidente Theodore Roosevelt. El acuerdo dispuso la forma en que serían distribuidas las recaudaciones aduaneras y otorgó al presidente de los Estados Unidos la facultad de designar al Receptor General de Aduanas.

A partir de entonces, y durante casi cuatro décadas, las aduanas permanecieron bajo control extranjero. El país perdió una parte esencial de su soberanía financiera y quedó sometido a un tutelaje político que desembocaría, pocos años después, en la ocupación militar de 1916.

En ese contexto nació la institución que evolucionaría hasta convertirse en la Policía Nacional. Y nació con un ADN profundamente militar, vertical y autoritario. Fue concebida para controlar a la población, no para servirle; para imponer obediencia, no para proteger derechos; para responder al poder político antes que para garantizar el cumplimiento imparcial de la ley.

Esa cultura institucional no desapareció con el fin de la ocupación. Por el contrario, se fortaleció durante los treinta y un años de la dictadura de Trujillo y sobrevivió a la transición democrática. Cambiaron los uniformes, los reglamentos y los gobiernos, pero la mentalidad y las formas de ejercer la autoridad continuaron reproduciéndose generación tras generación.

Transformación

Por eso resulta simplista pensar que la reforma policial puede lograrse solo con aumentar salarios, adquirir equipos modernos o impartir cursos de capacitación. Todo eso es necesario, pero insuficiente. Lo verdaderamente fructífero, aunque difícil, es transformar una cultura institucional que tardó más de un siglo en consolidarse.

Enderezar una institución que nació torcida exige mucho más que voluntad política. Requiere liderazgo sostenido, continuidad de Estado, formación ética, supervisión rigurosa y, sobre todo, tiempo. Ninguna reforma seria puede borrar en pocos años las deformaciones acumuladas durante más de un siglo.

La verdadera medida del cambio llegará el día en que el policía sea visto como un servidor público digno de confianza y no como una figura de temor. Cuando eso ocurra, la tarea de enderezar una institución que nació torcida habrá comenzado a dar los frutos que la nación espera.

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