La República Dominicana se prepara para la entrada en vigor del nuevo Código Penal el próximo 3 de agosto, tras más de quince años de debates y consensos legislativos. Este avance histórico, que busca modernizar el sistema penal y equilibrar la libertad de expresión con la protección del honor y la privacidad, ha sido acompañado por una campaña de desinformación que amenaza con desorientar a la ciudadanía creando una falsa percepción y disminuyendo la confianza en las instituciones.
Disculpa del presidente
El presidente Luis Abinader ha sido claro: “Con esta propuesta protegemos la libertad de expresión y el honor”. Sus palabras reflejan el espíritu de la reforma: garantizar que la crítica y la denuncia sigan siendo posibles, pero que se hagan con responsabilidad y respaldo en hechos verificables.
Abinader también reconoció que tanto el Gobierno como la sociedad civil debieron iniciar antes la discusión de las modificaciones, haciendo un “mea culpa” por no haber promovido un debate más temprano. Este gesto de autocrítica refuerza la legitimidad del proceso y demuestra que la intención no es silenciar voces, sino fortalecer la democracia.
Debate serio y constructivo
Sin embargo, la oposición ha optado por un camino distinto. En lugar de contribuir a un debate serio y constructivo, algunos partidos han aprovechado las redes sociales para introducir su propia agenda de desinformación. Lo hacen a través de personeros que, buscando ingresos fáciles, se venden al mejor postor y son capaces de “vender su alma al mismo demonio” con tal de difundir rumores y acusaciones sin pruebas. Esta práctica irresponsable no solo degrada la política, sino que también envenena el espacio público con falsedades que polarizan y dividen.
Cambios relevantes
El nuevo Código Penal introduce cambios relevantes: la reducción de penas por difamación, validando las denuncias de corrupción respaldadas por pruebas; la limitación del ultraje a funcionarios a contextos judiciales; la sanción por difusión de imágenes sin consentimiento; y el aumento de penas por malversación de fondos públicos. Estas medidas demuestran que la reforma no busca censurar, sino proteger derechos fundamentales y reforzar la transparencia.
La República Dominicana ha ocupado los primeros lugares en el Índice Chapultepec sobre libertad de prensa, lo que confirma que el país mantiene un compromiso firme con este derecho. Defender esa posición implica rechazar la desinformación y asumir la responsabilidad de construir un espacio público basado en la verdad. La libertad de expresión es un pilar de la democracia, pero no puede confundirse con el libertinaje de difundir falsedades.
Campañas de manipulación
La oposición debe entender que la política no puede reducirse a campañas de manipulación digital. La ciudadanía merece un debate informado, donde las ideas se enfrenten con argumentos y pruebas, no con ataques infundados. La desinformación es un enemigo común que debe ser enfrentado con firmeza. Defender la verdad es defender la democracia.
jpm-am


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Tienes que ser asi como EL dices. el estas en el gobierno y no quiere que se afete su bienes