Cuando la autoridad mira hacia otro lado 

Una nación no se fortalece por la cantidad de leyes que aprueba, sino por su capacidad para hacerlas cumplir.

Las normas existen para ordenar la convivencia, proteger la vida y garantizar derechos, pero cuando las autoridades toleran de manera sistemática su incumplimiento, el mensaje que recibe la sociedad es devastador, pues la interpretación es que violar la ley no tiene consecuencias.

Pocas realidades reflejan mejor este problema que el tránsito dominicano, pues a diario se observan motoristas cruzando semáforos en rojo, conduciendo mientras utilizan el teléfono celular, desplazándose en vía contraria, transitando por las aceras, transportando más pasajeros de los permitidos o realizando maniobras temerarias.

Lo más preocupante es que muchas de estas infracciones ocurren frente a agentes encargados de hacer cumplir la Ley 63-17, sin que se produzca ninguna intervención.

Cuando la autoridad presencia una infracción y decide ignorarla, deja de ser un simple espectador para convertirse en un factor que favorece la impunidad.

Esa inacción de la autoridad debilita el respeto por las normas y alimenta una cultura donde cada conductor actúa según su conveniencia, convencido de que difícilmente será sancionado.

Ante las consecuencias previsibles de esa inacción el tránsito se vuelve cada vez más desordenado, aumenta el riesgo de accidentes y se multiplican las pérdidas humanas y materiales.

Muchas tragedias que posteriormente se califican como “accidentes” pudieron haberse evitado mediante una aplicación oportuna y constante de la ley.

Corresponde a la autoridad fomentar la prevención, ya que un agente que hace cumplir las normas no solo impone una multa; protege vidas, educa con el ejemplo y fortalece la confianza en las instituciones.

Por el contrario, cuando la conducta de la autoridad está influenciada por la negligencia o la indiferencia frente a las violaciones reiteradas terminan enviando el mensaje de que la ley es opcional.

La Ley 63-17 contiene disposiciones suficientes para sancionar las conductas que ponen en peligro a conductores y peatones, pero el verdadero desafío no parece ser la falta de legislación, sino la falta de voluntad para aplicarla con firmeza, objetividad y sin excepciones.

Un país donde las leyes permanecen escritas y no se ejecutan, se expone a que el desorden sustituya al Estado de derecho.

La autoridad no se mide por el número de agentes en las calles, sino por la certeza de que toda infracción tendrá consecuencias y mientras esa convicción no exista, el caos continuará imponiéndose sobre la legalidad y las tragedias seguirán cobrando vidas que pudieron haberse salvado.