Desde el 16 de agosto de 2020, el actual gobierno ha dirigido los destinos de la República Dominicana. Su llegada al poder estuvo respaldada por un intenso uso de las redes sociales, el apoyo de diversos sectores de la sociedad civil, el activismo ciudadano, el periodismo de investigación, las marchas, las huelgas y los cacerolazos, además de un discurso centrado en la lucha contra la corrupción y la promesa de un cambio profundo en la forma de gobernar.
Seis años después, da la impresión de que muchas de esas mismas herramientas de protesta han comenzado a volverse en contra de la propia administración. Los cacerolazos han regresado, las manifestaciones se multiplican y el descontento ciudadano parece adquirir cada vez mayor visibilidad.
El periodismo de investigacion y las denuncias de los influencer tienen un gran valor economico, social y politico que representan un pilar importante para la preservacion de nuestra democracia – hay que preservarlo.
Las razones de ese malestar, según expresan diversos sectores de la población, incluyen el elevado costo de los alimentos y de las medicinas; el incremento de las tarifas de la energía eléctrica y de los combustibles; la aprobación de la reforma fiscal o ley anticrisis; las controversias generadas por la Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), calificada por algunos de sus críticos como una «ley mordaza»; el debate en torno al nuevo Código Penal; así como las denuncias sobre abusos policiales y el trato recibido por ciudadanos de sectores populares y de clase media.
En conjunto, estos factores han elevado la tensión social y han llevado a muchas personas a ejercer su derecho constitucional a la protesta pacífica.Frente a este escenario, preocupa que algunas autoridades parezcan minimizar el alcance de las manifestaciones, calificándolas como expresiones de «dos o tres gatitos».
En política, subestimar el descontento social suele ser un error. La historia demuestra que cuando los reclamos legítimos no encuentran canales de diálogo, las protestas pueden ampliarse e incorporar a ciudadanos que inicialmente permanecían al margen.
Existe un viejo refrán que dice: «Una cosa es con pandero y otra con violín». Gobernar exige sensibilidad para interpretar el momento que vive la sociedad. Resulta difícil esperar tranquilidad social cuando coinciden una elevada presión sobre el costo de la vida, nuevas cargas tributarias y proyectos legislativos que una parte importante de la población considera lesivos para derechos fundamentales como la libertad de expresión.
Asimismo, la aprobación de una reforma fiscal destinada a incrementar la recaudación en más de RD$50,000 millones, sin que se haya presentado con igual claridad un programa de reducción del gasto corriente y del déficit fiscal, alimenta la percepción de muchos ciudadanos de que el esfuerzo recae principalmente sobre los contribuyentes. Esa percepción, independientemente de que sea correcta o no, termina erosionando la confianza en las instituciones y en la gestión pública.
Si el Gobierno decide ignorar estas señales y no abre espacios efectivos de diálogo con la sociedad, podría ir construyendo un escenario políticamente adverso que termine reflejándose en las elecciones de 2028. En democracia, el voto constituye el principal mecanismo mediante el cual los ciudadanos premian o castigan la gestión de sus gobernantes.
Cuando millones de familias enfrentan el aumento del costo de la vida, cuando la juventud encuentra dificultades para acceder a empleos de calidad, cuando crecen las preocupaciones sobre la seguridad ciudadana y cuando se percibe que determinadas decisiones limitan derechos o libertades, el descontento social tiende a fortalecerse.
Todavía existe margen para corregir el rumbo. Escuchar a la ciudadanía, fortalecer el diálogo, revisar aquellas decisiones que generan mayor rechazo y priorizar políticas que alivien el costo de la vida contribuirían a reducir las tensiones. Porque la experiencia demuestra que ningún gobierno debe subestimar la capacidad de un pueblo para expresar, de manera democrática y pacífica, su inconformidad cuando entiende que sus demandas no están siendo atendidas.
of-am


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