RD ante el desafío del desarrollo

POR MANUEL TAVAREZ VENTURA

Las aspiraciones de convertir al país en un referente regional de inversión y desarrollo requieren mucho más que ventajas geográficas: exigen educación de calidad, instituciones sólidas, seguridad jurídica y políticas públicas centradas en la gente.

Las recientes declaraciones de la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro, sobre la necesidad de transformar el modelo económico nacional para atraer inversiones, adaptarse a los nuevos desafíos globales y fortalecer la competitividad del país han generado reflexiones importantes sobre las condiciones reales que deben existir para alcanzar dichos objetivos.

La República Dominicana posee fortalezas innegables. Su privilegiada ubicación geográfica, su liderazgo regional en conectividad aérea y marítima, así como el crecimiento sostenido del turismo y las zonas francas, constituyen ventajas estratégicas de enorme valor. Sin embargo, convertir al país en el tan mencionado “Hub del Caribe” demanda transformaciones mucho más profundas y sostenibles.

La educación: la verdadera base del desarrollo

Uno de los principales desafíos nacionales continúa siendo la educación. La realidad evidencia una marcada segregación escolar vinculada a las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, situación que limita la igualdad de oportunidades y dificulta la movilidad social.

Resulta difícil hablar de competitividad internacional cuando una parte importante de la población estudiantil no dispone de las mismas condiciones para desarrollar las habilidades que exige el mercado laboral moderno. Si los jóvenes dominicanos no reciben una formación que les permita competir en igualdad de condiciones con sus pares de otros países de la región, los objetivos de transformación económica difícilmente podrán materializarse.

Diversos estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han señalado que la República Dominicana continúa enfrentando importantes desafíos en materia de calidad educativa. Aunque el país ha destinado mayores recursos al sector, elevando la inversión pública del 2 % al 4 % del PIB, la infraestructura por sí sola no garantiza mejores resultados.

La capacitación docente sigue siendo una tarea pendiente. La inversión en escuelas, aulas y equipamiento debe complementarse con programas permanentes de formación para los maestros, fortaleciendo las competencias pedagógicas, lingüísticas y tecnológicas necesarias para elevar la calidad del aprendizaje.

No obstante, sería injusto desconocer los avances alcanzados en los últimos años. Las evaluaciones internacionales muestran mejoras graduales en áreas como lectoescritura y ciencias, reflejando que los esfuerzos realizados comienzan a generar resultados alentadores, aunque aún insuficientes frente a los retos existentes.

Como expresó la educadora María Montessori: «Siembra en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan; los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón».

Instituciones fuertes para una economía competitiva

La educación constituye la piedra angular del progreso, pero no es el único requisito para construir una nación competitiva.

El desarrollo económico sostenible también exige un sistema judicial independiente y eficiente, instituciones transparentes, un régimen de consecuencias efectivo y organismos capaces de actuar con autonomía, más allá de los intereses partidarios.

Asimismo, la seguridad ciudadana continúa siendo un factor determinante para atraer inversiones y fortalecer el turismo. Los visitantes nacionales y extranjeros buscan destinos donde puedan sentirse seguros y protegidos. En ese sentido, un sistema de seguridad profesional, bien remunerado y confiable es una herramienta indispensable para el crecimiento.

Precisamente por ello resulta fundamental fortalecer la institucionalidad del Estado y garantizar la continuidad de las políticas públicas más allá de los cambios de gobierno. Instrumentos como la Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 representan valiosos referentes para construir una visión de país a largo plazo.

La protección del consumidor: una preocupación ciudadana

Otro aspecto que genera inquietud en amplios sectores de la población es el desempeño de los organismos encargados de proteger los derechos de los consumidores.

Instituciones como ProConsumidor y el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) desempeñan un papel fundamental en la vigilancia del mercado y la protección del poder adquisitivo de las familias dominicanas.

Sin embargo, persiste la percepción de que los mecanismos de supervisión no siempre logran responder con la firmeza necesaria frente a diferencias significativas de precios en productos esenciales. Para muchos ciudadanos resulta difícil comprender por qué un mismo artículo elaborado en el país puede presentar variaciones importantes de precio entre establecimientos ubicados en una misma zona geográfica.

Aunque existen herramientas tecnológicas destinadas a orientar al consumidor sobre las tendencias de precios, todavía queda el reto de traducir esa información en beneficios concretos que permitan a la población identificar de manera sencilla dónde adquirir productos a precios más competitivos.

Reforma fiscal y preocupación en sectores productivos

Las recientes modificaciones tributarias también han generado debates en distintos sectores económicos.

Empresarios, profesionales independientes y representantes industriales han expresado preocupaciones sobre los posibles efectos de nuevas cargas fiscales en áreas sensibles para la economía nacional, particularmente en lo relativo a la bancarización, la formalización económica y la competitividad de ciertas industrias.

Entre las inquietudes planteadas figuran los incrementos aplicados a determinadas transacciones financieras y el aumento de contribuciones vinculadas al transporte aéreo, medidas que diversos sectores consideran podrían repercutir en actividades estratégicas para el país.

Las preocupaciones adquieren mayor relevancia si se toma en cuenta que el turismo y las remesas continúan siendo pilares fundamentales de la economía dominicana. De ahí que surjan interrogantes legítimas sobre la necesidad de equilibrar los objetivos recaudatorios con la protección de sectores que generan empleo, divisas y crecimiento económico.

Un compromiso compartido

La construcción de una República Dominicana más competitiva no depende exclusivamente del Gobierno ni del sector privado. Se trata de una responsabilidad colectiva que involucra a instituciones, empresarios, trabajadores y ciudadanos.

Los gobernantes tienen el deber de escuchar las necesidades de la población, especialmente de los sectores más vulnerables. De igual forma, los ciudadanos deben cumplir sus obligaciones, defender la institucionalidad y exigir transparencia en el manejo de los recursos públicos.

El ejercicio del poder no debe convertirse en una fuente de privilegios, sino en una oportunidad para servir. Como sostenía el expresidente uruguayo José «Pepe» Mujica, la función pública debe estar guiada por la austeridad, la honestidad y el compromiso con el bienestar colectivo.

La República Dominicana posee el potencial para convertirse en un referente regional de desarrollo y competitividad. No obstante, alcanzar esa meta exige mucho más que discursos optimistas. Requiere educación de calidad, instituciones fuertes, justicia eficiente, seguridad ciudadana y políticas públicas que coloquen al ser humano en el centro de la estrategia nacional.

Al final, será la ciudadanía quien juzgue si las decisiones adoptadas hoy están construyendo el país próspero, equitativo y moderno que todos aspiramos a heredar a las futuras generaciones.

jpm-am