La legislatura del “aprueba ahora, corrige después”

POR LUIS M. GUZMAN 

Durante años, la reforma laboral dominicana se discutió como si todo el sistema descansara sobre una sola palabra, «cesantía». El debate quedó atrapado entre quienes advertían que tocarla pondría en riesgo la competitividad y quienes sostenían que modificarla equivalía a desmontar derechos históricos.

La señal más clara llegó desde fuera. Estados Unidos empezó a endurecer su política comercial alrededor de un criterio que hasta hace poco parecía reservado a informes internacionales, la trazabilidad laboral. Ya no basta con exportar; ahora habrá que demostrar que lo exportado no incorpora trabajo forzoso ni directa ni indirectamente. Eso obliga a mirar cadenas completas de suministro, desde el origen del insumo hasta el producto terminado.

Para una economía como la dominicana, abierta, manufacturera y profundamente conectada con zonas francas, el mensaje tiene implicaciones serias. El problema no es solo producir dentro de la ley local. También importa demostrar que aquello que entra al país para transformarse y luego exportarse cumple estándares verificables. La competitividad deja de ser únicamente una ecuación de costos; empieza a depender de confianza institucional.

Y justo cuando el entorno internacional exige más capacidad regulatoria y más claridad jurídica, el país observa cómo la reforma laboral vuelve a salir temporalmente de agenda apenas semanas después de avanzar en primera lectura. El hecho, por sí solo, no constituye un fracaso institucional.

Ese es el punto incómodo

La inquietud aumenta porque esta discusión no apareció de improviso. El país lleva años hablando de modernizar el Código de Trabajo. Hubo tiempo para consultas, mesas técnicas, posiciones empresariales, reclamos sindicales y experiencias comparadas. Precisamente por eso sorprende que algunos temas centrales parezcan descubrirse en plena ruta legislativa. Más que desacuerdo, lo que empieza a percibirse es ausencia de profundidad.

Y es ahí donde la conversación sobre cesantía se queda corta. Hay disposiciones sobre licencias, permisos familiares, teletrabajo, vacaciones, régimen sancionador y organización del trabajo doméstico que pueden alterar la vida diaria mucho más que un titular político. Son cambios silenciosos, pero duraderos. Modifican cómo se reparte el tiempo entre producir, descansar, cuidar y sostener un hogar.

El caso del trabajo doméstico merece atención especial. Reconocer derechos a trabajadoras domésticas responde a una deuda social difícil de negar. El problema no está en el objetivo, sino en el diseño. Si la formalización termina trasladando a hogares comunes cargas administrativas, riesgos legales y procedimientos que muchas familias apenas comprenden, el resultado podría ser exactamente el contrario al que se busca.

Algo similar ocurre con el régimen de multas y fiscalización. Toda ley necesita mecanismos para hacerse cumplir. Pero cuando el ciudadano empieza a percibir que el sistema está mejor preparado para sancionar que para acompañar, aparece una barrera invisible, el miedo al cumplimiento. Ninguna reforma logra legitimidad duradera si las personas sienten que equivocarse cuesta más que formalizarse.

El Congreso todavía tiene margen para corregir el rumbo. Retirar temporalmente un proyecto no tiene por qué interpretarse como derrota; puede convertirse en una señal de responsabilidad si se aprovecha para revisar artículos, escuchar objeciones y transparentar criterios. Lo que sería difícil de justificar es que, después de tantos años de espera, el país termine con una reforma aprobada por cansancio y no por convicción.

La República Dominicana enfrenta dos exámenes al mismo tiempo. Uno llega desde fuera y exige demostrar que puede competir bajo estándares laborales cada vez más estrictos. El otro ocurre puertas adentro y exige demostrar que todavía sabemos legislar con rigor. El desafío no es elegir entre proteger derechos o defender la productividad. El desafío es evitar que, intentando resolver ambos problemas, terminemos debilitando los dos.

Porque al final una reforma laboral no se mide por la cantidad de artículos aprobados ni por la velocidad del trámite legislativo. Se mide por algo mucho más simple y difícil, si dentro de diez años el trabajador se siente más protegido, el empleador más dispuesto a crecer y el ciudadano más confiado en que sus representantes realmente leyeron aquello que aprobaron.