El fin de la impunidad: Venezuela

Durante años se intentó presentar a Nicolás Maduro como un actor político más, un interlocutor incómodo pero legítimo, un presidente “de facto” al que había que contener con diplomacia y comunicados. Esa narrativa fue una ficción conveniente. Lo ocurrido en las últimas horas —la captura del dictador venezolano y de su esposa tras una operación internacional precedida por meses de cerco militar— no marca la caída de un gobierno, sino el colapso de una estructura criminal enquistada en el Estado.

Maduro no fue un exceso del sistema: fue su culminación. Un hombre que gobernó mediante el hambre, el exilio forzado, la tortura y la muerte; que convirtió a Venezuela en santuario del narcotráfico, en plataforma logística de guerrillas colombianas y en territorio de acogida para actores vinculados al terrorismo islámico. Todo ello bajo la protección ideológica, operativa y represiva del régimen cubano, verdadero arquitecto del control político y de inteligencia que sostuvo al chavismo cuando ya no tenía pueblo.

El prolongado cerco naval y militar que precedió a estos acontecimientos no fue un acto de capricho imperial, como intentarán decir sus defensores, sino la consecuencia lógica de años de impunidad. Cuando un régimen deja de comportarse como Estado y pasa a operar como organización criminal transnacional, el derecho internacional deja de ser un escudo y se convierte en un instrumento de persecución penal.

La posible confirmación del arresto de Maduro y Cilia Flores no es una agresión contra Venezuela: es un acto de justicia largamente postergado. Las acusaciones que pesan sobre ellos —narcotráfico, conspiración criminal, colaboración con grupos armados y redes ilícitas— no surgieron de la nada ni son propaganda. Fueron documentadas durante años mientras la comunidad internacional miraba hacia otro lado en nombre de una estabilidad ficticia.

Lo que viene ahora no será sencillo. La caída de un dictador no reconstruye automáticamente un país devastado. Venezuela enfrenta un vacío de poder, instituciones corroídas y una Fuerza Armada contaminada por años de complicidad. Pero también enfrenta, por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad real de salir del ciclo de miedo y sometimiento.

La oposición venezolana tendrá que demostrar que está preparada para algo más que sobrevivir. Tendrá que asumir responsabilidades históricas, abandonar personalismos y comprender que la transición exige justicia, no revancha; verdad, no silencio; democracia real, no pactos de impunidad.

En el plano regional, este hecho envía un mensaje claro: los dictadores no son intocables. Ni el petróleo, ni los discursos antiimperialistas, ni la protección de otras tiranías garantizan inmunidad eterna. La caída de Maduro golpea directamente a La Habana, a sus satélites y a todos los regímenes que creyeron que el crimen organizado podía disfrazarse indefinidamente de soberanía.

Venezuela no ha sido liberada aún, pero algo fundamental ha ocurrido: el miedo ha cambiado de bando. Y cuando un pueblo deja de temerle a sus verdugos, la historia —tarde o temprano— empieza a moverse.

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