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POR PAOLA BELLIARD
En esta Era digital, las redes sociales han emergido como la nueva ágora, un lugar donde millones ejercen su derecho a opinar, debatir y denunciar.
No obstante, este panorama también ha puesto de relieve una creciente tensión entre la libertad de expresión y los mecanismos de control, censura y manipulación que son impulsados tanto por gobiernos como por las plataformas tecnológicas mismas.
La libertad de expresión es un derecho humano básico, reconocido en tratados internacionales y en constituciones de democracias. Sin embargo, en el entorno de las redes sociales, este derecho parece estar siempre en una especie de negociación.
¿Quién tiene la autoridad para determinar qué se puede decir y qué no? ¿Hasta qué punto puede una empresa privada restringir el discurso público? Y, ¿qué rol juegan los algoritmos en hacer que ciertas voces sean visibles o invisibles?
En países como la República Dominicana, hemos observado cómo figuras públicas, periodistas y ciudadanos han sido objeto de campañas de difamación o censura digital. A menudo, bajo el pretexto de combatir el “discurso de odio”, se silencian opiniones que son completamente válidas. En otros casos, se permite que circulen noticias falsas que dañan reputaciones sin que haya consecuencias.
Esta ambigüedad es peligrosa, ya que transforma la libertad de expresión en un privilegio que depende de intereses políticos, económicos o ideológicos. Además, el anonimato en redes ha generado una crisis de responsabilidad. Muchos se esconden tras perfiles falsos para insultar, amenazar o manipular, sin enfrentar las repercusiones de sus acciones.
Es crucial no confundir la libertad de expresión con la impunidad. Como ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este derecho conlleva también responsabilidades: actuar de buena fe, respetar la dignidad de los demás y contribuir a un debate democrático.
Las redes sociales no son enemigas de la libertad; sin embargo, tampoco son neutrales. Son espacios regulados por empresas que responden a intereses globales. Por ello, es urgente que los Estados aseguren que sus ciudadanos puedan expresarse libremente, sin temor a represalias o censura arbitraria.
La solución no radica en imponer mordazas, sino en educar sobre el uso responsable de la palabra. En definitiva, la libertad de expresión en redes sociales debe ser defendida con firmeza, pero también con inteligencia.
No solo se debe exigir el derecho a hablar; es necesario construir una cultura digital donde el respeto, la verdad y la diversidad de ideas sean los pilares de una ciudadanía activa y consciente.