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WASHINGTON, 15 Mar.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cumplido este sábado con su promesa de invocar la ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar la deportación de migrantes indocumentados merced a una normativa de infame recuerdo — empleada en la concentración de ciudadanos japoneses-estadounidenses en la II Guerra Mundial — y que concede al mandatario amplísmas competencias para expulsar gente, avisa Amnistía Internacional.
En una proclamación presidencial, publicada el sábado, la Casa Blanca apunta que la ley tiene como primer objetivo a los migrantes que sean declarados como simpatizantes de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, considerada como «grupo terrorista» por Estados Unidos, que se han «infiltrado ilegalmente en Estados Unidos y están llevando a cabo una guerra irregular y realizando acciones hostiles contra el país».
La ley está diseñada para ser invocada si Estados Unidos está en guerra con otro país, o si una nación extranjera ha invadido Estados Unidos o amenaza con hacerlo y capacita a la Administración a deportar inmediatamente a los detenidos. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se utilizó para justificar la detención y expulsión de inmigrantes alemanes, austrohúngaros, italianos y japoneses.
La directora del Programa de Derechos de Refugiados y Migrantes de Amnistía Internacional EEUU, Amy Fisher, describe la invocación como «una medida increíblemente cruel», efectuada para potenciar la «agenda xenófoba» de Trump.
Esta ley discriminatoria, recuerda Amnistía, «otorga al presidente un poder increíblemente amplio para detener y deportar a grandes grupos de personas por su nacionalidad y abre las puertas a un mayor riesgo de violaciones de derechos humanos, incluyendo el derecho a la no discriminación, al debido proceso y a solicitar asilo».
«Es arcaica y debería ser desterrada de la sociedad moderna», ha hecho saber Fisher, mientras algunos jueces federales han comenzado a plantar cara a la decisión de Trump a primera hora de este sábado, incluso antes de su publicación.
El magistrado James E. Boasberg admitió la demanda preventiva presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y Democracy Forward y puso en marcha una orden de restricción temporal que impide la deportación durante 14 días, en virtud de la ley, de los cinco venezolanos que ya se encuentran bajo custodia de inmigración y que creían que estaban siendo trasladados para su deportación.
La orden de restricción temporal se aplica únicamente a quienes presentaron la demanda el sábado, pero el juez celebrará segunda audiencia hoy por la noche para decidir si extiende la aplicación de su dictamen.
of-am
