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SAN JUAN.- Decenas de personas se concentraron la tarde de este jueves en el Viejo San Juan, distrito histórico de la capital puertorriqueña, para protestar en contra de la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ordenó la realización de redadas contra inmigrantes indocumentados en la isla.
La protesta fue convocada por más de 50 organizaciones que conforman el Frente Unido Contra las Políticas Migratorias de Trump, lideradas por el Comité Dominicano de Derechos Humanos.
“Se ve, se siente, dominicana está presente”, “Ser humano ilegal, un invento federal” o “Yo defiendo a mis hermanos de los pueblos antillanos”, fueron algunos de los cánticos que repitieron los manifestantes que partieron de el Tribunal Federal del Viejo San Juan y finalizaron en la Fortaleza (residencia oficial del Gobernador de Puerto Rico).
Según datos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, en la isla -que cuenta con poco más de tres millones de habitantes- hay alrededor de 60,000 dominicanos, que representan el 60 % de la población inmigrante.
Por su parte, Sonia Santiago Hernández, fundadora de “Madres contra la Guerra” dijo que es “intolerable” las medidas que está implantando la Administración de Donald Trump y lamentó que “muchos niños dominicanos” que residen en Puerto Rico, no van a sus escuelas porque “tienen miedo”.
“El apagón económico de 24 horas”
Así mismo, Hernández urgió a la población estadounidense “a protestar en la calle” y pidió a los puertorriqueños que se unan a la iniciativa “El apagón económico de 24 horas” que está programada para este viernes, 28 de febrero.
La líder de ‘Madres contra la Guerra’ explicó que el principal objetivo de la jornada de protesta en mención es que nadie consuma ni compre nada que no sea esencial, “para alterar la economía por un día y demostrar a las autoridades que el poder lo tiene el pueblo”.
Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) han realizado en enero y febrero varias operaciones y detenciones contra inmigrantes en Puerto Rico, siguiendo la orden del presidente Trump.