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Pensiones penosas
Lograr una pensión en el sector público, o en el privado en el país, más que un motivo de alegría es, lamentablemente, en muchos casos, causa de preocupación.
Parecería una exageración. Pero no, se trata de una cruda, latente y lastimera realidad por la que atraviesa una gran parte de los seres humanos que, luego de dedicar los mejores años de su vida al Estado o a empresas privadas, terminan recibiendo “pensiones pírricas”, según había precisado en un trabajo anterior.
Ocurre que nuestros pensionados no pueden hacer planes para ir a playas, viajar, visitar ciudades del interior, remozar sus viviendas (si las tienen) porque el monto que reciben “apenas da para comer malamente”.
¿Cómo es posible que un servidor público, después que se pasa la mayor parte de su vida detrás de un escritorio sirviendo a un próspero Estado, no pueda con su pensión planificarse un viajecito a una nación cercana, como Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Cuba, Venezuela, Panamá, etc.?
Y ni pensar que éste quisiera con esa pensión cubrir los gastos médicos por enfermedades catastróficas propias de la tercera edad, que es cuando el empleado, trabajador o servidor público más necesita esta asistencia. Se da el caso, por ejemplo, en el que un solo estudio médico de una enfermedad crítica (cirugías, trasplantes, etc.) sale más cara que la misma pensión, y para colmo, muchos pensionados no tienen ni pueden cubrir un buen seguro médico.
Estos datos no son perogrulladas mías. Todos están contenidos, aunque sin estos detalles, en investigaciones realizadas por expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en las cuales evidenciaron “las pírricas pensiones” que existen en la región, razón por la cual en sus estudios plantearon la necesidad de repensarlas.
A partir de sus indagatorias, el BID editó el libro “Repensar la jubilación”, el cual fue realizado mediante una colaboración entre centros de investigación de la región de América Latina y el Caribe, lo que implica que el mal no está solo en nuestro país.
Cuando escribí al respecto en un artículo anterior, apunté que: “Tenemos por ejemplo que, entre dos de los principales agentes bancarios y financieros del país (según SIPEN, el Banco Popular y Banco de Reservas, este último del Estado dominicano) manejan, haciendo un corte al mes de mayo del año 2024 en curso, la suma de RD$525, 825, 697,841.54 del Patrimonio del Sistema Dominicano de Pensiones. Es decir, más de 525 mil 825 millones de pesos”.
El que reparte y reparte
Precisé que no se trata de beneficios, sino de flujo de capitales que provienen del sistema de pensiones. Por eso cabe aplicar ahí el dicho: “El que reparte y reparte, se queda con la mayor parte”.
¿Y qué nos dicen esas cifras? Nos señalan que “el cerón está cargado de un solo lado en demasía”. De ese volumen de recursos, a los trabajadores apenas llegan pensiones pírricas, insuficientes. ¿Y eso qué augura? ¿Qué presagia esta situación de lo que ocurrirá más tarde o más temprano? Que si no se cambia el rumbo, nos vendrán graves problemas sociales”.
El bienestar humano, la calidad de vida y el estado de salud de la población de envejecientes, que son millones de dominicanos, está en picada y avanza hacia una situación de miseria. ¿Eso se puede prevenir? Creemos que sí, pero eso es si hay una buena voluntad política en los entes gobernantes (Estado, empresarios, grupos financieros y económicos, etc.) y estos se inclinan a contribuir a mejorar las condiciones de vida de los pensionados. La situación se puede aparejar.
Urge aumentar sueldo
¡Albricia!, el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP) acaba de realizar un estudio atinado, acucioso, objetivo y enjundioso sobre la triste realidad de las pensiones en el país. “El estudio de las Pensiones Otorgadas por el Sistema de Reparto Estatal y Límite Máximo de Pensión (2019-2024)” resalta, saca a relucir primero que nada, “la inequidad en la distribución de las pensiones”.
La investigación, encabezada y divulgada por el experto, licenciado Luis Edo. Holguín-Veras Martínez, se realiza a partir del axioma que apunta a que: “Los servidores públicos esperan que sus derechos sean respetados para disfrutar de una jubilación digna y justa”.
En sus conclusiones, la investigación de Holguín-Veras Martínez sostiene como mal principal la inequidad en la distribución de las pensiones. Precisa, asimismo, que “es factible de la corrección de la forma de calcular el Límite Máximo de Pensión”.
El estudio destaca igualmente la “desigualdad significativa de los montos de pensión” y plantea la “urgente necesidad de aumentar el sueldo mínimo del sector público”.
jpm-am