Santo Domingo, 5 oct.- El anuncio del Gobierno dominicano del inicio de un operativo para la deportación masiva de haitianos, en momentos en que esa nación vive hoy una de las mayores crisis de su historia, marcó la semana en este país.

Dos días después de la resolución adoptada el miércoles pasado por el Ejecutivo, con la que se activó el plan de repatriación de 10 mil ciudadanos semanales, medios de prensa locales confirmaron la entrada continua de camiones al Centro de Acogida de Haina.

Diario Libre indicó que se trata de vehículos de la Dirección General de Migración (DGM) que ingresan a ese campamento repletos de migrantes detenidos.

La víspera el director general de esa Dirección,  Luis Rafael Lee, reiteró que la misión  se realiza con respeto a los derechos  y al uso proporcional de la fuerza, en cumplimiento de lo dispuesto el miércoles último por el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional.

Lee explicó que en las jornadas de detención de extranjeros irregulares participan las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía y el  Ministerio Público.

La DGM publicó en su portal digital que este viernes detuvo a mil 100 migrantes irregulares en solo siete horas en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago de los Caballeros y La Altagracia.    El protocolo instituye que las personas llevadas a los centros de detención que no tengan un proceso migratorio abierto en la DGM, serán deportados a su país.

El vocero de la Presidencia y director de Estrategia y Comunicación, Homero Figueroa, reiteró esta semana el compromiso del Gobierno de proteger la soberanía nacional.

Expresó que a pesar del respaldo internacional y de la presencia de la Misión Multinacional de Apoyo a la Policía de Haití para la Pacificación liderada por Kenya, los resultados hasta ahora son limitados.

Manifestó que ante esta realidad, República Dominicana está obligada a actuar de manera responsable para garantizar la seguridad y estabilidad en el territorio nacional.

Entre las acciones aprobadas en el Consejo de Defensa del miércoles último figuran el fortalecimiento de la vigilancia y control fronterizo con la implementación de medidas adicionales, un despliegue de más personal y equipamiento especializado.

Asimismo, la desarticulación de redes de tráfico humano con la colaboración de organismos internacionales y de seguridad, además de un protocolo de identificación de migrantes ilegales y su retorno asistido, en cooperación con las autoridades de la nación fronteriza.

También se construirán y remodelarán centros de control fronterizo y puntos de inspección, y se levantarán campamentos temporales para garantizar el adecuado manejo de los migrantes.

Tras el anuncio del Gobierno, la canciller de Haití,  Dominique Dupuy, llamó a la administración de Luis Abinader  «a respetar los derechos inalienables de cada niño, cada mujer y cada hombre» objeto de esta acción.

La titular de Exteriores anunció próximas reuniones con organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales que operan en la zona fronteriza para definir una estrategia de apoyo a las personas afectadas.

of-am

Recientemente me informaron de una haitiana que ingresó ilegalmente al país. Para ello pago dos mil pesos para cruzar la frontera de Elías Piña más 17 mil pesos para ser transportada a su destino final, donde le esperaban algunos familiares.

Este ultimo tramo lo recorrió en una yepeta junto a otros cinco nacionales haitianos, fungiendo de chofer nada más y nada menos que un Coronel que supongo pertenece al Ejército Nacional.

Existe toda una componenda en la frontera Dominicana para permitir el ingreso de nacionales haitianos, un negocio lucrativo en extremo en donde hay además culpables por omisión pues en este caso, según la narrativa que nos hicieron, en los puestos de chequeo dicho coronel no dejaba siquiera el tradicional peaje, le bastaba simplemente con el saludo militar.

Tal parece que las instrucciones en esos puestos no incluyen detener y chequear vehículos conducidos con militares de alto rango, lo que facilita la antinacional práctica por parte de esos personajes inescrupulosos que deshonran dicha institución castrense.

Para reunir esa personas para su traslado ilegal se necesitan contactos dentro de Haití que recibirán su comisión a no ser que el acuerdo implique cobrar una suma mayor y con ello obtener la ganancia que este proceso deja a esa tercera persona.

Es cierto que también civiles participan en este contrabando humano, algunos de manera independiente, lo cual aumenta los riesgos de ser detenidos, con lo que se muestra la “eficiencia” de los vigilantes fronterizos. Repartiendo los beneficios con los militares significa ganar menos pero contar con más garantías.

Baní

En Baní es un secreto a voces que muchos haitianos han sido detenidos y asaltados los días de cobro, dejándolos en libertad  como intercambio. Los casos han sido muchos.

En Santo Domingo y otros lugares del país los detenidos si consiguen alguien con prontitud que lleve cierta cantidad de dinero, después de ser subidos en la “camiona”  son liberados sin  llegar al lugar de detención.

Los negocios y abusos tienen otras múltiples formas y con esta “cacería” de haitianos seguramente se multiplicarán.

Cuando el presidente Luis Abinader proclama un aumento en las deportaciones, que no podrá cumplir siguiendo el protocolo reglamentario, desconoce tal vez que está incrementando los negocios de algunos, sobretodo militares.

Mientras no se vean estas realidades y se logre el tantas veces anunciado “blindaje” de la frontera, las deportaciones no servirían de nada más allá de generar pingües beneficios a personajes que deberían ser dado de baja deshonrosamente y sometidos a la acción de la justicia como traidores a la patria.

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Repatriar a inmigrantes indocumentados es una prerrogativa que le asiste a cualquier nación, en la medida en que se haga respetando los derechos humanos de las personas afectadas, como en efecto lo ha dispuesto el presidente nuestro, Luis Abinader, mediante anuncio de operativos que tienen el propósito retornar a sus países a unos 10 mil inmigrantes cada semana.

Se sabe que el grueso de los inmigrantes que se encuentran en República Dominicana son nacionales haitianos, pero no se trata de un ejercicio personalizado o de persecución contra un grupo poblacional social ni racial específico.

La Ley 285-04, de Migración, no hace especificaciones, se refiere a todos aquellos extranjeros que viven en un país diferente al suyo sin disponer de un permiso oficial, como sería un documento de residencia.

Los visados no otorgan permanencia indefinida y se otorgan por trabajo, por estudios y, finalmente, por paseo o turismo, que establecen un tiempo que no excede los dos meses, por lo menos para los haitianos.

La comunidad internacional

Aunque el presidente de la República Dominicana, al momento de producirse el anuncio, no entró en detalles, pero se sabe del descontento que hay en nuestras autoridades con una comunidad internacional que hace poco o nada por Haití, pero que sí siempre está lista para trazarnos pautas respecto a la problemática del vecino país, a pesar de que ya la presencia haitiana representa más del diez por ciento de la población total.

Ese diez por ciento conlleva una inversión sanitaria del 12% del gasto general de salud cada año y, además, las aulas de la educación pública cuentan con unos 173 mil niños haitianos.

Indistintamente de las presiones foráneas, nuestro país siempre ha actuado de forma humanitaria con los vecinos haitianos, en cierta medida en cumplimiento a los convenios internacionales. Es la razón por la cual no se les niega atención a las parturientas ni educación a los niños hijos de esos extranjeros, aunque pocos, muy pocos, reconocen la generosidad dominicana, empezando por las autoridades provisionales de Haití, que nos perciben como sus peores enemigos y no desaprovechan escenarios del mundo para arremeter contra República Dominicana.

Pero ¿qué se puede esperar de políticos haitianos corruptos, que solo han servido para contribuir a la destrucción (en todos los órdenes) de su propia nación? Parecen ignorar, inclusive, el componente económico que representan las remesas que llegan a ese país desde República Dominicana.

De todas maneras, hay que aprobar el hecho de que las autoridades dominicanas luzcan decididas a priorizar los problemas nacionales y actúen en apego a la Ley de Migración, independientemente de lo que piensen y digan algunos países, empezando por Estados Unidos, Francia y Canadá, que solo saben presionarnos, pero cuando detectan la presencia ilegal de nacionales haitianos, en sus respectivos territorios, los sacan como animales.

Siempre, por razón humanitaria, el suscrito ha expresado preocupación por los niños apátridas, todos hijos de nacionales haitianos indocumentados, pero es un aspecto donde nuestras autoridades nada pueden hacer en el marco de las leyes dominicanas. Por lo menos en ese caso algunos países desarrollados pudieran ayudar y dotar de residencia a esos menores y a sus respectivos padres. No aportan nada.

Una observación oportuna que habría que hacerles a las autoridades dominicanas consiste en no repatriar a los haitianos que estén trabajando en la industria de la construcción y en la agropecuaria.

No podemos cometer excesos y llevarnos de las voces alegres e irresponsables que  –por racismo  y xenofobia–   abogan para que saquen a todos los haitianos. Los que cuenten con documentación legal no se pueden retirar y pienso que se debe hacer una excepción con aquellos que se benefician ellos con sus trabajos, pero simultáneamente contribuyen con el desarrollo del país.

jpm-am