WASHINGTON.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una flexibilización temporal de parte de su régimen de supervisión financiera sobre las operaciones autorizadas relacionadas con Venezuela, con el objetivo de facilitar el flujo de recursos destinados a la asistencia humanitaria y a la reconstrucción del país tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio.
La disposición, que entró en vigor este 27 de julio y permanecerá vigente hasta el 29 de enero de 2027, establece que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) no iniciará acciones de cumplimiento contra entidades financieras que presten servicios vinculados con operaciones autorizadas para apoyar la recuperación venezolana durante ese período.
Según explicó el Tesoro, la medida pretende reducir las dificultades regulatorias que pueden surgir cuando los bancos estadounidenses procesan pagos o servicios relacionados con programas de reconstrucción, asistencia humanitaria y recuperación económica en un país que continúa sujeto a un amplio régimen de sanciones.
NO ES LEVANTAMIENTO DE SANCIONES
El organismo precisó que la flexibilización no supone el levantamiento de las sanciones vigentes ni modifica las restricciones administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Las entidades financieras deberán mantener sus programas de prevención del lavado de dinero y continuar aplicando los mecanismos de control exigidos por la legislación estadounidense.
El Tesoro también subrayó que la protección anunciada no alcanzará a quienes incurran en incumplimientos deliberados de la normativa. La decisión está dirigida únicamente a facilitar operaciones previamente autorizadas y no constituye una exención general.
La medida llega después de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio. Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron con apenas 39 segundos de diferencia y provocaron graves daños en distintas zonas del país, convirtiéndose en uno de los desastres naturales más severos de su historia reciente.
El impacto económico ha sido significativo. Un informe del Banco Mundial divulgado el 23 de julio estimó que las pérdidas y necesidades de reconstrucción ascienden a unos 19.600 millones de dólares, una cifra que podría retrasar durante varios años la recuperación económica del país.
En ese contexto, la flexibilización busca que los recursos destinados a programas de asistencia puedan canalizarse con menos obstáculos administrativos, al ofrecer mayor seguridad jurídica a las instituciones financieras que intervengan en operaciones autorizadas.


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