Interrupción del embarazo: derecho inalienable de la mujer

En el día de ayer los medios de comunicación informaron que la Sra. Aris Nurys Tejada Ortiz de 20 años de edad, fue condenada a tres meses de reclusión preventiva por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San José de Ocoa, acusada de practicarse un aborto, penalizado en el Articulo 317 del Código Penal Dominicano que fue aprobado por el Senado de la Republica el 30 de mayo del 2017, calificando como ilícito penal la interrupción del embarazo sin importar que el elemento causal fuere producto de una violación, incesto, inviabilidad del embrión o en caso de peligrar la vida de la madre.

La condena de la Sra. Tejada Ortiz, abre una herida mal cicatrizada y reinicia un difícil y largo periodo de lucha entre amplios sectores poblacionales que defienden el derecho de  la mujer a la libre decisión en aspectos relativos a su cuerpo en términos de salud sexual y reproductiva y sectores del fundamentalismo religioso de todas las congregaciones cristianas que presionaron a los legisladores para que en la reforma constitucional del 2010, se introdujera el Articulo 37 que reza que “la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte”, lo que imposibilita al Código Penal a dejar por fuera todo lo relativo al aborto.

La inclusión de este artículo fue posible por la presión que ejercieron todas las congregaciones religiosas que movilizaron centenares de sacerdotes, pastores y feligreses en general, quienes con rezos, velas, misas, cultos y amenazas veladas a diputados y senadores montaron frente al congreso manifestaciones a todo lo largo de la discusión de la reforma constitucional.

Para la discusión del Código Penal que abordaría la cuestión de la penalización del aborto, el presidente de la república, presionado por importantes núcleos poblacionales y sociedades especializadas en salud, remitió una comunicación al senado de la república para que se permitiera despenalizar el llamado aborto terapéutico o que se practica en condiciones especiales de preservación de la vida de la madre, cuando el embarazo fuese el resultado de una violación o incesto o cuando se determinase clínicamente que el feto tiene malformaciones que haga inviable la vida del concebido”. En estos casos la decisión estaría sujeta a los requisitos y protocolos que se establecieran en una Ley especial.

Esta posición fue rechazada por las iglesias quienes no solo amenazaron con recurrir al tribunal constitucional, sino que presionaron al presidente de la república por solicitar la despenalización del aborto terapéutico. Pruebas de esta presión son las palabras expresadas por el reverendo Fidel Lorenzo, presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE a CNN en español, Cito: “si el presidente quiere ver una demostración multitudinaria de un pueblo que no está de acuerdo con el aborto, también estamos en disposición de organizarla y marchar frente al Palacio Presidencial con miles de ciudadanos dominicanos que se oponen a esta medida”.

Los Senadores, temerosos al poder de la iglesia terminaron rechazaron la petición del presidente y aprobaron el Código Penal con todas sus consecuencias.

Con la penalización del aborto excluyendo las excepciones planteadas, el país se coloca entre los 6 países del mundo que tienen códigos penales similares al nuestro 4 de los cuales pertenecen al continente americano: Chile, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana y dos están ubicados en Europa: El Vaticano y El Principado de Malta.

En todos los demás países, incluyendo a Haití, se permite la interrupción del embarazo en determinadas condiciones y durante las primeras 12 semanas de gestación.

Estos 6 países constituyen el último reducto del fundamentalismo religioso a pesar del desarrollo de la ciencia y la tecnología.

La condena a la Sra. Tejada Ortiz viola derechos fundamentales de la constitución dominicana  que reconoce los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y acceso a servicios que garanticen una maternidad sin riesgo. Estos derechos están contenidos en todos los acuerdos internacionales sobre derechos de la mujer y el país es signatario de los mismos.

Pero difícilmente respetemos los derechos a una maternidad sin riesgo, negando el derecho de una mujer a interrumpir un embarazo producto de una violación, o cuando ha salido embarazada de una relación incestuosa o cuando se le niega la oportunidad de interrumpir un embarazo que pone en peligro su vida.

Que sacerdote, que legislador o que juez, está en disposición de condenar a una mujer que ha interrumpido su embarazo porque el embrión que tiene en su vientre no es viable, demostrado por la tecnología moderna que permite conocer las condiciones de un embarazo desde muy temprano.

Debemos prohibirle a esa mujer el acceso a los beneficios aportados por el desarrollo científico solo por complacer posiciones que en el mundo han quedado como rémora del pasado?

Debemos reconocer que en cualquiera de las condiciones del embarazo antes expuestas, la mujer afectada, su pareja o su familia buscaran solucionar el problema aunque violen la ley. Las estadísticas más conservadoras  indican que en el país se practican más de 35,000 abortos por año. Los centros médicos privados seguirán ofreciendo el servicio, tal vez un poco más caro por el ilícito penal que representa la acción. Pero, los mismos médicos, en los centros públicos, donde asiste la población de escasos recursos, serán los primeros en negar el servicio en nombre de la Ley. Serán estrictos en el cumplimiento.

Una situación desesperante viven las mujeres pobres, muy pobres y excluidas ante el peligro de ser detenidas y enjuiciadas, recurrirán a «brebajes», «purgantes», «lavativas» y a charlatanes y curiosos que seguirán provocando las altas tasas de mortalidad materna causadas por las hemorragias ligadas al aborto practicado en condiciones de alto riesgo.

Las mujeres de clase media y alta no tendrán ningún problema porque tienen con que comprar el servicio por encima de la Ley, pero si alguien se opusiera, solo hay que tomar un vuelo a cualquier país del área donde el aborto es permitido sin ninguna restricción.

Y…… las tasas de muertes maternas seguirán elevadas; aumentaran los huérfanos hijos de las víctimas de abortos que se integraran a las bandas juveniles que viven y mueren en los portales y las cloacas de las grandes ciudades; crecerán como verdolagas las niñas que venden flores, drogas y su cuerpo en las céntricas esquinas de la ciudad capital; crecerán exponencialmente los embarazos en niñas y adolescentes y se multiplicaran las demandas de abortos en los centros públicos que se protegerán negando el servicio; las cárceles de mujeres se llenaran, porque seguirán buscando solucionar sus problemas …….. y asi se repetirá hasta que el pueblo decida incluir en sus demandas prioritarias la despenalización del aborto terapéutico.

JPM