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La victoria electoral de Trump ha puesto en marcha un cronómetro ominoso, ya que la mayoría de los migrantes, así como quienes trabajan para apoyarlos, sospechan que la administración entrante de Trump actuará rápidamente para cerrar la única vía restante para solicitar asilo, el sistema de citas en la aplicación CBPOne.
Debido a una orden ejecutiva del presidente Joe Biden en junio pasado, cualquier persona que desee solicitar asilo en Estados Unidos debe usar la aplicación para solicitar una cita con los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza en lugares específicos a lo largo de la frontera. En la cita, se les pide que certifiquen que están en peligro real en su país de origen y en todos los países por los que pasaron en el camino.
La aplicación ofrece 1.400 citas por día, y hay cientos de miles de migrantes esperando actualmente en México su momento. Aunque algunos solicitan en grupos o unidades familiares, no hay suficientes citas disponibles para todos los que solicitan antes del 20 de enero.
Trump ya ha prometido (a través de su publicación en X) cerrar el sistema. La presidenta Sheinbaum ha declarado que solo aceptará deportados mexicanos, inmigrantes de países como Venezuela, Cuba o Nicaragua, sin tratados de deportación con Estados Unidos, que podrían ser retenidos en centros de detención, campos de trabajo glorificados, durante meses, con posibles separaciones familiares dentro o entre instalaciones, irán a cárceles estilo Guantánamo.
Trump está nombrando a Tom Homan, uno de los orquestadores de su anterior política de separación familiar, como Zar de la Frontera, lo que podría significar la resucitación de la política que provocó una protesta pública abrumadora durante la primera administración Trump.
Más de mil familias siguen separadas, cinco años después. Homan también ha dicho que no le preocupan las familias de estatus mixto, y que si se detiene a un inmigrante indocumentado que tiene un cónyuge o hijos que son ciudadanos estadounidenses, deben seguir a su ser querido a América Latina.
La industria de prisiones privadas está aumentando para sacar provecho de la detención de estas familias de refugiados e inmigrantes indocumentados.
Después de las elecciones, George Zoley, fundador de Geo Group, el mayor operador de prisiones privadas del país, dijo: “Geo Group fue creado para este momento único en la historia y las oportunidades que traerá”. Los expertos sugieren posibles contratos gubernamentales de mil millones de dólares para ser otorgados a contratistas de prisiones privadas para incorporar a decenas de miles de inmigrantes al sistema carcelario.
Es probable que todas las políticas de Trump resulten en demandas de organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que presentó más de 400 demandas contra el gobierno durante la primera administración de Trump. Pero los republicanos ahora tendrán una trifecta de gobierno, en gran parte debido a la popularidad de la retórica antiinmigrante entre los votantes, controlando la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso, además de la Corte Suprema.
Y aunque los actos de resistencia judicial podrían tener éxito en teoría para bloquear las políticas de Trump, a medida que avancen por el sistema judicial, cientos de miles, sino millones de personas, se verán afectadas mientras tanto y varadas en México, secuestradas, deportadas, separadas de sus familiares, encarceladas en campos de trabajo, viviendo escondidas y muriendo en el desierto
Mayores barreras.
Los requisitos de investigación son más estrictos y las cargas administrativas dificultarían que los abogados y las organizaciones representen a los inmigrantes en el marco de los programas federales. Además, los proveedores legales podrían enfrentarse a sanciones penales si no cumplen con las nuevas políticas de aplicación de la ley de inmigración.
La propuesta también incluye restricciones que impedirían a muchos proveedores de servicios legales contratar a defensores cualificados que no sean ciudadanos estadounidenses (incluso aquellos autorizados a trabajar en el país), lo que supondría una carga importante para un sector que ya enfrenta desafíos de contratación y retención.
Estos obstáculos adicionales tendrían un efecto paralizante sobre las organizaciones de asistencia jurídica, lo que daría lugar a un menor número de proveedores de servicios y profesionales del derecho y, por tanto, de personas representadas en los tribunales de inmigración.
La ampliación de las políticas de deportación acelerada en el marco del Proyecto Trump 2025 permitiría al gobierno deportar a personas sin una audiencia judicial. También permitiría la deportación, el arresto y la detención de inmigrantes sin una orden judicial. Con poco o ningún tiempo para buscar ayuda legal, los inmigrantes serían expulsados de los Estados Unidos sin el debido proceso.
jpm-am
para solicitar la cancelación de la deportación, el solicitante deberá: llenar el formulario eoir 42b/42a, junto con la tarifa correspondiente, al uscis y al tribunal de inmigración. preparar testimonio y programar una cita con el juez para una audiencia de inmigración. el juez decidirá si cancela el procedimiento de deportación y concede la residencia permanente solución a los 10 años también puede aplicarse a los no ciudadanos que están pres
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