Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Lamentan fallecimiento de la leyenda de beisbol Ricardo Carty
Danilo: “Ha llegado el momento de poner fin al caos» en el país
ISRAEL: Hezbolá lanza más de 250 misiles provocan 11 heridos
Uruguay elige presidente entre Álvaro Delgado y Yamandú Orsi
Advierten sobre altos índices de violencia contra la mujer en RD
Arrestan dominicano acusado matar mujer y su bebé en EEUU
Ejército envía a justicia otros 4 traficantes de indocumentados
Muere el expelotero dominicano Rico Carty a los 85 años edad
David Ortiz interviene para que los Red Sox firmen a Juan Soto
Países ricos aportarán US$300 mil millones para mejorar clima
Durante una marcha piden prohíban productos dominicanos
PUERTO PRINCIPE, Haití.- Cerca de 2,000 personas marcharon hoy por el centro de Puerto Príncipe en solidaridad con los dominicanos de descendencia haitiana y los haitianos en la República Dominicana, y pidieron al Gobierno que prohíba la entrada de productos dominicanos que supongan competencia para los productos locales, entre otras medidas.
Los asistentes, que hicieron un corto trayecto hasta llegar a la Oficina del Primer Ministro, portaban carteles y cantaban consignas contra los productos dominicanos, como flores, salami o huevos, e instaban a la población a no consumirlos.
Tras el recorrido, que transcurrió sin incidentes, el primer ministro, Evans Paul, se reunió con los representantes de los convocantes durante más de una hora para escuchar sus peticiones, planteadas como reacción a la crisis migratoria que se ha desatado a raíz de la finalización de Plan de Regularización de Extranjeros de República Dominicana el pasado junio.
El portavoz de los manifestantes, Jean Robert Argan, señaló entre las peticiones al gobierno de Haití, que cierre la frontera con República Dominicana cada vez que la situación lo requiera, aunque no especifican cuales serían esos supuestos, y que rechace aceptar a ciudadanos apátridas en territorio haitiano.
Las peticiones de los organizadores pasan también porque se prohíba la entrada de productos dominicanos que supongan competencia para los locales, así como que se tomen medidas que incentiven la producción nacional.
Entre otras medidas que esperan de su gobierno, está dotar de forma apropiada a los ciudadanos de documentos de identificación; también la construcción de más universidades, para que los jóvenes no se vean obligados a viajar a terceros países, principalmente a República Dominicana, para acceder a una educación universitaria.
Estos grupos señalan, asimismo, que el Ejecutivo haitiano debe revisar los contratos que tiene con empresas dominicanas radicadas en el país, para asegurarse de que esas compañías contratan a personal local, y no a trabajadores procedentes del país vecino.
A excepción de este ultimo asunto, que no concierne al Ejecutivo, el primer ministro aseguró que todos los puntos planteados son parte de una reflexión del Gobierno, y que se los hará llegar al presidente de la nación, Michel Martelly.
La movilización fue convocada por la organización no gubernamental Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados (GARR), el Centro Ecuménico de los DDHH (CEDH), la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos RNDDH y el Centro para el Análisis y de Investigación en los Derechos Humanos (CARDH), así como otras ocho organizaciones
Denominada por los organizadores como «marcha por la dignidad», se trata de una «muestra de solidaridad con los miles de ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana víctimas de la arbitraria sentencia del Tribunal Constitucional (TC) dominicano que niega la nacionalidad a los hijos de ilegales».
Asimismo, el objetivo es presionar al ejecutivo haitiano para que actúe frente a las implicaciones de la sentencia, aplique medidas diplomáticas adecuadas y cierre temporalmente la frontera.
Por último, busca obtener la solidaridad internacional «frente a las violaciones de los derechos humanos» que consideran se cometen en la República Dominicana contra sus compatriotas.