En un escenario donde el ejercicio periodístico enfrenta precarización laboral, desinformación masiva y ataques sistemáticos a la libertad de prensa, el rol de los colegios profesionales cobra renovada relevancia.

El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) no escapa a esta realidad. Su revitalización no sólo es deseable, sino urgente.

Atraer nuevos miembros, rejuvenecer su imagen y consolidar su autoridad moral son tareas esenciales si se quiere que esta institución vuelva a ser un actor protagónico en la defensa de la profesión y en la articulación de sus intereses.

El primer paso es volver a comunicar con claridad su propósito. La visión del CDP debe estar arraigada en principios firmes: libertad de expresión, ética profesional y acompañamiento real a los desafíos del ejercicio periodístico. No bastan declaraciones simbólicas.

Se requiere una narrativa coherente y movilizadora, conectada con los valores y aspiraciones de quienes ejercen este oficio en condiciones cada vez más complejas.

Pero el discurso debe traducirse en acción. No hay mejor forma de atraer miembros que mostrar un colegio vivo y generador de oportunidades concretas.

Seminarios, talleres sobre herramientas digitales, asesoría legal frente a agresiones, redes de apoyo emocional y espacios de mentoría pueden reconfigurar al CDP como un verdadero lugar de pertenencia. Cuando los colegas sienten que el Colegio los representa y respalda, nace una comunidad que trasciende la afiliación formal.

El CDP también debe modernizarse. En tiempos digitales, no puede depender solo de canales tradicionales. La presencia activa en redes sociales, contenidos visuales de calidad, campañas interactivas y una web funcional son esenciales para conectar con las nuevas generaciones.

Y la transparencia institucional es vital: rendir cuentas, mostrar resultados y comunicar con claridad genera confianza.

Otro eje fundamental es el prestigio social del periodismo. El Colegio debe visibilizar el valor democrático del oficio, compartir historias que inspiren y promover el pensamiento crítico. Solo así se podrá combatir la desafección ciudadana y reposicionar al periodista como actor relevante en la vida pública.

Revitalizar el CDP no es solo fortalecer una institución: es una apuesta por el futuro del periodismo. Una oportunidad para construir comunidad, defender principios y promover la excelencia profesional. La tarea no es fácil, pero sí impostergable.

quezada.alberto 218@gmail.com

Tan fácil que es resolver el tema de la inmigración ilegal. Basta con modificar las leyes de migración, alquiler y trabajo, y aplicar las siguientes sanciones:

1. Multar con un millón de pesos a toda persona física o jurídica que le rente un inmueble a cualquier ilegal.

2. Multar con un millón de pesos a toda persona física o jurídica que contrate a cualquier extranjero ilegal.

3. Multar con un millón de pesos a toda persona física que se dedique a trabajar de manera independiente sin tener un permiso de trabajo que la autorice a hacerlo.

¿Quiénes son los que se oponen a que se establezcan y se cumplan esas multas? Los empresarios que se benefician de esa mano de obra barata e ilegal. Y por supuesto, los políticos que tradicionalmente se benefician de recibir financiamientos privados para sus campañas electorales, precisamente de los empresarios esclavistas y explotadores que se oponen.

¿Qué eso tendría consecuencias económicas inmediatas para nuestro país? Claro (No está en discusión)! Pero República Dominicana  se enfrentó en el 2020 a la Pandemia del Covid-19 y no colapsó!

Con las élites empresariales oponiéndose para mantener su alta tasa de rentabilidad a base de esa mano de obra ilegal y barata, y unas élites políticas que controlan las manadas de borregos que hoy coexisten en el Congreso Nacional, legisladores sin autonomía en su voluntad, difícilmente veremos esas sanciones aprobarse y aplicarse, porque nadie afila cuchillos para su propia garganta.

En julio de 2025, el Senado dominicano dio un paso más en su cruzada contra la justicia social: aprobó en primera lectura un nuevo Código Penal que legaliza la impunidad, refuerza el autoritarismo y criminaliza la pobreza.

Este no es un simple retroceso legislativo, es un golpe de Estado legal contra las mujeres, los pobres y las mayorías excluidas. Un blindaje jurídico para los corruptos y poderosos, aprobado a espaldas de un pueblo que sigue siendo ignorado por quienes legislan para sus intereses de clase.

Este Código no castiga a quienes tienen el poder: los protege. Artículos como el 14, 303 y 328 eximen al Estado, a funcionarios públicos, a las iglesias y a los militares de responsabilidad penal, otorgándoles privilegios legales inaceptables.

Se crean tribunales especiales militares para encubrir a los altos mandos y se amplían los plazos de prescripción del delito de corrupción a 20 años, todo mientras se ignora por completo la propuesta de tipificar el ecocidio como crimen penal —una iniciativa presentada por la diputada Llaniris Espinal y respaldada por sectores socioambientales.

En otras palabras: el Código Penal fortalece el pacto de impunidad, institucionaliza los privilegios de las élites y perpetúa la cultura del “borrón y cuenta nueva” para los criminales de cuello blanco.

Mientras los corruptos obtienen más protección, las mujeres pobres obtienen más condenas. La penalización absoluta del aborto —sin siquiera contemplar las tres causales de salud, violación o inviabilidad fetal— es una política de muerte.

Ana Piquer, de Amnistía Internacional, lo denunció con claridad: “se perpetúa un ciclo de violencia y discriminación que condena a innumerables mujeres… mucho más a quienes viven en pobreza”.

Esto no es solo una omisión legal: es una forma cruel y sistémica de violencia institucionalizada. Casos como el de Luz, una adolescente con discapacidad violada y obligada a parir, son las consecuencias concretas de esta legislación misógina y brutal. Se legisla desde el desprecio hacia la vida de las más vulnerables.

Cárcel para los pobres: castigar el hambre

Este Código también endurece las penas para delitos menores, la mayoría cometidos por necesidad. El robo de un celular o un pedazo de pan recibe más castigo que un fraude multimillonario. No se contemplan políticas de reinserción, ni programas de desarrollo social. La única respuesta del Estado es más cárcel, más represión, más marginalidad.

Así, el nuevo Código Penal criminaliza la pobreza, condena a las comunidades empobrecidas a la exclusión permanente y trata al pueblo como enemigo. Es un diseño de clase, hecho por y para quienes viven del sufrimiento de los demás.

La ilusión de la reforma desde dentro

Muchos insisten en hacer correcciones, introducir enmiendas, “dialogar con el Congreso”. Pero pedirle a los beneficiarios del sistema de impunidad que renuncien voluntariamente a sus privilegios es un acto de ingenuidad suicida. Quienes dominan el Congreso y el Senado están ahí para blindarse, no para reformarse.

Este proyecto no se combate solo con argumentos técnicos, ni con indignación moral desde las redes sociales. Se combate desde el poder real, y ese poder solo puede conquistarlo la izquierda popular, organizada, con un programa de transformación radical.

Solo un gobierno de izquierda podrá redactar un nuevo Código con justicia

No se trata de hacerle parches a un Código Napoleónico del siglo XIX. Se trata de refundar la justicia penal dominicana desde una visión humanista, popular y soberana, con estos principios mínimos:

– Legalización de las tres causales del aborto, como base de la dignidad, salud y derechos de las mujeres y niñas.

-Eliminación de privilegios penales para iglesias, militares y funcionarios públicos. Que ningún corrupto o abusador tenga fuero ni impunidad.

-Enfoque de justicia restaurativa y social para los delitos menores, centrado en la rehabilitación y la inclusión, no en la venganza.

Esta transformación solo es posible cuando la izquierda llegue al gobierno y luego al poder. No basta con ocupar sillas en el Congreso: hay que transformar el aparato del Estado y sus fundamentos legales. Solo desde ahí, desde una posición de poder popular, puede promulgarse un Código Penal verdaderamente democrático, moderno y digno.

Lo que está en juego no es solo una ley más. Es la batalla entre dos visiones del país: una que protege a los poderosos y condena al pueblo, y otra —la nuestra— que se alza por justicia, dignidad y soberanía. No basta con decir “no” a este engendro. Es hora de construir poder popular que pueda decir “sí” a un nuevo país.

Porque la moralidad no se improvisa: o está en manos de una izquierda coherente y valiente, o seguirá siendo definida por los intereses de los ricos en sus despachos eclesiásticos, castrenses y empresariales.

Y si no hacemos nada, la historia no solo juzgará a los corruptos: también nos juzgará a nosotros por haber permitido que el Código de la Vergüenza se convirtiera y perdure como ley.

jpm-am