Por CARLOS SALCEDO

Reforma esperada

La promulgación reciente del nuevo Código Penal por el presidente Luis Abinader marca, sin duda, una línea divisoria en la historia jurídica dominicana. Luego de 141 años rigiéndonos por un texto tan antiguo, el país necesitaba una reforma profunda, no sólo para adecuar la tipificación penal a los desafíos del presente, sino también para lograr mayor eficacia en la persecución del delito, enfrentar la impunidad estructural y garantizar el respeto a los derechos fundamentales.

 Sin embargo, la modernización normativa que se celebra, si bien debemos reconocer los avances logrados, está lejos de ofrecer un instrumento jurídico plenamente coherente, democrático y garantista.

Desde hace más de una década he sostenido, tanto en columnas como en entrevistas públicas, que el país no podía seguir criminalizando el presente con un Código Penal del siglo XIX. El marco legal anterior resultaba inoperante ante fenómenos como el sicariato, la criminalidad tecnológica, la violencia de género, la corrupción administrativa compleja, la agresión sexual intrafamiliar o la discriminación y el odio por razones de orientación sexual o identidad de género. La incorporación de más de 70 nuevas figuras delictivas ciertamente representa un avance necesario, pero no suficiente.

Problemas que presenta el nuevo código

El problema no era solo técnico: el viejo Código Penal arrastraba una visión autoritaria y punitivista que chocaba con los valores constitucionales reflejados en la Constitución de 2010 y con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Reformarlo era una exigencia democrática, pero también una oportunidad para construir un orden jurídico más justo, igualitario y respetuoso de la dignidad humana. Esa oportunidad, lamentablemente, ha sido parcialmente desperdiciada.

El texto promulgado por el Ejecutivo mantiene profundas debilidades estructurales. Su principal déficit es la exclusión expresa de las causales del aborto, a pesar de que más del 70 % de la población, según diversas encuestas, favorece al menos su despenalización en casos de riesgo vital para la mujer, inviabilidad fetal o embarazo por violación o incesto.

Penalizar a los médicos, enfermeras o víctimas en esas circunstancias no solo es una crueldad jurídica, sino una traición al principio de dignidad humana consagrado en el artículo 38 de nuestra Constitución. No hay modernización posible si el derecho penal se sigue utilizando para someter moralmente a las mujeres.

Otra de las falencias que he denunciado reiteradamente es la definición restrictiva del feminicidio. El nuevo código lo tipifica, pero con criterios tan limitados que muchas muertes violentas de mujeres no encajan en el tipo penal, con la consecuente impunidad que ello genera.

Además, se disuelve la especificidad de la violencia de género al equipararla con cualquier situación de “relación sentimental”, desdibujando así su raíz estructural. Este tipo de lenguaje jurídico sólo reproduce los sesgos que el Estado está obligado a combatir.

Desde una perspectiva académica, es preocupante también la forma en que el nuevo código estructura la prescripción de los delitos sexuales. En lugar de avanzar hacia su imprescriptibilidad -como reclaman los estándares internacionales en materia de protección a la niñez y las víctimas de violencia sexual, aunque tengo mis reservas al respecto, debido a que la Constitución permite la ampliación del plazo de prescripción, no así la imprescriptibilidad-, se mantienen plazos rígidos que perpetúan la impunidad.

 Igualmente, la exclusión de la orientación sexual e identidad de género como categorías protegidas en los delitos de odio muestra una desconexión lamentable con el principio de igualdad ante la ley.

En el plano institucional, hemos advertido con preocupación que el nuevo código exime de responsabilidad penal a entidades como el Estado, los ayuntamientos, los partidos políticos y las iglesias, entre otras entidades, trasladando toda la carga punitiva exclusivamente sobre individuos.

Esto contradice las exigencias contemporáneas de responsabilidad penal corporativa, cuya expansión punitiva ha sido abarcada -positivamente- en el nuevo digesto punitivo, y compromete seriamente la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Avances importantes en el nuevo código

Sin embargo, sería un error absoluto desechar el conjunto. El nuevo código tiene avances relevantes: establece penas más severas para los delitos de corrupción, introduce la figura del cúmulo de penas hasta 60 años -lo que nos hace retroceder cuando las dogmática penal moderno y las Constituciones apuestan a la reeducación y reinserción social del penado, cosa que no sería posible en el nuevo esquema-, endurece el castigo al abuso infantil, equipara la responsabilidad del autor intelectual a la del autor material  y contempla mecanismos como el registro de agresores sexuales o medidas de vigilancia postpenitenciaria. Pero todo esto debe estar al servicio de una justicia penal garantista, no de una cruzada moralizante o de una persecución simbólica.

La reforma debe ampliar derechos, no reducirlos

La reforma penal que el país merece no es la que solo endurece penas, sino la que amplía derechos, democratiza el acceso a la justicia y protege efectivamente a los más vulnerables. Una verdadera modernización jurídica no puede hacerse desde el cálculo político o la sumisión a grupos conservadores, sino desde el compromiso con la Constitución, la ciencia penal y la ética republicana.

De lo contrario, estaremos sustituyendo un código ciertamente anacrónico por otro ideológicamente regresivo, con lo cual, como he sostenido en otras oportunidades, tenemos un nuevo código, pero no necesariamente moderno, sino que nació revejido, porque envejeció prematuramente.

El nuevo código, avanzado, pero imperfecto. Puede ser perfeccionado

Lo que hoy tenemos es un avance, pero imperfecto, que exige observación crítica, revisión legislativa y, sobre todo, movilización ciudadana para que los vacíos normativos no se traduzcan en nuevas injusticias. El reto ahora es construir, desde la democracia, un derecho penal que no castigue selectivamente, sino que proteja con equidad.

Tenemos un año de vacación legal para la puesta en marcha del nuevo código. Después de más de veinte y cinco años de discusiones para que naciera este parto penal, espero que sea aprovechado para darle mayor coherencia fundamentalista, técnica, normativa y ética y rodear su contenido de los consensos que lo hacen legítimo.

Es una gran oportunidad, pues, no solo para que todos conozcamos su contenido y estemos en condiciones de no poder alegar un error invencible -figura nueva como causa de inimputabilidad- a partir de su entrada en vigor, sino para que se logren los consensos y los ajustes necesarios para que tengamos un verdadero Código Penal moderno en su contenido, no en la promoción de este.

JPM

<<Cuando ni los tuyos te defienden, el silencio se convierte en ruido>>.

Esta frase resume la visión que tengo, como analista, sobre la comunicación del gobierno.

Con ello explicaré que, tanto en política como en teología, la apología no es propaganda ni adulación, sino una defensa racional y articulada de principios, acciones y liderazgos.

La apología es el ejercicio de argumentar en favor de una causa, con el propósito de otorgarle sentido, legitimidad y proyección.

En el ámbito religioso, consiste en defender la fe; y en el terreno gubernamental, en responder con fundamento ante la crítica, la acusación o el intento de desprestigiar las acciones públicas.

En el gobierno del presidente Luis Abinader sorprende la escasez de voces que asuman, con claridad, el rol de explicar y defender su gestión.

Silencio

Aunque su administración avanza en áreas claves, lo hace en un silencio que debilita su relato. “Quien no cuenta su historia, permite que otros la re-escriban”, advierte Antoni Gutiérrez-Rubí.

Aunque muchos insisten en que ese silencio obedece a una estrategia deliberada del propio presidente, sigo considerando que en ello radica una de las principales debilidades de la gestión.

A diferencia de otros presidentes latinoamericanos, Abinader ha optado por un estilo sobrio, técnico y moderado. No polariza, no dramatiza ni impone un relato épico. Sin embargo, esta virtud se convierte en debilidad cuando no hay quien la explique.

El presidente no debería ser su único vocero. En palabras de Mario Riorda, “la comunicación política no puede descansar solo en la figura del líder; necesita estructura, relato, institucionalidad”. Pero aquí, ni la estructura comunica ni el relato emociona. Y en política, sin emoción no hay memoria.

Esta situación contrasta con líderes que han asumido el rol de apologistas personales: AMLO lo hizo mientras gobernó, Trump y Bukele. Ellos concentran el relato, marcan la agenda y se relacionan directamente con el pueblo. No delegan el mensaje; lo monopolizan. La diferencia con Abinader es dramática: mientras aquellos construyen identidad, aquí se diluye.

El resultado es una gestión que funciona, pero que no inspira. Una presidencia que gobierna, pero que no lidera simbólicamente. “El poder que no se comunica, se pierde”, sentencia Joseph Nye.

Que el presidente hable y se exponga no es un error en sí mismo; el error es hacerlo sin respaldo narrativo.

En comunicación estratégica, la sobreexposición sin contrapeso es sinónimo de vulnerabilidad. El líder que habla todos los días y siempre está solo, se desgasta. Se convierte en blanco fácil. Y lo que ayer fue cercanía, hoy puede parecer desesperación. “El líder sin coro se vuelve eco de sí mismo”, escribió Noelle-Neumann. Sin apologistas, el poder se vuelve frágil. Sin relato, se vuelve invisible.

En gobiernos anteriores, el discurso tenía voceros naturales y estructuras apologéticas visibles. Balaguer proyectaba su visión a través de medios alineados y un estilo doctrinario.

Leonel Fernández construyó una narrativa globalista y modernizadora que fue ampliamente replicada. Danilo Medina consolidó un relato de cercanía y eficiencia que contó con repetidores disciplinados.

Hoy, Abinader no tiene ni coro ni aparenta estrategia. Ni siquiera los ministros defienden sus logros. La línea narrativa está rota. Lo que se comunica es coyuntural, reactivo, desorganizado.

En esta semana han lanzado todos tipos de ataques al presidente y al gobierno por el caso haitiano, la justicia, el código, SeNaSa, etc..

¿Y quien lo defendió?

Los expertos coinciden en que la centralización del mensaje puede ser útil, pero nunca suficiente. Bukele lo demuestra: controla el relato, pero ha construido una iconografía y un lenguaje político reconocible.

En cambio, con el presidente no se han generado símbolos ni mitos. No tiene eslogan, no tiene épica, no tiene emoción. “La política es también una pedagogía del alma colectiva”, dice el politólogo argentino Eduardo Fidanza.

Pero aquí nadie enseña. Nadie explica por qué este gobierno merece continuidad o defensa.

Este modelo, sin embargo, no es exclusivo de República Dominicana. En Brasil, Jair Bolsonaro utilizó las redes sociales para establecer un relato diario contra el “sistema”.

En Colombia, Gustavo Petro ocupa su cuenta de X como despacho ideológico. En Ucrania, Zelenskyy se convirtió en símbolo de resistencia gracias a su narrativa heroica. Todos entendieron que el presidente no solo gobierna: representa. Y quien representa, comunica con símbolos. Abinader gobierna, pero no simboliza. Eso es un problema de ausencia.

El problema no es solo de comunicación, sino de legado. Sin apologistas, no hay sucesores. Sin sucesores, no hay continuidad. Y sin continuidad, toda buena gestión queda en el aire.

Logros

Este ha sido un gobierno que ha mantenido la estabilidad macroeconómica, ha fortalecido los programas sociales con Supérate y programas de desarrollo barriales y provinciales, Inapa, la Caasd, carreteras, ha sostenido los subsidios a los combustibles y a la electricidad, ha conservado una calificación de riesgo favorable, según Moody’s.

Ha desarrollado una infinidad de pequeñas y medianas obras en toda la geografía nacional: el monorriel, el teleférico, la ampliación del tren, la reparación y construcción de miles de aulas, titulación, además de aumentos salariales reiterados a militares, policías, médicos, profesores, personal consular y la apertura de oficinas de servicios en el exterior.

Ha enfrentado desafíos con decencia, respetando la institucionalidad, bajo la delincuencia y realizado una de las defensas más firmes de la soberanía nacional en décadas.

También ha ejecutado la mayor inversión histórica en el sur profundo y fronterizo, una región olvidada por generaciones.

Sin embargo, aún con esos logros, el relato no ha acompañado a la gestión.

Faltaría resaltar claramente más realización como la transformación digital del Estado, y los programas de Indotel, la recuperación récord del turismo con más de 10 millones de visitantes, y el liderazgo internacional que ha asumido el país.

Como advirtió el sociólogo Manuel Castells: “la política no es solo lo que se hace, es lo que se dice que se hace”. Y aquí se dice poco.

Cacarear

La gallina, tras poner el huevo, no se calla: cacarea… cacarea. Porque no basta con hacer; también hay que comunicar con convicción, narrativa y constancia.

Además, la falta de defensores públicos permite que los adversarios impongan su narrativa. El PLD, con todos sus errores, ha logrado recuperar parte del discurso público por una razón clara: habla. Tiene voceros, portavoces, intelectuales orgánicos y un discurso militante. La Fuerza del Pueblo, ha logrado en múltiples ocasiones arrastrar el discurso político a su territorio, oscureciendo la obra de gobierno.

El PRM, por el contrario, ha sido incapaz de formar cuadros retóricos. Ha ganado elecciones, pero ha perdido la batalla de las ideas. Un partido que no forma apologistas está condenado a ser una coyuntura, no un proyecto histórico.

Este vacío se expresa también en el Congreso, donde la defensa al Ejecutivo es torpe o inexistente, sin violar la independencia de los poderes.

En los medios, ningún periodista o analista, se ha erigido como defensor ideológico del proyecto del Gobierno-Abinader, —como existían anteriormente—. Y “se gastan millones en publicidad supuestamente”. Y no por falta de argumentos, sino por ausencia de voluntad y método. “La narrativa política es una arquitectura del consenso”, recuerda el catalán Gutiérrez-Rubí. Sin arquitectos del relato, el edificio institucional se sostiene, pero no se habita.

El gobierno está presente, pero no es vivido como proyecto.

Y si bien Abinader ha querido mantenerse al margen de la polarización, su silencio ha sido interpretado como indiferencia.

En tiempos de crisis social, emocional y simbólica, la neutralidad no emociona. El pueblo no busca tecnócratas: busca sentido.

“La emoción es la puerta de entrada de la razón”, diría Martha Nussbaum. Sin esa puerta, la ciudadanía no entra a la casa de gobierno. Y si no entra, no habita ni defiende.

Al final, gobernar no es suficiente. Se necesita persuadir. Se necesita inspirar. Y se necesita gente que crea tanto en el proyecto, que esté dispuesta a defenderlo en las plazas, en los medios, en las calles, en los púlpitos y en las aulas.

Eso es la apologética política. Y eso es lo que este gobierno no ha construido.

No es un problema de imagen, es un problema de visión. Porque cuando el presidente habla solo, el poder se vuelve monólogo. Y la historia, como la política, se escribe entre voces, no entre silencios.

La gran paradoja del gobierno de Abinader es esta: ha hecho más de lo que dice, y que gobiernos pasados pero su silencio lo traiciona.

Ha actuado con integridad, pero ha renunciado a la narrativa. La menor preocupación hoy por hoy según las encuestas es la corrupción pública. ¿Y quién lo dice!

En la política contemporánea, eso es como escribir sin firmar. Gobernar sin defender. Y caminar sin dejar huella.

Los hechos importan, sí. Pero en democracia, los hechos solo pesan cuando alguien los narra con convicción, verdad y pasión.

Hoy, en el país, nadie lo está narrando, por èl. Es tiempo ya presidente.