Los casi 225 mil habitantes que en estos momentos tiene la provincia Peravia deben saber -con plena seguridad- que en las próximas semanas se iniciará en su seno la construcción de la cacareada presa de La Gina.

Se trata de un proyecto cercano a los 100 millones de dólares destinado a recoger las aguas del río Baní a unos 6.5 kilómetros al Norte de la ciudad del mismo nombre -capital de la provincia- y satisfacer las demandas del líquido en varias comunidades, incluyendo la actividad agropecuaria y  posiblemente generar energía eléctrica.

La obra es promovida por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), que en el presente gobierno ha estado realizando acciones para impulsarla, entre ellas actualizando los estudios, abriendo la licitación de los trabajos y constituyendo un comité de ciudadanos veedores.

Rafael Salazar, administrador de Egehid, dijo recientemente que los estudios han sido revisados y están actualizados, incluso verificados por una empresa internacional con referencias mundiales.

Salazar, a quien se tiene como un funcionario sobrio que no se dedica a plantear sueños y pintar “pajaritos en el aire”, como dice el refrán popular, se refirió, sin ahondar mucho, a un aspecto medular del proyecto que inquieta a mucha gente en Baní: ¿habrá agua para ese embalse de 11 millones de metros cúbicos de agua ?.

“He visto comentarios de que no se han hecho los estudios. Si usted tiene dudas, pida los estudios, que se le dan”, expresó con mucha fuerza.

Fue más lejos y martilló: “El agua da: el último estudio que se hizo arroja  1.89 metros cúbicos de agua por segundo que va a pasar por la cuenca del río Baní. Se va a llenar mínimo seis veces al año. Eso lo dicen los estudios”.

“Y de qué tenemos que llevarnos”, preguntó. “De los estudios”, respondió.

Las palabras de Salazar permiten respirar, por el momento, a muchos banilejos (que por supuesto ya no siembran hielo) incrédulos tras los escasos resultados del acueducto múltiple de la provincia Peravia iniciado por el presidente Leo­nel Fernández en mayo de 2008.

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POR HECTOR COLOMBINO PERELLO

POR LUISANNA LORA PERELLO

Hay un punto de quiebre en toda sociedad: cuando una persona en peligro acude a la autoridad, advierte con claridad lo que está ocurriendo y, aún así, no obtiene respuesta efectiva.

Ese punto no es teórico. Se vivió recientemente en Santiago.

Lo que comenzó como un incidente de tránsito uno de tantos que ocurren a diario en el país derivó en una persecución que escaló con rapidez y terminó en un desenlace fatal. En medio de esa cadena de hechos, hay un elemento que obliga a detenerse: la víctima buscó auxilio de manera directa ante agentes del orden, alertando sobre el riesgo inminente que enfrentaba.

No bastó.

Minutos después, fue alcanzado por quienes lo perseguían y agredido de forma violenta, en un entorno que, por su naturaleza, debería ofrecer garantías de seguridad. El resultado es conocido.

Este caso no puede analizarse únicamente desde la responsabilidad penal de los involucrados, que corresponde a la justicia determinar. Hay una dimensión más amplia que interpela tanto a la sociedad como a las instituciones.

Por un lado, preocupa la facilidad con la que conflictos cotidianos escalan hacia la violencia extrema. Un desacuerdo o un accidente dejan de ser gestionados dentro de los canales legales y pasan a resolverse mediante la fuerza, en un patrón que se repite con inquietante frecuencia.

Por otro, surgen cuestionamientos inevitables sobre la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia que se presentan en tiempo real. Cuando una advertencia explícita no activa mecanismos inmediatos de protección, se abre un espacio de vulnerabilidad que puede resultar irreversible.

A esto se suma un elemento cada vez más visible: la transformación de los ciudadanos en espectadores de la violencia. En múltiples escenarios, la reacción predominante no es intervenir, disuadir o canalizar ayuda, sino observar y registrar. Esa pasividad también forma parte del problema.

Las cifras oficiales han advertido que una proporción significativa de los hechos violentos en el país tiene su origen en conflictos sociales. No se trata, por tanto, de episodios aislados, sino de una tendencia que evidencia debilidades en la gestión de conflictos, en la cultura ciudadana y en la capacidad de respuesta institucional.

Lo ocurrido obliga a una reflexión más profunda: ¿qué garantías reales tiene un ciudadano cuando su integridad está en riesgo inmediato y decide acudir a quienes deben protegerlo?

Si esa pregunta no encuentra una respuesta clara y efectiva, la preocupación deja de ser coyuntural.

Se convierte en estructural. Porque cuando pedir ayuda no garantiza protección, lo que está en juego no es solo la seguridad individual, sino la confianza en todo el sistema.

La democracia dominicana se presenta hoy como un laberinto de indulgencia donde prevalece la ley del más fuerte y el pez grande devora sin piedad al pequeño en un escenario de profunda desigualdad política y social aupadas por estructuras de poder que se blindan para evitar cualquier tipo de fisura que permita la entrada de voces frescas y alternativas ciudadanas reales que huelan a transparencia en la administración pública.

En este contexto, República Dominicana se desenvuelve entre el oportunismo de los poderosos y la aparente pasividad de una sociedad votante que cada cuatro años acude a las urnas simulando una búsqueda de cambio, cuando en realidad subyace bajo el influjo de un hechizo mediático diseñado por conglomerados que prometen transformar el país sin intención alguna de cumplir sus promesas ocultas.

Este panorama de desencanto fue el que dio origen a un anteproyecto de reforma a la ley electoral que buscaba abrir las puertas a las candidaturas independientes, una propuesta ciudadana que inicialmente fue recibida con optimismo y aprobada por el Congreso Nacional en primera y segunda lectura bajo la mirada atenta de una población que exige con urgencia una mayor apertura democrática y sostenible de la política participativa.

Los legisladores justificaron el rechazo a estas candidaturas alegando el peligro de una supuesta infiltración del narcotráfico en la política independiente, un argumento hipócrita, descabellado y cínico, cuando es de conocimiento público que el dinero sucio camina libremente por los pasillos del congreso y el Palacio Nacional a través de figuras que hoy ostentan cargos bajo el sello de los partidos tradicionales (PLD, FUPU, PRM, PRSC y PRD), quienes siempre se han nutrido del narcotráfico para manejar el poder por encima de los derechos ciudadanos y las leyes.

Resulta evidente que a los partidos mayoritarios y muy especialmente al poder ejecutivo no les conviene bajo ninguna circunstancia permitir las candidaturas independientes, pues tienen la certeza absoluta de que perderían cuotas de poder significativas si los ciudadanos pudieran postularse sin tener que rendir pleitesía a las cúpulas partidarias que hoy controlan el destino de todo el Estado.

El rechazo a esta reforma solo beneficia a una clase política tildada por la sociedad dominicana de corrupta y que se perpetúa en los cargos públicos para enriquecerse a costa del sudor del pueblo dominicano, utilizando las instituciones como feudos personales, mientras se cierran las puertas a cualquier intento de renovación que no provenga de sus propias filas internas y amañadas, muchas veces por la propia Junta Central Electoral (JCE) en complicidad con el congreso y el propio gobierno.

La sociedad dominicana ha recibido una estocada de tajo que cercena sus derechos constitucionales básicos al permitir al ciudadano votante, únicamente la acción de elegir pero negándole sistemáticamente la posibilidad real de ser elegido, a menos que acepte someterse a las reglas de juego impuestas por los partidos que han secuestrado la representación popular y la soberanía nacional por décadas.

Esta partidocracia de aposentos se escuda detrás de una retórica construida sobre cimientos de mentiras y promesas vacías, manteniendo un control férreo sobre la voluntad popular a través de mecanismos de persuasión que anulan la capacidad crítica de un electorado que se ve forzado a elegir siempre entre las mismas opciones sin la esperanza de que la real democracia sea para beneficio de la mayoría. Los partidos tradicionales tienen el país secuestrado, manejado al libre albedrío de una ínfima “minoría” que siempre se alza con el santo y la limosna.

Ante este secuestro institucional surge la imperiosa necesidad de que la ciudadanía consciente se levante y abandone la pasividad para reclamar sus derechos mediante una protesta permanente y estratégicamente sectorizada frente al Palacio Nacional, los Ministerios y el Congreso Nacional. Sí, así se lo dejo bien claro y evidenciado, ¿por qué? porque “el silencio cómplice solo sirve para alimentar la ambición de quienes se creen los dueños absolutos de nuestra nación” (MB).

La presión social debe ser constante y directa contra el Congreso y las oficinas públicas para exigir que se respete el derecho pleno a la participación política sin intermediarios corruptos. De lo contrario, la población seguirá siendo arriada como animales hacia un matadero electoral donde los únicos que ganan son los conocidos y perversos impostores de la política dominicana.

Es hora de romper las cadenas del clientelismo y la dependencia que los políticos utilizan para domesticar la indignación ciudadana. Mientras el estómago dependa de una tarjeta solidaria o un favor político, la libertad será solo una ilusión diseñada para mantener el orden establecido por aquellos que se benefician del caos y de la falta de educación cívica y participativa.

Solo a través de una resistencia civil organizada y valiente se podría desmantelar el blindaje de un sistema que prefiere la sumisión al mérito. Los dominicanos estamos en la obligatoriedad de lograr que la democracia deje de ser un laberinto de privilegios para convertirse en un espacio de oportunidades, donde cualquier ciudadano con integridad pueda servir a su patria sin pedir permiso a los verdugos y oportunistas que hoy manejan el poder para beneficio propio.