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La República Dominicana aplica un protocolo que ningún otro país de la región usa: ficha, reseña y apresa a sus propios ciudadanos cuando llegan deportados desde Estados Unidos. La práctica se justifica en nombre de la seguridad.
El problema es que, en la realidad, huele a doble condena.
El procedimiento es claro. El avión aterriza, Migración recibe al deportado, lo registra, le toma fotos, huellas y lo envía a un centro de detención. Allí espera. ¿Cuánto? Depende. Horas, días. Hasta que se verifique si tiene cuentas pendientes con la justicia dominicana. Si no las tiene, queda libre. Si las tiene, se queda preso.
El Estado argumenta que necesita saber quién regresa, que muchos deportados cumplieron condena por delitos graves en Estados Unidos y que sería irresponsable soltarlos en el aeropuerto sin depuración.
Suena razonable. Ningún gobierno quiere que un prófugo camine libre por falta de chequeo. Pero hay un detalle que cambia todo: esas personas ya pagaron su deuda. Fueron juzgadas, condenadas y cumplieron pena en suelo estadounidense. Al pisar República Dominicana no son prófugos, son ciudadanos que regresan, con o sin vergüenza, con o sin familia esperándolos. Detenerlos de forma automática convierte la depuración en detención preventiva sin juez, sin cargos nuevos.
Otros países con alta migración hacia Estados Unidos, como México, El Salvador, Guatemala y Honduras, reciben a sus deportados, los registran y los dejan ir. Si hay alerta internacional o orden de captura local, entonces actúan. Pero no los meten presos por defecto. República Dominicana sí. Y presume culpabilidad hasta demostrar lo contrario.
El impacto humano es real. Hablamos de padres que llevan años sin ver a sus hijos y al bajar del avión terminan en una celda. De jóvenes que crecieron en Nueva York o Boston, que apenas hablan español, y su primera experiencia en el país de sus padres es un cuartel. Eso no es control migratorio. Eso es una bienvenida con esposas.
¿Hay solución? Sí, y no requiere debilitar la seguridad. Bastaría con modernizar el cruce de datos, que Migración tenga acceso en tiempo real a las órdenes de arresto vigentes antes de que el avión aterrice.
Si Juan Pérez tiene caso abierto en San Cristóbal, que lo espere una orden judicial al bajar. Si no la tiene, que lo deje ir a su casa. Ficharlo, sí. Reseñarlo, también. Apresarlo sin causa nueva, no.
En 2024, EE.UU. deportó a 3.847 dominicanos. No todos son criminales de alta peligrosidad. Muchos violaron leyes migratorias, otros cometieron delitos menores hace una década. Meterlos a todos en el mismo saco es costoso, ineficiente y, sobre todo, injusto.
La seguridad nacional no puede construirse sobre la sospecha permanente contra el propio ciudadano.
Si el Estado quiere protegernos, que persiga al que delinque aquí, con pruebas y debido proceso, pero que deje de tratar al deportado como delincuente por el solo hecho de haber sido devuelto.
Al final, la pregunta es simple: ¿somos el único país que encierra a los suyos al regresar porque somos más estrictos, o porque confundimos firmeza con abuso?