Laberinto indulgente de las candidaturas independientes

La democracia dominicana se presenta hoy como un laberinto de indulgencia donde prevalece la ley del más fuerte y el pez grande devora sin piedad al pequeño en un escenario de profunda desigualdad política y social aupadas por estructuras de poder que se blindan para evitar cualquier tipo de fisura que permita la entrada de voces frescas y alternativas ciudadanas reales que huelan a transparencia en la administración pública.

En este contexto, República Dominicana se desenvuelve entre el oportunismo de los poderosos y la aparente pasividad de una sociedad votante que cada cuatro años acude a las urnas simulando una búsqueda de cambio, cuando en realidad subyace bajo el influjo de un hechizo mediático diseñado por conglomerados que prometen transformar el país sin intención alguna de cumplir sus promesas ocultas.

Este panorama de desencanto fue el que dio origen a un anteproyecto de reforma a la ley electoral que buscaba abrir las puertas a las candidaturas independientes, una propuesta ciudadana que inicialmente fue recibida con optimismo y aprobada por el Congreso Nacional en primera y segunda lectura bajo la mirada atenta de una población que exige con urgencia una mayor apertura democrática y sostenible de la política participativa.

Los legisladores justificaron el rechazo a estas candidaturas alegando el peligro de una supuesta infiltración del narcotráfico en la política independiente, un argumento hipócrita, descabellado y cínico, cuando es de conocimiento público que el dinero sucio camina libremente por los pasillos del congreso y el Palacio Nacional a través de figuras que hoy ostentan cargos bajo el sello de los partidos tradicionales (PLD, FUPU, PRM, PRSC y PRD), quienes siempre se han nutrido del narcotráfico para manejar el poder por encima de los derechos ciudadanos y las leyes.

Resulta evidente que a los partidos mayoritarios y muy especialmente al poder ejecutivo no les conviene bajo ninguna circunstancia permitir las candidaturas independientes, pues tienen la certeza absoluta de que perderían cuotas de poder significativas si los ciudadanos pudieran postularse sin tener que rendir pleitesía a las cúpulas partidarias que hoy controlan el destino de todo el Estado.

El rechazo a esta reforma solo beneficia a una clase política tildada por la sociedad dominicana de corrupta y que se perpetúa en los cargos públicos para enriquecerse a costa del sudor del pueblo dominicano, utilizando las instituciones como feudos personales, mientras se cierran las puertas a cualquier intento de renovación que no provenga de sus propias filas internas y amañadas, muchas veces por la propia Junta Central Electoral (JCE) en complicidad con el congreso y el propio gobierno.

La sociedad dominicana ha recibido una estocada de tajo que cercena sus derechos constitucionales básicos al permitir al ciudadano votante, únicamente la acción de elegir pero negándole sistemáticamente la posibilidad real de ser elegido, a menos que acepte someterse a las reglas de juego impuestas por los partidos que han secuestrado la representación popular y la soberanía nacional por décadas.

Esta partidocracia de aposentos se escuda detrás de una retórica construida sobre cimientos de mentiras y promesas vacías, manteniendo un control férreo sobre la voluntad popular a través de mecanismos de persuasión que anulan la capacidad crítica de un electorado que se ve forzado a elegir siempre entre las mismas opciones sin la esperanza de que la real democracia sea para beneficio de la mayoría. Los partidos tradicionales tienen el país secuestrado, manejado al libre albedrío de una ínfima “minoría” que siempre se alza con el santo y la limosna.

Ante este secuestro institucional surge la imperiosa necesidad de que la ciudadanía consciente se levante y abandone la pasividad para reclamar sus derechos mediante una protesta permanente y estratégicamente sectorizada frente al Palacio Nacional, los Ministerios y el Congreso Nacional. Sí, así se lo dejo bien claro y evidenciado, ¿por qué? porque “el silencio cómplice solo sirve para alimentar la ambición de quienes se creen los dueños absolutos de nuestra nación” (MB).

La presión social debe ser constante y directa contra el Congreso y las oficinas públicas para exigir que se respete el derecho pleno a la participación política sin intermediarios corruptos. De lo contrario, la población seguirá siendo arriada como animales hacia un matadero electoral donde los únicos que ganan son los conocidos y perversos impostores de la política dominicana.

Es hora de romper las cadenas del clientelismo y la dependencia que los políticos utilizan para domesticar la indignación ciudadana. Mientras el estómago dependa de una tarjeta solidaria o un favor político, la libertad será solo una ilusión diseñada para mantener el orden establecido por aquellos que se benefician del caos y de la falta de educación cívica y participativa.

Solo a través de una resistencia civil organizada y valiente se podría desmantelar el blindaje de un sistema que prefiere la sumisión al mérito. Los dominicanos estamos en la obligatoriedad de lograr que la democracia deje de ser un laberinto de privilegios para convertirse en un espacio de oportunidades, donde cualquier ciudadano con integridad pueda servir a su patria sin pedir permiso a los verdugos y oportunistas que hoy manejan el poder para beneficio propio.