No pretendo de narrar aquí los sucesos que desembocaron en  la creación de una República Independiente, proclamada un día como hoy de hace 177 años. Esa es tarea de historiadores, pero deseo resaltar el contexto en el cual se produjeron tales acontecimientos.

Haití surgió como colonia y luego como Estado como consecuencia  de la orden del rey de España Felipe III al gobernador de La Española, Antonio de Osorio), de despoblar la parte occidental de la isla para trasladarla hacia la parte cercana de Santo Domingo, entre 1605 y 1606, como forma de aniquilar el contrabando.

España estuvo a la saga de Francia e Inglaterra en la expansión y defensa de sus posesiones en América, África y Asia, lo que se atribuye a que la corona española acumuló de riquezas, pero no desarrolló  los fundamentos del capitalismo. A eso se debe que Haití finalmente quedara  bajo el dominio francés.

Como consecuencia del atraso del capitalismo español,  la mayoría de sus colonias, padecían pobreza acuciante,  que en el caso de La Hispaniola,  fue tan profunda que esclavos y esclavistas abrevaban en las mismas fuentes de extremas limitaciones económicas.

Los esclavos haitianos  se liberaron en 1804 del esclavista francés, y de paso crearon un difuso Estado Nacional que  sus mentores pretendieron fuera  a semejanza de Francia, con la figura del emperador, con lo cual el líder del movimiento quiso reencarnar al mismo Napoleón.

El Haití independiente no pudo desarrollar la cartilla capitalista porque  las huestes  de esclavos destruyeron la mayoría de los medios de producción, incluidos haciendas agrícolas, factorías e ingenios azucareros, como forma de evitar que los esclavistas retornaran al Poder.

Lo que si mantuvo el vecino del oeste fue un ejército  bien preparado y armado, revestido de una cultura imperial, que 18 años después de proclamada la emancipación y la independencia ocupó al Santo Domingo Español, bajo el argumento de  erradicar  una esclavitud inexistente en este lado de la isla.

Es en este contexto que un Duarte, con apenas 25 años de edad, crea la sociedad secreta La Trinitaria,  el más novedosos instrumento político de América, emergido desde el corazón de una sociedad atrasada en términos económicos y sociales, a través del cual se  motorizo el proyecto separatista y  e independentista.

En Haití,  el concepto de independencia deriva de la emancipación de un pueblo esclavo,  en Santo Domingo español, la separación no fue el propósito del proyecto febrerista, sino  la creación de una Republica libre y soberana, como lo concibió Duarte.

La empresa duartiana estuvo siempre comprometida con la independencia ,  como lo demuestra la alianza táctica de los Trinitarios con el movimiento  La Reforma en Haití, y de que una vez anexada la Patria a España afloró el movimiento restaurador, integrado en su mayoría por los mismos trinitarios.

En estos momentos históricos que Luis Abinader, un Presidente con buenas intenciones,está interesado en adecentar y transparentar las transacciones de los actos y bienes administrativos, se hace imperativo que el Senado acelere el conocimiento del Proyecto de ley de extinción de dominio y que sea consensuado por un amplio sector intelectual que no deje que se convierta en un disparate más que haya que revisar y modificar.

El Proyecto de Ley sobre Juicio de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos, garantizado por el artículo 146 inciso 4 de la Constitución, es la salvación de la proscripción de la corrupción administrativa y el levantamiento del secreto bancario.

El Estado dominicano y sus ciudadanos en su cotidianidad están sometidos a un conjunto de amenazas, por lo que temen por su seguridad y deben  acudir al brazo armado del Derecho y la justicia. El obsoleto Derecho Penal actual está sentado en una sociedad dominicana diferente por el impacto imperioso de las redes electrónicas y de las relaciones socioeconómicas y políticas que estas generan. También por la complejidad de los conflictos que derivados de las redes deben solucionarse.

El gobierno del expresidente Danilo Medina promulgó la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos, sin embargo quedó pendiente la Ley de Extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos, que fue objeto de muchos debates y aprobada en dos lecturas por el Senado de la República pero nunca promulgada.

La no aprobación de la la Ley de Extinción de dominio cambió la forma de hacer negocios en el Estado Dominicano y facilitó el tráfico de empresas nuevas y testaferros del  Ministro  de turno.

Exigimos que la acción legal de esa ley, prescriba a los diez años, y que esté vinculada a una persecución penal, civil o administrativa, contra una persona o entidad comercial.  El proyecto sobre Juicio de Extinción de Dominio busca reglamentar el procedimiento para el decomiso civil de los bienes que se reputan ilícitos, previstos en el párrafo 6 del artículo 51 de la Constitución de la República Dominicana, no es suficiente si no abarca el 146, inciso 4, sobre la corrupción administrativa.

En el artículo 6 del proyecto se establece que la acción de extinción de dominio o de decomiso civil de bienes ilícitos es autónoma, distinta e independiente de cualquier otra acción de naturaleza penal, civil, administrativa o de cualquier otra índole, aun cuando haya sido iniciada simultáneamente, se haya derivado, o tuviera origen en aquella., lo que permitiría que el Ministerio Público haga de ese poder, abusos y extorsiones lamentables, porque dicho proyecto no contempla el procedimiento a seguir, ni el tribunal competente.

En el párrafo único del mismo artículo se indica que la absolución del afectado en el proceso penal o la no aplicación de la pena de confiscación de los bienes, así como el cumplimiento de las obligaciones tributarias o administrativas, no prejuzga respecto de la legitimidad de ningún bien, y por tanto, los mismos pueden ser objeto de la acción de extinción de dominio aun cuando haya recaído decisión previa en lo penal, administrativo o de cualquier otra índole., lo que convertiría ese proceso en un expediente largo, tortuoso y lento, en vista de que el Ministerio Público es quien va a determinar lo ilícito, en forma caprichosa.

jaimeu_fl@hotmail.com

JPM 

La medicina forense, igualmente llamada  medicina legal, jurisprudencia médica o medicina judicial, es la cepa de la medicina que aplica todas las sapiencias médicas y biológicas necesarias para la resolver los inconvenientes que plantea el Derecho.

El médico forense auxilia a jueces y tribunales en la administración de justicia, determinando el origen de las lesiones sufridas por un herido o la causa de la muerte mediante el examen de un cadáver. Estudia los aspectos médicos derivados de la práctica diaria de los tribunales de justicia, donde actúan como peritos. Se vinculan estrechamente con el derecho médico. El médico especialista en el área recibe el nombre de médico legista o médico forense.

Generalmente llamada medicina forense (de foro: por ser en la antigüedad en los foros o tribunales donde se desempeñaba esta disciplina), actualmente se distinguen dos escuelas: la escuela latina, en donde son formados los médicos legistas, y la escuela anglosajona, en donde se forman médicos forenses.

Los médicos legistas están capacitados para realizar múltiples diligencias, entre las que destacan:

Dictaminar sobre responsabilidad profesional, esto es, determinar si los médicos actuaron o no con la responsabilidad debida.

Determinación de las causas, mecanismos y manera de la muerte, cuando éstas son de origen violento.

Socorrer en la procuración de la justicia, auxiliando al juez a resolver dudas derivadas de la actuación de los fenómenos médico-biológicos-cuando está presentes–, si se comete algún presunto hecho delictivo. En la investigación criminal, la actuación del médico forense es esencial. Acude-junto o no-con el Juez de Guardia y Ministerio Público cuando se procede al levantamiento del cadáver después de una muerte sospechosa de criminalidad o violenta; examina y recoge signos externos del lugar de los hechos, determina la hora probable de la muerte y realiza la necropsia del cadáver; examina de forma macroscópica las tres cavidades (craneal, torácica y abdominal) y toma muestras para su remisión a centros especializados en ciencias forenses, laboratorios etc.

Es una ciencia basada en la evidencia, enseña y aplica el método galileico, utiliza el método cartesiano, con los cuales se conforma el llamado método pericial, que recomienda: no admitir como verdad lo que no sea evidencia o probado, ordenándolo de lo sencillo a lo complejo, y enumerando sin omitir nada. Todo con  independencia respecto al problema sometido a estudio y análisis.

La medicina legal envuelve las siguientes subdisciplinas, planteado ello desde un punto de vista meramente descriptivo (ya que nada le es ajeno a la medicina legal y todo ayuda y contribuye a sus fines): antropología forense, biología forense, Derecho médico, genética forense necropapiloscopia, odontología forense, psicología forense, psiquiatría forense, tanatología, toxicología forense e historia.

La primera definición clásica de los signos del fallecimiento se debe a Hipócrates en su libro De morbis, donde describe las modificaciones de la cra en el inmediato periodo post mortem: facies hipocorística.

La medicina legal surgió  inicialmente en Alemania en el siglo XVI: la Ley Carolina promulgada por Carlos V en 1532 obliga a expertos en medicina (esencialmente barberos-cirujanos de la época) a intervenir sobre los cadáveres en caso de homicidio voluntario o involuntario, aplicándose una pena conforme a las lesiones.  En 1536, Francisco I de Francia redacta para el duque de Bretaña una ordenanza organizando el comienzo de la medicina legal.

Los primeros trabajos sobre inhumaciones prematuras, se debieron en 1742 a Jean Jacques Bruhier acumulando 189 supuestos casos de fosos en vida.  Como derivación, hacia 1793 se crearon en Alemania e Italia las cámaras mortuorias de espera. En ese mismo siglo el científico alemán Georg Christoph Lichtenberg refirió  las estampas  de Lichtenberg, un significativo hallazgo que posteriormente tendría relevancia como signo de fulguración en el estudio de cadáveres.

Además, Xavier Bichat realizó atrayentes descripciones sobe el proceso de la muerte y elaboró el que luego sería conocido como trípode de Bichat de las funciones vitales: la circulación, la respiración y la función nerviosa. Asimismo, Pierre Hubert Nysten enuncio las leyes de la rigidez cadavérica que llevan su nombre. Jean-Jacques Belloc es considerado el creador de la medicina legal en Francia.

Los siglos XIX y XX revolucionaron las ciencias forenses, debido a los muchos avances que se produjeron. En Europa, el adelantado de la medicina legal es el científico menorquín Mateo Orfila, conocido como el padre de la toxicología, que publico destacablemente un tratado de las exhumaciones jurídicas en 1830 y un Tratado de medicina legal en 1847. Entre las representaciones notorias en medicina legal y sucesos ocurridos en esta época se encuentran:  

Jean  Zuléma Amussat (1796-1856), cirujano urólogo francés, describió el signo que lleva su nombre.

Los asesinatos de Burke y Hare en 1828 revolucionaron a la prensa y la opinión pública de la época. Los forenses de entonces tuvieron un importante desafío que resaltar. 

Gabriel Tourdes (1810-1900), definió el periodo de incertidumbre que rodea a la muerte del sujeto, que lleva su nombre.

Pedro Mata Fontanet (1811-1877), creador de la medicina forense o legal en España.

Víctor-Auguste-François Morel-Lavallée (1811-1865) puntualizó el derrame seroso que lleva su hombre. Dejó numerosas publicaciones en el terreno de la traumatología.

Eugene Bouchut (1818-1891), médico y pediatra francés, detalló el examen inmediato en la parálisis cardíaca.

Jean Pierre Megnin (1828-1905), veterinario y entomólogo médico-legal, entre otras responsabilidades puntualizó casos de caquexia expeditiva.

Henri Legrand du Saulle (1830-1886) psiquiatra, desarrolló su trabajo en Paris. Durante su juventud trabajó para el criminólogo Benedict Morel. Realizó un esbozo para diversificar lesiones vitales y post mortem.

Cesare Lombroso (1835-1909), profesor de medicina legal fundador de la criminología, italiano. Paul Brouardel (1837-1906) sugirió que el SMSL era en muchos  casos debido a espasmos de la laringe o una bronquitis capilar.

En 1871 John Brendon Curgenven describe el primer caso de muerte simultánea en gemelos. 

Alexandre Lacassagne (1843-1924), médico legista y profesor de la Facultad de Medicina de Lyon. Describió el rigor mortis.

Richard Paltauf (1858-1924), anatomo patólogo y bacteriólogo  austriaco, implicó el timo en las muertes súbitas del lactante en lo que llamó status thymo-lymphatics. Puntualizó la disgregación de las equimosis en los muertos por sumersión, más claras con los bordes diseminados.  

El italiano Pompeo Rivalta creó la prueba de Rivalta  (1895).

Robert Williams Wood (1868-1955), físico e inventor del cristal de Wood.

Hippolyte Morestin (1869-1919), profesor de anatomía y cirujano francés.

Stefan Jellinek (1871-1968), médico del trabajo austro-británico,  especializado en accidentes eléctricos, describiendo la lesión electro específica.

Camille Leopold Simonin (1891-1961), director del instituto de medicina legal de Estrasburgo.

Albert Ponsold (1900-1983), anatomopatólogo alemán, describió la hidremia compensadora. 

En Francia, la medicina legal en el sentido real del término nace a finales del siglo XIX de la mano de médicos como Leon Thoinot, Víctor Balthazar, Paul Brouardel, Alexandre Lacassagne o Auguste Ambroise Tardieu. La medicina legal ingresa en el contorno universitario en 1877 con la elección de Tardieu en el puesto de encargo de conferencias de medicina legal práctica en la Facultad de medicina de París.

En el siglo XX en el mundo hispánico destacan, entre otras, las siguientes figuras:

Antonio Piga y Pascual (1879-1952), médico forense y miembro de la Real Academia de Medicina, relató la radioscopia en la inmovilización cardíaca, así como el signo del salto traumático y el de la fractura cuádruple.

Juan Antonio Gisbert Calabuig (1912-20000), catedrático de medicina legal y toxicología (1960-1987), describió el principio de incertidumbre y las cuatro fases de la muerte. 

Eduardo Vargas Alvarado (1931-), profesor de medicina legal costarricense, ha publicado importantes trabajos de medicina legal, así como ha descrito el signo que lleva su nombre, la hemorragia del etmoides hallada en los ahogados.

Luis Alberto Kvitko (1944-), médico legista, profesor titular de la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, autor de un libro sobre los aspectos forenses de la violación.

 hectordotel45@gmail.com

JPM

Cada proceso electoral que pasa en nuestro país, nos hace pensar que la mayoría de dominicanos no sabe elegir a sus diputados y senadores.

En muchos países desarrollados, como Estados Unidos,  la mayoría de Europa, Rusia y China, los legisladores de esas naciones deben hacer comedias tomando como protagonistas a la totalidad de los congresistas dominicanos.

¿Por qué decimos estas cosas?

En la Constitución de la República está establecido el derecho a la vida desde su procreación hasta la muerte.

En esa misma Constitución, que parece que la mayoría de los legisladores no la leen porque fue aprobada en 1844 y porque otros congresistas les hicieron modificaciones, establece la obligatoriedad de preservar las áreas protegidas de nuestros recursos naturales.

Son dos temas que no deberían estar en discusión. Hace poco, el presidente de la Cámara de Diputados, señor Alfredo Pacheco, dijo que el tema del aborto sería tratado con una Ley Especial.

O sea, para el señor Pacheco la Constitución de la República está por debajo de una Ley Especial. Si la Constitución dice que el aborto está prohibido, ninguna Ley tiene mayor facultad para permitirlo. Las tres causales que defienden los abortistas, es la misma cosa con diferente nombre.

Sería importante escuchar la versión del presidente del Senado, Eduardo Estrella. Lo mismo ocurre con la intención de seguir explotando a Loma Miranda.

Esa es zona área protegida. ¡No hay que discutir ningún aspecto que se divorcie de la Constitución y la Ley! ¡Son dos temas que deberían estar cerrados!

El Presidente Luis Abinader debe ordenar el cierre de esos temas. Nadie en el país está por encima de la Constitución y la Ley. El gobierno debe evitar protestas innecesarias. No hay razón para que el Presidente Abinader, que recibió un gran apoyo de sectores religiosos en la pasada campaña electoral, esté permitiendo que en su gobierno se trate de violar la Constitución aprobando el aborto.

Su postura también debe enfocarse sobre la defensa de Loma Miranda.  De no hacer pública su postura en defensa del no aborto y no explotación de Loma Miranda, es porque el jefe de Estado está de acuerdo con esas aberraciones.

No se puede permitir que los que nunca llenan los bolsillos de millones de dólares, euros o pesos, se sigan burlando de la mayoría de dominicanos.

luiscespedesp49@gmail.com

JPM