POR RAFAEL RAMIREZ MEDINA 

La palabra corrupción proviene del latín corruptio, que implica acciones como dañar, corromper o sobornar a alguien. En el ámbito social y político, la corrupción representa una de las mayores amenazas para el bienestar colectivo y el desarrollo sostenible de un país.

En muchas naciones especialmente en países en vías de desarrollo la corrupción gubernamental se ha convertido en una práctica sistemática. En lugar de servir al pueblo, muchos funcionarios públicos utilizan sus cargos para enriquecerse de manera rápida e ilícita.

Esta conducta tiene raíces profundas, la falta de educación cívica, la carencia de conciencia social, la ausencia de una cultura del compromiso, y la adopción de paradigmas distorsionados que ven al poder como una vía de lucro personal y no como una responsabilidad.

Esta cultura del enriquecimiento fácil transmite un mensaje nocivo a las futuras generaciones, que el éxito se consigue sin esfuerzo, sin ética y sin responsabilidad. Es un legado tóxico. Como decía nuestro prócer Juan Pablo Duarte:

“La política no es una especulación; es la ciencia más pura y la más digna, después de la filosofía, de ocupar las inteligencias nobles”.

Lamentablemente, muchos de nuestros políticos han traicionado este ideal con sus acciones. Lejos de ser líderes inspiradores, se han convertido en símbolos de lo que no debe ser.

El papel de la familia y la educación es fundamental, el hogar es el primer espacio de formación ética. Los padres tenemos la responsabilidad de inculcar a nuestros hijos valores como la honestidad, la integridad, la justicia, la responsabilidad y, sobre todo, el amor a la patria. No podemos delegar esta tarea únicamente al sistema educativo.

Formación cívica

Sin embargo, también es urgente que el Estado asuma su rol en la formación cívica. La reintegración de la asignatura Moral y Cívica en los niveles primario y secundario es esencial para sembrar en los jóvenes una conciencia social y ciudadana que les permita rechazar la corrupción desde sus raíces.

La Corrupción es un problema compartido. Es cierto que para que haya funcionarios corruptos, también deben existir ciudadanos corruptores. Desde el conductor que paga un soborno para evitar una multa hasta la gran empresa que evade impuestos o compra favores políticos, muchos de nosotros contribuimos conscientemente o no al mantenimiento de este sistema.

Este círculo vicioso impacta a toda la sociedad. Las obras públicas con sobreprecios, los servicios deficientes, y la malversación de fondos estatales son consecuencias directas de prácticas corruptas que empobrecen al país. Al final, somos los ciudadanos quienes pagamos el precio: con peores servicios, con impuestos más altos y con menos oportunidades para progresar.

El impacto económico y social de la corrupción tiene efectos devastadores en la economía. Aumenta los costos para las empresas, desalienta la inversión extranjera y crea un entorno de desconfianza generalizada.

Las pequeñas y medianas empresas, en particular, son las más afectadas, ya que no pueden competir en igualdad de condiciones con aquellas que se benefician de relaciones corruptas.

A nivel social, la corrupción amplía la brecha entre ricos y pobres, alimentando la desigualdad y debilitando la confianza en las instituciones. Los recursos que deberían destinarse a salud, educación, infraestructura o seguridad, terminan en manos privadas, obstaculizando el desarrollo y perpetuando la pobreza.

Hago un llamado a la acción a la lucha contra la corrupción, castigo real y cero impunidades que es, quizás, el combustible más potente que alimenta este flagelo. De nada sirve denunciar, si no hay consecuencias. De nada sirve exigir transparencia, si quienes cometen actos de corrupción no enfrentan la justicia.

Es urgente que el gobierno implemente un régimen de consecuencias firme, justo y sin excepciones. La ley debe aplicarse con la misma severidad para todos, sin importar el rango, el partido político o el poder económico del infractor.

La corrupción no se combate con discursos; se combate con acción, voluntad política y mano dura cuando sea necesario.

Nuestro país necesita ver resultados. Necesita ver corruptos enjuiciados, bienes mal habidos recuperados y políticas públicas que fortalezcan la institucionalidad. Solo así podremos comenzar a sanar las heridas profundas que la corrupción ha dejado en nuestro tejido social.

El mensaje debe ser claro, quien robe al Estado, le roba al pueblo y quien le roba al pueblo, debe pagar con todo el peso de la ley.

Decir “NO” a la corrupción no es solo un acto de protesta; es una decisión consciente de construir un país más justo, más próspero y más digno para las futuras generaciones.

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