El 18 de septiembre de 1924 salieron del país formalmente los últimos soldados de los Estados Unidos de América que, tras la yugulación de la soberanía nacional y la liquidación de la Segunda República en 1916, habían sido el odioso y cerril soporte de la dictadura militar que rectorizó la vida de los dominicanos durante aproximadamente ocho años.  

La salida fue pactada a través del denominado Plan Hughes-Peynado, acordado en junio de 1922 (luego de que fracasaran proyectos similares, como el Plan Wilson y el Plan Harding)  pero firmado el 23 de septiembre del mismo año entre varios líderes políticos dominicanos (Francisco J. Peynado, Horacio Vásquez, Federico Velásquez y Elías Brache, secundados por monseñor Adolfo Alejandro Nouel) y representantes del gobierno estadounidense (el secretario de Estado Charles Evans Hughes y el reconocido diplomático Sumner Welles). 

El Plan Hughes-Peynado contemplaba, entre otras estipulaciones, la designación de un presidente provisional, la celebración de elecciones, la validación de muchos de los actos jurídicos de la dictadura militar, el mantenimiento de los compromisos crediticios contratados por ésta, el reconocimiento de las tarifas arancelarias de 1919 (que favorecían a cerca de mil productos estadounidenses), el retiro de las tropas invasoras después de los comicios, y el respeto por parte del nuevo gobierno de la Convención Domínico-Americana de 1907.   

El Plan Hughes-Peynado fue denunciado vigorosamente por sectores nacionalistas criollos que eran partidarios de la desocupación “pura y simple” (como, por ejemplo, la Asociación de Jóvenes Independientes, liderada por Viriato Fiallo, Manuel Patín Maceo, J. Rafael Bordas, Max Garrido, Tulio Pina, Manuel Arturo Peña Batlle y otros), en el entendido de que aquel instrumento era no solo un reconocimiento de la autoridad ilegítima de los ocupantes sobre el territorio nacional, sino también un inaceptable acto de componenda que dejaba al Estado dominicano atado a la política y los intereses de los Estados Unidos.   

No obstante, el 21 de octubre de 1922 sería juramentado como presidente provisional Juan Bautista Vicini Burgos, rico hacendado y comerciante afecto al gobierno de los Estados Unidos, quien, actuando prácticamente como albacea del régimen de ocupación, sortearía múltiples inconvenientes (las asfixiantes presiones de los invasores estadounidenses, la resistencia de los ya aludidos opositores al plan de evacuación, etcétera) y convocaría las elecciones para el 15 de marzo de 1924.  

Las elecciones se celebraron en la fecha acordada, y resultó ganador en ellas Horacio Vásquez, quien se había enfrentado a Francisco J. Peynado. En el mes de junio, el Senado y la Cámara de Diputados, luego de discutir dos proyectos de Constitución presentados, se reunieron como Asamblea Constituyente, y el día 13 de junio de 1924 se votó un nuevo texto, que en lo atinente al régimen de elección presidencial establecía la votación directa, el período de cuatro años y la prohibición de la reelección sucesiva (artículo 44).       

Vásquez se juramentaría el 12 de julio de 1924, y las tropas estadounidenses comenzarían a retirarse del territorio nacional ese mes y, como ya se ha dicho, terminarían de hacerlo el siguiente, con lo cual quedaría reestablecida la soberanía nacional y se crearían las bases para el nacimiento de la Tercera República.   

Era de creencia general que el período presidencial de Vásquez vencía en 1928, pero desde 1926 gente vinculada o integrada a su administración empezó a hablar de que, dado que aquel había sido electo sin que estuviera en vigor la Constitución de 1924, el fundamento de esa elección había que buscarlo en la Constitución de 1908, que establecía un período de seis años (artículo 47), y en consecuencia -se alegaba- tal período llegaba a su fin en 1930.  

En realidad, esa interpretación politiquera, aunque acunada en aparentemente sesudas consideraciones constitucionales, era del todo incierta, pues si bien Vásquez no había sido electo con la Constitución de 1924, inexistente al momento en que se habían efectuado las votaciones, tampoco lo había sido con la de 1908, que había quedado aniquilada por la ocupación militar estadounidense, lo mismo que la de 1916 (al margen de la discusión interna sobre su validez).   

El verdadero fundamento de esas elecciones estaba en el Plan Hughes-Peynado (y su “modus operandi”), que fue el documento político-legal que le sirvió de plataforma, y el mismo implicaba expresamente la realización de la reforma constitucional de 1924, por lo cual ésta en realidad se situaba bajo el amparo de aquella.   

La controversia sobre ese tema, empero, dominaría la vida política nacional desde entonces y durante los meses subsiguientes, y la opinión inclinada a la interpretación favorable a la ampliación del período de Vásquez cobró tal fuerza que en el año de 1927 el gobierno patrocinó e impuso una nueva reforma a la Carta Magna: la votada el 15 de junio de ese año.   

Esa reforma fue conocida como “La prolongación”, pues su objetivo esencial fue extender el mandato de Vásquez hasta 1930, tal y como quedó consagrado en el ordinal séptimo de las disposiciones transitorias, con la sola condición de que se juramentara de nuevo ante la Asamblea Nacional el 16 de agosto de ese mismo año.  

El 9 de enero de 1929, también bajo la administración de Vásquez, se votaría una nueva reforma constitucional, pero la misma estaría limitada al artículo 3, relativo a los límites territoriales de la república y, en especial, a la demarcación de la línea fronteriza con Haití. Así, el resto del texto se mantendría incólume, incluyendo la parte concerniente al régimen de elección presidencial.       

Bajo el alegato de que la precedente de enero fue de urgencia y quedaban temas importantes que considerar, una nueva reforma se impulsaría desde el gobierno, y ésta se votaría el 20 de junio de ese mismo año de 1929. Entre otras materias, con esta reforma, y siguiendo las recomendaciones de la Exposición de Motivos que se envió a la Asamblea Revisora (verla en Peña Batlle, M.A., “Constitución política y reformas constitucionales”, 1944, pp. 440-460), se modificó una parte del régimen de elección presidencial: por la vía de la omisión (o sea, no mencionando el tema, aunque en la propuesta que se presentó había toda una reflexión histórico-política para justificar el cambio), ahora se permitía la reelección sin restricciones de ningún tipo.   

Vásquez, enfermo y desacreditado en el tramo final de su mandato, saldría del poder por el camino no electoral en febrero de 1930 debido a la insurgencia del llamado “Movimiento Cívico”, una alianza de opositores golpistas (republicanos, liberales, progresistas, exhoracistas, etcétera) y militares de alta graduación (dirigidos por el jefe del Ejército, general Rafael L. Trujillo) que se alzó en armas desde Santiago bajo el liderato civil de Rafael Estrella Ureña, y obligó a aquel a resignar la presidencia de la república en favor de este último el 3 de marzo de 1930.  

El gobierno de Estrella Ureña convocaría a elecciones para el 16 de mayo de ese mismo año de 1930 y, tras una campaña electoral caracterizada por la represión (militar y paramilitar), la extorsión gubernamental y el fraude, fue proclamada ganadora la fórmula oficialista integrada por Trujillo y Estrella Ureña (con el retiro de la oposición, encarnada en el binomio Federico Velásquez-Ángel Morales), quienes se juramentarían el 16 de agosto.  

 Con esa juramentación, como se sabe, se iniciaría, a pesar de la posterior desafección de Estrella Ureña, el régimen dictatorial que Trujillo encabezaría por mas de treinta años, y que devendría, más allá de las apuestas de sus alabarderos y las abominaciones de sus críticos, en el más duradero trauma histórico del pueblo dominicano. 

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JPM