La operación militar estadounidense que sacudió la soberanía venezolana y la tragedia natural que hoy mantiene bajo los escombros a buena parte de la República Bolivariana de Venezuela colocan a ese país ante dos pruebas de naturaleza distinta, pero de enorme impacto político, humano y social.

Una nació del cálculo y los intereses geopolíticos y del uso unilateral de la fuerza, en tanto la otra, de la furia imprevisible de la tierra, aunque sus efectos se agravan sobre una sociedad castigada por años de sanciones, bloqueo económico y deterioro material.

En los primeros seis meses de 2026, Venezuela ha pasado de la conmoción política provocada por una operación militar estadounidense, y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, a una emergencia sísmica que concita atención, dolor y solidaridad mundial.

La tragedia obliga a mirar más allá del evento natural, porque ningún terremoto discrimina socialmente, pero sus consecuencias sí golpean con mayor crueldad allí donde los hospitales, los equipos de rescate, la infraestructura, el combustible y la capacidad estatal han sido debilitados por una larga guerra económica.

De ahí que, en medio de los escombros, lo que debe quedar claro es que Venezuela necesita ayuda, no cálculo político; solidaridad, no tutelaje; cooperación, no chantaje.

La tragedia natural ha convocado a una comunidad internacional que se ha manifestado con alto espíritu altruista, humanitario y solidario, pero también la llama a revisar una política de sanciones que, en nombre de la democracia, castiga hospitales, niños, ancianos, trabajadores y familias enteras, porque si la tierra golpeó sin discriminar, la solidaridad tampoco debe discriminar, ni mucho menos condicionarse al derecho de los pueblos y las naciones a su libre determinación.

La tragedia natural sobre una sociedad debilitada

Los dos terremotos que estremecieron a Venezuela, con magnitudes reportadas de 7.2 y 7.5, no solo derrumbaron edificios, carreteras, hospitales y viviendas, sino que también dejaron al descubierto las profundas vulnerabilidades acumuladas por una sociedad sometida a presiones extremas. La Guaira, Caracas y otras zonas del país se convirtieron en escenarios de dolor, búsqueda desesperada y destrucción material, mientras miles de familias quedaron atrapadas entre el duelo, la incertidumbre y la espera de noticias sobre sus seres queridos.

Toda catástrofe natural tiene un componente inevitable, pero ninguna tragedia se expresa al margen de las condiciones sociales en que ocurre, por lo que un sismo de gran magnitud como el que afecto a Venezuela no pregunta por ideología, clase social ni filiación política, pero  sus catastróficos efectos sociales se multiplican, y son más dolorosos, cuando encuentra hospitales sobrecargados, equipos sin repuestos, servicios públicos debilitados, viviendas sin mantenimiento adecuado y una economía forzada durante años a operar bajo restricciones que limitan incluso la capacidad de responder ante una emergencia nacional.

De ahí que reducir la tragedia venezolana a un simple desastre natural sería una forma de ocultar la dimensión estructural en el que encuentra al país suramericano. La tierra tembló por razones geológicas, pero la magnitud social del desastre también habla de sanciones, bloqueo financiero, deterioro inducido y pérdida de capacidades materiales para enfrentar una emergencia de gran escala. Allí donde debieron entrar retroexcavadoras, ambulancias, plantas eléctricas, medicinas, combustible y equipos especializados, apareció con crudeza el costo acumulado de una política de asfixia.

Del asedio militar al bloqueo económico

La operación militar estadounidense contra Venezuela no puede verse como un episodio aislado ni desconectado del cuadro actual.

Forma parte de una estrategia de presión prolongada, donde la amenaza militar, la guerra de baja intensidad, la criminalización del adversario político y la narrativa del narcoterrorismo han servido para justificar despliegues, sanciones y mecanismos de tutela sobre un país formalmente soberano. Bajo ese marco, la tragedia natural encuentra a Venezuela herida antes de que la tierra terminara de abrir sus grietas.

Desde el 2015, cuando Venezuela fue declarada “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad de Estados Unidos, el país suramericano quedó colocado en una ruta de hostigamiento económico y sanciones que se radicalizaron en los años posteriores, y terminaron golpeando la vida cotidiana: importación de medicamentos, mantenimiento eléctrico, movilidad, combustibles, repuestos, maquinaria pesada, financiamiento internacional y funcionamiento general del Estado.

Oportuno es advertir que quienes intentan convertir la tragedia venezolana en política carroñera omiten adrede que ninguna nación puede responder plenamente a un desastre de esta magnitud si antes ha sido sometida a restricciones que limitan su capacidad material y condicionan su derecho a la libre determinación.

Y mucho menos se puede pretender descubrir ahora, entre ruinas y cadáveres, las condiciones calamitosas que desde hace años padece el pueblo venezolano, cuando esas condiciones han sido denunciadas con persistencia por quienes siempre advirtieron que el bloqueo no era una abstracción diplomática, sino una forma concreta de castigo colectivo contra la vida material de una nación
La crítica al gobierno venezolano podría tener espacios legítimos, pero resulta moralmente inaceptable borrar de la ecuación el papel de Washington y de sus aliados europeos en la destrucción progresiva de capacidades esenciales para proteger vidas humanas.

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De Eugenio Miches es necesario decir también que el presidente José María Cabral y Luna lo confirmó en su rango de general de división mediante decreto del 16 de mayo de 186, y el primer mandatario de la nación Fernando A. de Meriño lo nombró gobernador de la referida provincia de El Seibo, el 9 de enero de 1881.

Es oportuno señalar, en clave de rectificación de un texto que aparece en algunos libros de historia nacional, que no fue el general Miches quien sugirió en la casa del general Ulises Heureaux que el gobierno de Meriño se extendiera 2 años más, mediante elecciones, sino el general Isidro Pereira, lo cual dicho sea de paso fue desestimado. (Ver Gaceta Oficial No.503 del 24-3-1884).

Cuando el general Ulises Heureaux (Lilís) ascendió de nuevo al poder el 6 de enero de 1887 (para quedarse allí hasta que lo mataron en la ciudad de Moca el 26 de julio de 1899) el general Miches se convirtió en uno de sus principales colaboradores regionales.

Sus servicios a la dictadura encabezada por Heureaux se comprueban en un surtido paquete de comunicaciones que reposan en el Archivo General de la Nación. Algunas de esas cartas nunca han sido reveladas, pero unas pocas aparecen comentadas por historiadores. (Ulises Heureaux, biografía de un dictador. Editora Corripio, 1989. Pp.13, 174 y 273. Mukien A. Sang).

A contrapelo de su espíritu guerrero, el general Miches era un gran cultivador de amistades en diferentes ambientes. Tuvo cientos de compadres y ahijados que veneraban su figura y respetaban su don de mando, su recio carácter y su capacidad disuasoria. Esas características suyas, cuando se trataba de asuntos militares, se escondía en su lenguaje ríspido, con órdenes tajantes, aunque ya estuviera retirado de los asuntos públicos, ejerciendo aquello denominado como el reposo del guerrero.

Vale decir, en abono al sentido abierto de la amistad que tenía, que en los papeles del famoso cura, político y diplomático Gabriel Benito Moreno del Christo, seguidor del varias veces gobernante Buenaventura Báez (este fue verdugo de Miches) hay una nota que dice así: “De paso por este pueblo, dejo en este Álbum una expresión de cariño a mi querido amigo el señor canónigo Moreno. Higüey, 25 de febrero de 1875. Eugenio Miche”.

Como hombre de personalidad multifacética cabe decir que en 1876 el general Miches se dirigió al Cibao encabezando a cientos de tropas y decenas de oficiales para defender al presidente Ulises Francisco Espaillat, cuyo gobierno estaba amenazado por grupos insurrectos encabezados por el ardoroso baecista Gabino Crespo, y detrás de ellos varios de los de siempre, aquellos que hacen política para medrar desde el poder.

En esa ocasión entre sus acompañantes estaba el general Julián Zorrilla, una destacada figura política y militar de El Seibo. Zorrilla luego fue ministro de Interior y Policía en el gobierno de José Bordas Valdez y durante los años 1912-1913 fue presidente del Senado de la República.

Para que se tenga una idea de las precariedades que sufrían las tropas bajo el mando de Miches, en aquel operativo militar cibaeño (que fue a la postre infructuoso porque el ilustre Espaillat fue forzado a renunciar), basta leer las cartas que se remitieron este y el prócer Bonó desde La Vega y San Francisco de Macorís, respectivamente, los días 14 y 16 de agosto de 1876. (Papeles de Pedro Francisco Bonó. Editora del Caribe, 1964. Pp.436 y 437).

La historia registra que en el 1885, siendo gobernador de El Seibo, el entonces presidente de la República, general Alejandro Woss y Gil, lo designó sin previo aviso como ministro de Guerra y Marina. Él rechazó ese elevado cargo, alegando que lo alejaría de la tierra a la que estaba muy apegado. Falleció el 25 de octubre de 1899.

En otro aspecto, no vinculado con las armas, es de justicia recordar que los inmensos cacaotales que desde la Restauración hasta comienzo de la tercera década del siglo pasado abundaban en Higüey fueron iniciativa de él y del general Eustaquio Ducoudray.

Lo que antes era el poblado Jovero, en el noreste del país, fue designado mediante la Ley 1186, del año 1936, con el nombre de Miches, en honor al personaje objeto de esta crónica. Es uno de los municipios más pujantes de la provincia de El Seibo.

El municipio de Miches es tierra de vocación agropecuaria. En los últimos años se ha transformado en turístico, con varios proyectos hoteleros funcionando allí de manera ascendente. Ese vibrante pueblo del oriente dominicano está situado frente a la bahía de Samaná. Es tierra con una amplia costa atlántica.

Por DAVID FONSECA

Venezuela ha declarado el estado de emergencia tras los potentes terremotos del pasado 24 de junio, los cuales provocaron el colapso de numerosos edificios en distintas zonas del país, dejando un trágico saldo de al menos 1,943 muertos y cerca de 10,000 heridos (para la fecha de publicación de este artículo).

Ante la magnitud de la tragedia, varios países han expresado su solidaridad con el pueblo venezolano y han comenzado a coordinar a la mayor brevedad el envío de suministros y equipos de rescate hacia las áreas más afectadas. Sin perder tiempo, el gobierno venezolano organizó los operativos de búsqueda y salvamento, contando con la participación de contingentes internacionales.

Una década de sanciones obstaculiza la respuesta ante el desastre

El viceministro de Política Antibloqueo de Venezuela, William Castillo, informó en mayo que el país ha sido objeto de 1,088 medidas coercitivas unilaterales durante los últimos 11 años, de las cuales 1,040 permanecen activas. Desde 2015, Washington ha impuesto más de 1,000 sanciones económicas que dificultan severamente la adquisición de medicamentos, una situación que se vuelve crítica dado que varios hospitales se encuentran colapsados por la cantidad de heridos.

Estas sanciones estadounidenses, sumadas a la crisis económica derivada, entorpecen las labores de rescate. Los equipos de emergencia deben remover escombros y buscar sobrevivientes con recursos muy limitados, lo que reduce drásticamente el tiempo disponible para encontrarlos con vida. La situación se ha agravado aún más debido a los masivos apagones en gran parte del país, que también han interrumpido las telecomunicaciones, dejando a miles de venezolanos en el exterior sin posibilidad de comunicarse con sus familias.

Esta vulnerable realidad se ha visto propiciada por las sanciones y la política agresiva de Washington. Durante años, el gobierno venezolano ha operado bajo un asfixiante bloqueo que ha mermado su capacidad para suministrar o producir los materiales necesarios para afrontar desastres naturales de esta envergadura. Washington era consciente de la escasez de insumos médicos en el país; por ello, uno de los primeros envíos de EE. UU. tras el secuestro de Nicolás Maduro consistió en 65 toneladas de suministros médicos, lo que representa un reconocimiento no oficial del impacto de sus propias sanciones.

Este impacto directo también se evidencia en las estaciones de monitoreo e investigación sísmica de Venezuela, cuyas restricciones financieras han impedido su actualización tecnológica, obligando al gobierno a cerrarlas parcialmente.

Washington intenta limpiar su reputación

Tras los terremotos del 24 de junio, Estados Unidos afirmó estar en contacto con las autoridades venezolanas y movilizando asistencia para la nación sudamericana, históricamente afectada por el embargo de Washington. Donald Trump fue uno de los primeros líderes en prometer apoyo: «EE. UU. está listo, dispuesto y capaz de ayudar. Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos».

Asimismo, el gobierno estadounidense emitió la Licencia General 60 de la OFAC, una autorización temporal vigente hasta el 23 de octubre de 2026 que permite procesar transacciones vinculadas a la asistencia humanitaria para los damnificados. Aunque parece una medida positiva, no resuelve el obstáculo de fondo. El economista Francisco Rodríguez explica que estas licencias limitadas son insuficientes para que los recursos fluyan con rapidez, ya que muchas instituciones financieras internacionales siguen bloqueando o retrasando las operaciones por temor a violar el régimen general de sanciones.

Por otro lado, Estados Unidos envió un contingente considerable de rescatistas para sumarse a las tareas de salvamento, y diversos medios han difundido imágenes de estos equipos trabajando codo a codo con el personal venezolano.

Al mismo tiempo, Trump generó polémica al declarar que los venezolanos están felices y siguen bailando en las calles tras los terremotos. Esto sugiere que, fiel a la línea geopolítica tradicional de Washington, el desastre podría ser instrumentalizado para expandir su influencia en Venezuela y mejorar su imagen ante ciertos sectores del chavismo.

Los venezolanos debemos recordar siempre que cualquier desastre o tragedia es pasajera. Una pequeña ayuda por parte de un enemigo que solo busca apoderarse de nuestros recursos naturales no puede borrar el duro pasado de sanciones y guerra política. Además, nunca olvidaremos que los mismos estadounidenses invadieron Venezuela el 3 de enero de 2026 para secuestrar al presidente legítimo, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores. Resulta que murieron 32 militares cubanos y 47 militares venezolanos.

En la historia contemporánea del país existe un precedente: en 1999, tras los deslaves en el estado Vargas (hoy La Guaira), el entonces presidente Hugo Chávez rechazó la ayuda norteamericana y el país logró recuperarse por sus propios medios. Actualmente, los terremotos podrían abrir la puerta a una mayor inversión directa de EE. UU. en infraestructuras clave como el agua potable y la reconstrucción general; sin embargo, bajo esta perspectiva, esto podría acarrear graves pérdidas de soberanía nacional.

Amenaza percibida por la presencia militar EE.UU en Venezuela

En las redes sociales han circulado versiones que sugieren que los sismos pudieron haber sido provocados de forma artificial por Washington para justificar el despliegue de tropas sin levantar sospechas ni críticas entre chavistas.

Washington tiene experiencia en este campo. Durante la Guerra Fría, el gobierno estadounidense detonó 928 bombas nucleares subterráneas en el Sitio de Pruebas de Nevada, detonaciones que generaron sismos artificiales inmediatos en las zonas cercanas. Dado que Venezuela se ubica en una región de alta actividad sísmica, en teoría se podría realizar una operación similar sin atraer demasiada atención, especialmente al contar con el control total de la zona marítima (de hecho, para la fecha de publicación de este artículo, Washington mantiene un bloqueo marítimo sobre Venezuela).

En cualquier escenario, Washington ya ha desplegado más de 900 efectivos en territorio venezolano. Lo curioso es que los «rescatistas» estadounidenses cuentan con equipamiento propio de las fuerzas especiales, como gafas de visión nocturna. Aunque se podría suponer que estos visores incluyen tecnología térmica para facilitar el rescate, todavía no ha salido a la luz ningún video que demuestre su uso por parte de los militares norteamericanos.

Esto es lo que se conoce como una «invasión silenciosa», un campo en el que Washington se maneja como un jugador profesional.

¿Cuál sería su posible estrategia? En realidad, es bastante sencilla. Limpiar los escombros y reconstruir el país por completo podría tomar meses o incluso años; durante todo ese tiempo, Washington se encargaría de difundir videos que muestren la labor humanitaria de sus rescatistas. Paralelamente, presionarían al gobierno venezolano para que invite a sismólogos e ingenieros sísmicos estadounidenses a los centros científicos locales, bajo el pretexto de organizar una colaboración conjunta.

El paso final sería establecer en Venezuela un centro conjunto de estudio sísmico, integrado por miembros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. (USACE). Dado que el USACE se encarga de gestionar y diseñar infraestructura clave —como vías fluviales, puertos, presas y proyectos de mitigación de desastres—, la justificación estaría servida. Por supuesto, la seguridad de estas instalaciones quedaría en manos de militares de las fuerzas especiales. De este modo, Washington lograría fundar, de manera sutil, una base militar en territorio venezolano.

Al demostrar la ventaja de la presencia estadounidense en el país, la Casa Blanca propondría a Caracas el despliegue de sus militares bajo el marco de la iniciativa Escudo de las Américas. Una presencia militar permanente no solo permitiría monitorear mejor la situación interna, sino también prevenir amenazas contra los intereses nacionales de Washington. En última instancia, el objetivo general de la Casa Blanca es desmantelar la ideología del chavismo para consolidar un aliado bajo su control.

Por su parte, la oposición venezolana ya ha dejado un ejemplo elocuente de cómo funcionan los vínculos amistosos con Washington. Esto quedó en evidencia cuando la líder opositora, María Corina Machado, se vio obligada a solicitar el permiso de la Casa Blanca para regresar a Venezuela tras los terremotos; una petición que frustró a los altos funcionarios estadounidenses, quienes finalmente no autorizaron su retorno.

Los terremotos eventualmente pasarán, pero sus repercusiones políticas amenazan con perdurar. La asistencia internacional, especialmente la de Estados Unidos, no debería transformarse bajo ningún concepto en una ocupación militar, ya sea de carácter temporal o permanente.

dfonsecaperiodista@gmail.com

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