Leí hace unos días la información de que unos esposos de Nueva Jersey estaban demandando a la cadena de donas Dunkin´Donuts porque el esposo se quemó con el café caliente que le sirvieron cuando este se derramó, sufriendo quemaduras de segundo y tercer grado y tuvieron que pagar varias facturas médicas.

La esposa demandó a dicha cadena por la pérdida de la ayuda, comodidad, compañerismo conyugal y consorcio de su esposo. (Diario Libre, martes 19 de abril de 2022, página 19: Demandan a Dunkin Donuts)

Que una persona demande al establecimiento comercial donde compró un café caliente y que al derramarse causara quemaduras al comprador, no es nada nuevo, pues ya antes yo mismo había relatado al señalar algunos casos de los Stella Award, como Stella Liebeck, la cual, en 1992, teniendo 79 años de edad, sufrió un accidente en un McDonald’s  al caérsele encima un café que había pedido, lo que le produjo en su cuerpo quemaduras diversas, siendo indemnizada con 2.9 millones de dólares.

Desde entonces en las tazas de café se advierte que el contenido está muy caliente y de su peligro. A este caso me referí en mi Tratado de responsabilidad civil. (Tratado práctico de responsabilidad civil dominicana, p. 48, ed. 2018, donde copié las palabras pronunciadas en ocasión de la puesta en circulación de la sexta edición de dicha obra).

En el artículo «Una aproximación a la licuefacción de la responsabilidad civil» quiero referirme no a la demanda del marido por los daños directos sufridos a consecuencia del café caliente, sino al aspecto de la demanda planteado por la esposa de quien sufriera las quemaduras a consecuencia del café caliente, en cuanto a que persigue la reparación de daños y perjuicios por la pérdida de la ayuda, comodidad, compañerismo conyugal y consorcio de su esposo.

Como se observa, la demanda se refiere fundamentalmente a lo que en nuestro país podríamos calificar como daños morales por rebote o por repercusión. Sobre los precedentes en casos similares en Estados Unidos de América, no parece haber duda de que se llegará a un acuerdo en cuanto a la demanda o esta será acogida por algún tribunal.

La pregunta que surge es si de haber ocurrido el caso en la República Dominicana los tribunales acogerían la demanda de la esposa sobre la base de lo por ella argumentado. Analicemos el caso aquí.

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La propuesta de modificación del artículo 61 de la Ley Núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, presentada por la Junta Central Electoral en la Mesa del Diálogo Presidencial para la Reforma Electoral, que coordina el Centro Económico y Social (CES), y, recientemente, depositada en el Senado de la República, es, sin lugar a duda, una de las más polémicas de las sugeridas por el órgano electoral.  

El referido artículo 6 regula la distribución del financiamiento que reciben los partidos de manos del Estado, un tema de extremo interés para los partidos, que, como es de esperarse, provocará un profundo rechazo de parte de algunos partidos políticos, principalmente, la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que son los dos principales beneficiarios del actual modelo de distribución del financiamiento público.   

Igual que en la mayoría de los países latinoamericanos, en la República Dominicana funciona un sistema mixto de financiamiento, en el que se combinan el subsidio público y la contribución privada. Este sistema permite que los partidos puedan completar con la contribución privada los gastos de las campañas electorales, las cuales, debido a su elevado costo, no se cubren totalmente con el financiamiento del Estado.  

No obstante, en la motivación de su propuesta, el principal órgano electoral recuerda, con certeza, que “la distribución del financiamiento público, conforme a la doctrina especializada, puede ser clasificada en sentido general en cuatro: i) de manera proporcional conforme la fuerza electoral; ii) de forma proporcional conforme la representación parlamentaria; iii) de forma mixta, tomando en cuenta la fuerza electoral y una distribución equitativa entre todas las organizaciones; y iv) otra forma mixta, combinando la distribución proporcional por fuerza electoral y otra por representación parlamentaria”. 

Para la JCE, el criterio empleado en la distribución del financiamiento público es notoriamente inequitativo, tomando en consideración que: 1) Un ochenta por ciento se divide en partes iguales entre los partidos que hayan obtenido más del 5 por ciento de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones; 2) Un doce por ciento entre todos los que hayan alcanzado más del uno por ciento y menos del cinco por ciento; y 3) Un ocho por ciento entre los partidos que hayan alcanzado entre cero punto cero uno por ciento y uno por ciento de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones.  

Como una muestra de la inequidad de la distribución del financiamiento público, mediante el actual mecanismo, la Junta presenta en su propuesta un informe de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), que refleja que cada voto del partido más votado tiene un valor de RD$92.40, mientras que el voto del menos votado tiene el desproporcionado valor de RD$3,963.00.  

Frente a la distorsión e inequidad provocada por la distribución de los fondos del financiamiento público, la JCE propone que se haga de la manera siguiente: 1) Un treinta por ciento, distribuido en partes iguales entre todos los partidos políticos, independientemente del resultado electoral, incluyendo los partidos políticos de nuevo reconocimiento. 2) Un setenta por ciento, distribuido de manera proporcional a los votos válidos obtenidos por cada partido, agrupación y movimiento político de forma individual, en los niveles de elección presidencial, senatorial, de diputaciones y municipal.  

Ya la Junta hizo la propuesta, ahora le toca opinar a los partidos, de manera principal al PRM y al PLD, por un lado, y a la FP y al PRD por el otro.  

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La mayoría de los vehículos del transporte público que utilizan el GLP como combustible, no cuentan con un sistema apropiado, aprobado por los organismos de seguridad, sino, uno rústico y rudimentario, lo que constituye una bomba de tiempo, pues pone en peligro al conductor, a los pasajeros y a los transeúntes.

Lo peor sucede cuando este combustible es utilizado en minibuses destinados para el transporte de niños y niñas a escuelas y colegios, con un tanque de gas moviéndose en su interior. Desgraciadamente las autoridades y los organismos de seguridad, responsables de evitar que estos hechos continúen produciéndose, se hacen de la vista gorda y no toman las medidas preventivas correspondientes.

Para que tengamos una idea del mal manejo que se le viene dando al uso del GLP como combustible en el transporte público y escolar, así como el alto riesgo a que estamos siendo sometidos, algunos conductores utilizan el mismo cilindro de gas de la estufa de sus casas para colocarlo en sus vehículos.

Imaginémonos, Dios no lo quiera, que en un entaponamiento en uno de los túneles o elevados, se produzca la explosión de uno de los tantos vehículos destartalados que circulan por nuestras calles, por causa de un tanque de gas instalado de forma irregular, serian muchas las pérdidas humanas que se producirían.

Hace unos meses, en un taller de reparación de aire acondicionado en La Vega, se incendiaron cinco vehículos, debido a la explosión de un tanque de gas propano utilizado en uno de ellos. Por suerte esa vez no se produjeron pérdidas humanas.

Es muy importante que, en estos momentos, en que se discute una alianza pública-privada para la revisión e inspección (revista) de todos los vehículos que circulan a nivel nacional por nuestras calles, avenidas y autopistas, se recomiende la prohibición de la instalación de este sistema irregular de combustible, por el grave peligro que este representa para nuestra población, pues cada vez que se producen accidentes, estos vehículos se incendian.

No es lo mismo un sistema de gas natural original, instalado en un vehículo, que uno que se instala de forma rudimentaria e ilegal. Esperamos que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), que es el órgano nacional rector del sistema de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana, los cuerpos de bomberos y demás organismos de seguridad y rescate, asesoren al Poder Ejecutivo en esta importante materia.

El Estado dominicano debe establecer políticas públicas para favorecer a los propietarios de los vehículos que, al momento de su inspección, no califican para continuar operando y serian sacados de circulación. Ojalá que así sea.

jpm-am

Conceptuado José Ramón López (1866-1922) como exponente del “gran pesimismo dominicano” a raíz de su ensayo La Alimentación y las Razas (1896), posteriores estudios integrales de su obra multifacética lo han revelado agudo observador de su época, dotado de mayor rigor conceptual, con perfil reformador democrático y progresista.

A textos de J. Balaguer, F. Henríquez Gratereaux, F. A. Avelino, R. Brea, M. Baud, H. Hoetink, se agregan las compilaciones esclarecedoras de A. Blanco Díaz, y los ensayos de R. Cassá, R. González, A. Peña, F. Ferrán, M.A. Fornerín, y E. Canela.

En La Paz en la República Dominicana, subtitulada Contribuciones al estudio de la Sociología Nacional (1915), López pasa revista a males crónicos de nuestra sociedad, castigada por las revoluciones de Concho Primo atizadas por riñas de caudillos. Afirmando que “a los hombres no nos basta la independencia del Estado. Queremos también la libertad individual dentro del Estado”. Critica la prédica de la paz a quien está abajo sufriendo el látigo de los de arriba, fruto de una organización social tocada por “el feudalismo que trajeron los Conquistadores”.

“Aquí predominan las larguísimas familias cuyos troncos son Miseria, Ignorancia y Soberbia”. Abogaba por los derechos de ciudadanía, dando el ejemplo desde arriba.

Tras sumariar nuestros componentes étnicos constitutivos, JRL postulaba que al momento de independizarnos imperaba una “unión gregaria”, sin suficiente solidaridad social. Uniéndonos la defensa contra la tiranía y la rebelión ante la agresión externa. Valorando la disipación de prejuicios raciales entre blancos y negros dada la pobreza e ignorancia compartida.

Diagnosticaba. Educación sólo en las ciudades y el campo sin escuelas, además dispersas, que enseñan mal a leer, escribir y contar. Falta enseñar agricultura y pecuaria.

Resaltaba la figura predatoria del alcalde pedáneo que trata a la población como rebaño. Escoge lugareños para trabajar en su finca sin paga, con comida de batata y plátanos. Abusa de las vírgenes, incauta animales, pone multas, recluta para milicia. Controla y coacciona el voto.

En la ciudad, para la autoridad hay 2 clases de derechos: el de los particulares y por encima de éste el del que manda. “La libertad individual, si garantizada en la Constitución y en las leyes, aún no ha penetrado en las reconditeces del cerebro de los mandones”.

La prensa independiente es amenazada y amordazada, proliferan escritores mercenarios y el pueblo lee al revés cuando olfatea el tufillo de la mentira pagada desde arriba. La falta de respeto a los derechos y a la vida del hombre se revela en los actos del Ejecutivo. Cultura política autoritaria y abusiva. Las frecuentes revoluciones son atribuidas, por mala fe e ignorancia, a defectos orgánicos de raza que afectan la psicología dominicana.

Para JRL conformamos una simple agrupación, más bien una “disgregación individualista”. Un siglo XIX personalista dominado por los caudillos Santana y Báez. Fecundo en héroes y mártires. Impensables partidos de principios.  Caudillos formados ejecutando actos de valor y de crueldad, carecían de educación para gobernar. Que es garantizar derechos colectivos.

El nivel medio del dominicano es inteligente. El caudillo idolatrado es abandonado al ser detectado ídolo de barro. De ahí la fluidez de lealtades y la pérdida de fronteras inter partidarias.

Siendo país con predominio rural el Ejecutivo desatiende la agricultura. Aplica excesivos aranceles a las exportaciones nacionales: azúcar y melaza, tabaco, cacao, café, maderas. Provoca desventaja competitiva a nuestros productos en los mercados exteriores. Los proyectos de ley para liberar derechos de exportación no prosperan en el Congreso por oposición del Ejecutivo. El Arancel castiga a los más pobres, los agricultores que pierden beneficios y mercados. Propone política tributaria que grave la renta y las actividades.

El Ejecutivo incurre en gasto desordenado, saltándose el Presupuesto. Despilfarra los fondos públicos y les da uso discrecional (gastos electorales, compra de conciencias, gastos de guerras causadas por incompetencia, corrupción, despotismo).

Plantea que la escuela y el roce con el elemento extranjero han iluminado algunas conciencias. El país no quiere tolerar el abuso de la dictadura, más o menos velada, de que ha sido víctima en más de cuatro siglos.

Existiría un falso concepto del principio de respeto a la autoridad, de corte feudal, que lo ha convertido en respeto al individuo funcionario, casi siempre divorciado de la ley. Ámbito de la arbitrariedad y la sumisión. Se genera así hostilidad permanente entre la autoridad y el pueblo: la primera no representa la regla, la ley que se ha votado, incurriendo en tropelías. Lo que se ilustra con expresiones como: “Quien manda, manda; y cartucho al cañón”.

Los intereses del gobierno se sitúan por encima de la ley y la Constitución, aunque el pueblo sea el dueño del Estado. Sin orden de juez competente meten preso al ciudadano en la cárcel. Sin sentencia judicial, lo envían al exilio. Sin mediar condena, atentan contra su vida. Sin formalidad legal destruyen sus intereses y atropellan su honra. Configurándose un Estado abusivo cuyos mandantes operan como mandones al actuar por encima de la ley y la Constitución.

Pondera JRL la propuesta de elegir mediante voto directo a los gobernadores provinciales, como una vía para apuntalar reformas sociales y políticas. La califica insuficiente, al atacar efectos no causas concurrentes.

Entiende que los hombres que se adueñan del poder constituyen un trust que reparte desde arriba dádivas y violencias, injusticias y favoritismos, con los cuales aterra a unos y corrompe a otros, organizando una legión de sujetos alquilados. Para López, en ese estado de cosas no hay más sociedad que la encarnada por el Poder Ejecutivo.

Opone a los enfoques individualistas, “ideas socialistas” para reducir al mínimo el trust de los expoliadores y potenciar el trust del pueblo, en beneficio de los intereses colectivos. A su ver, sufrimos un caso patológico de anafilaxia social que demanda la profilaxis indicada, consistente en la cooperación social y el ejercicio del voto popular consciente.

“La reforma tiene que ser principalmente en las costumbres, en la moralidad individual de los dominicanos”, para edificar un nuevo Estado. La mentira nada construye. Ataca López la demagogia que busca ventajas políticas electorales, cuando la oposición critica decisiones que en su momento fueron aceptadas como válidas. Sugiere legislación que castigue la mentira de la prensa manipuladora.

Sería el caso de la Convención Domínico Americana de 1907 mediante la cual se consolidó el servicio de la deuda externa concediendo a EE. UU. el manejo de las Aduanas, entre otras potestades. Materia polémica, pese a su ratificación por el Congreso.

Habla de embustes ideológicos, que recuerda un episodio de Cuentos Puertoplateños, en el cual un funcionario de visita en su pueblo es increpado por la familia porque todavía no se había enriquecido. Alude al “Aprovéchate hijo” y a su reverso sumiso “Se prudente, sólo los locos embisten a los poderosos”.

Nuestro ensayista propone atacar las causas que originan nuestros males. Inicia con la ignorancia, causa patógena. Para lo cual el Estado debe costear la instrucción pública obligatoria. Sigue con la injusticia, concausa de perturbación social. Propicia la asociatividad mediante la cooperación como principio rector, que debe empezar por la raíz económica, que en el país sería la producción agrícola. Como política pública, el fomento de cooperativas de consumo/crédito/producción agrícola. Y un Banco de Crédito y Producción Agrícola. Con acierto, apela a la tradición campesina de realizar juntas o convites para acometer tareas comunitarias o brindar apoyo solidario a un miembro de la comunidad que lo requiera.

López entiende que “es una leyenda calumniosa la de que el campesino dominicano es un hombre haragán”. Lejos de serlo, realiza esfuerzo muscular “verdaderamente admirable, y en las fincas de caña de Macorís ha podido ser comprobado y puesto fuera de discusión que el labriego dominicano realiza en cada tarea el doble del trabajo que los labriegos extranjeros allí empleados. Y esto es tanto más admirable cuanto que el campesino dominicano en la generalidad de los casos, está pésimamente alimentado”.

Qué genera entonces el atraso rural: “la suicida organización social que padecemos”.

“La agricultura que conoce ese campesino es rudimentaria, primitiva hasta más no poder. Desconoce por completo las máquinas agrícolas, ignora la eficacia del abono; no dispone de más instrumentos que el machete, el hacha y la azada; jamás ha arado el terreno al cual confía la simiente. Para riegos, las nubes, salvo raras excepciones en Baní y en la frontera”. Considera que procede, “para provecho de todos los habitantes, poner al campesino en condiciones de capital y de conocimientos, que lo habiliten para producir bien, y en el colmo de la capacidad de las tierras que posee”. Elevar su productividad con capital y tecnología.

Propugnaba por Escuelas Agrícolas y Campos Experimentales, pero creía que su impacto transformador sería muy lento. Aconsejaba poner al alcance de nuestros labradores, “la competencia técnica y el capital pecuniario”, habilitándolos como sujetos de financiamiento con garantía hipotecaria de sus propios terrenos, beneficiarios de “un Banco de crédito y producción agrícola”. Quedarían excluidos de esta iniciativa los jugadores, ladrones, borrachos y asesinos.

Los Bancos Agrícolas Cooperativos realizarían avances sobre cosechas “próximas a la maduración con garantía del fruto” (como hoy la pignoración del arroz). Asistirían a los productores, vía una Oficina de Comisiones de Exportación, para colocar sus productos en los mercados externos, “cobrando lo menos por el servicio” y ejerciendo control de calidad previo.

En su Diario de 1921, López reflexiona: “No es la Constitución la que hace un país, sino el país quien hace la Constitución”, contrastando a quienes preconizan la canonización pétrea de su Carta Magna.