La trágica muerte del correcto y afable general mexicano Mario Saúl López Miguez, agregado militar de la nación azteca en el país, pudo evitarse como han podido evitarse las decenas de accidentes  acontecidos en una de las más hermosas avenidas turísticas del Caribe donde, además de los huéspedes de los grandes hoteles y torres privadas, concurren miles de dominicanos que buscan refrescarse, ejercitarse o compartir en familia, en las plazas y espacios remozados por la pasada gestión municipal.

Desde la gestión de Roberto Salcedo, he abogado para que en la referida avenida se coloquen reductores de velocidad con semáforos intermitentes acompañados por agentes de tránsito que obliguen a los conductores a detenerse en los momentos en que los peatones necesiten cruzar a la calzada sur del Malecón, actividad que deben realizarla bajo alto riesgo debido a la falta de cortesía de la mayoría de los conductores que confunden la hermosa vía con una pista de competencia los siete días de la semana y a todas horas del día y la noche.

Esperamos que la alcaldesa Carolina Mejía y la Sala Capitular, ponderen estas sugerencias, que buscan garantizar la integridad física de los miles de dominicanos y extranjeros que frecuentan  nuestra hermosa avenida George Washington.

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POR RICARDO FORTUNA

“A falta de pan, casabe”. Esta frase usada por muchos dominicanos cuando algo no sale como les gustaría, parece explicar muchas cosas respecto  a una extraña tendencia en el inicio temprano  de la campaña proselitista, que tiene como eje un tema de alta responsabilidad y compromiso ciudadano.

Si bien es cierto que  la gestión del  presidente Luis Abinader  pese a tener,  sin duda el entorno geopolítico más complicado de las  últimas décadas,  ha sorteado  con marcados éxito sus primeros dos años, impactados por el covid-19,  inflación,  conflicto bélico Ucrania/Rusia, igual es verdad que son situaciones que ningún gobernante  de ningún partido quisiera enfrentar en su primera experiencia de gobierno.

Frente a tales adversidades, sería mezquino desconocer que a pesar de ser una economía dependiente, según los organismos internacionales nuestro ritmo de crecimiento más que retrotraerse presenta proyecciones,  un aumento sostenido de indicadores positivos en términos de la apropiada gestión económica de una nación.

En esa puesta en escena, el rol de la oposición política está limitado a los normales ataques producidos en  períodos comunes  de ejercicio democrático y los ya acostumbrados  temas de campaña como  altos precios, salud,  y otras  demandas sociales.

Pero a falta de pan, casabe. La seguridad ciudadana que como demanda social siempre encontrará eco y con justa razón, desde hace  días es tema amplificado como nunca antes en los medios de comunicación: radio, televisión, diarios impresos  y  digitales y claro, en las redes  sociales.

En esa labor mediática incesante, compromiso que una parte mayoritaria  asume  como un sacerdocio  y que  hoy  resiste, cual  refugio de tormentas, las más distintas formas de comunicación que trae consigo esta  sociedad  líquida, también están coladas las acentuadas distorsiones de informaciones  que apuntan a objetivos específicos.

En  el contexto descrito  buscan espacios los válidos reclamos de una ciudadanía que por años ha cargado con la culpa de un Estado  que  de modo conveniente ha marginado las políticas públicas de seguridad ciudadana.

Una lástima leer diagnósticos de organismos internacionales y locales  sobre la situación interna de  la Policía Nacional, institución pública llamada a salvaguardar vidas y propiedades.

La más reciente de esas investigaciones, la de  la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodoc)  de 2021, arrojó hallazgos que daban  grima, en lenguaje llano, en cuanto a la preparación de ese organismo para cumplir sus tareas:

Falta de personal  calificado, de equipos informáticos y de individuales policiales, de portátiles de radio, de tecnología de vigilancia remota (cámaras de vigilancia), de centro de  comando y control policial, y de vehículos. Además, el armamento no es suficiente para dotar  los turnos de servicio.

La oposición en su totalidad, aún a sabiendas de todo esto,  asume con mayúscula irresponsabilidad como objetivo político una de las áreas  que hasta hace poco  no podía exhibir ningún tipo de avance en la aplicación de políticas públicas.

Hoy, cuantiosos  recursos son  destinados a reconstruir en  forma integral  desde sus cimientos la Policía Nacional:  tecnología,  mejores salarios,  mejores condiciones laborales,  mejor movilidad,  armas, formación moderna,  en fin, todo lo que nos permita como sociedad recibir los niveles de  seguridad ciudadana que merecemos.

La tasa de homicidios, indicador por excelencia para medir el  impacto de las acciones persuasivas de un Estado en  el combate a la criminalidad,  estaba   en nuestro país hasta hace unos años en un escalofriante 27 por ciento  sobre 100,000 habitantes. Obvio, las políticas públicas en  ese sentido  no daban pie con bola.

Ahora,  ese indicador nos refleja una disminución  acentuada que lo sitúa en un 11.8  por cada 100.000 habitantes. Resalta  que de  cada tres muertes, dos son por problemas de convivencia, que van desde  diferencias por un parqueo, discusiones por accidentes de tránsito,  hasta situaciones  tan  inexplicables como un asesinato por  una deuda por 50 pesos o el famoso caso del puesto de hotdog que fue noticia durante semanas en las redes y los medios tradicionales.

Claro está los hurtos, asaltos y otros delitos son  siempre tarea pendiente  pero hay registros  del aumento de casos diarios  resueltos por el organismo. Basta hurgar en las publicaciones compartidas en las  redes y  notas de prensa.

Esto  habla claro de que hay una carrera con poca ventaja, cada vez más estrecha entre la acción criminal y la respuesta del Estado, lo que  evidencia  que ciertamente  la Policía recibe apoyo constante para apuntalar esa  misión día a día.

El reto es disminuir a diario la distancia entre el delito y su consecuencia y que podamos incluso contar con  el efectivo sistema de justicia que saque de las calles las reincidencias, que nos permita generar una percepción más objetiva de la población en el combate permanente  de tales hechos, pues su eliminación  como promesa de campaña política denota una mayúscula  irresponsabilidad social.

Viejos son los informes que arrojan que el maltrato a niños y adolescentes es una práctica constante en el país. Incluso, ya ni asombro causan porque parecen reciclados. Ya tenemos el dato, faltan ahora estrategias para erradicar el flagelo.

Las pelas son una antigua costumbre, una manera de educar que nadie asumía como errada pero igual están incluidas entre el paquete de conductas vejatorias.

Sin embargo, hay otras actitudes menos evidentes que duelen más que los golpes, que obvio no deberían usarse como método correctivo, son las agresiones verbales y sobre todo, las sicológicas, esas cuasi invisibles que tanto lancinan el autoestima  y el alma.

La herida del puñal sana, la de la palabra nunca. Tanta verdad en  este proverbio árabe, tanta daño dejan ciertos adjetivos, o actitudes vejatorias a veces envueltas en relajo.

El impacto que causa el maltrato en la niñez trae serias secuelas a la vida adulta y frena el desarrollo emocional y hasta profesional. Esto porque en esa etapa es cuando toma forma el raciocinio, la asimilación del entorno.

Para los niños y adolescentes el concepto que otros tengan de ellos, sobre todo  los adultos, pesa de manera enorme y los comentarios nocivos, el atropello surten mayor efecto que los positivos.

Profetizar de modo negativo sobre los niños es casi una sentencia al fracaso. Cuando un padre, madre u otra persona vaticina que un muchacho no servirá para nada es muy probable que así sea.

Es un asunto hasta cerebral, por aquello de que los mayores son para los pequeños los dueños de la verdad absoluta y ese estigma es difícil de sacar. A muchos los persigue per secula seculorum y les impide ser entes asertivos.

El deber de corregir no es relegable, mostrar a los hijos los errores y enseñarles a enmendarlos es una labor que ningún progenitor debe evadir ni confundir con humillaciones, con términos peyorativos ni con socializar con terceros los defectos corregidos a la prole. La ropa sucia a lavarla en casa.

Formar es amar, ayudar a crecer. Maltratar nada tiene que ver con esto.