La austeridad no comenzó en el Palacio. Comenzó hace tiempo en la mesa de la familia dominicana.

El Gobierno anunció un paquete de medidas de austeridad con el que espera liberar cerca de RD$40,000 millones, recortando gastos operativos, viáticos, publicidad, combustible, eventos y contrataciones, y proponiendo además una reducción de 50% a los fondos públicos de los partidos. Todo ello se presenta como respuesta al impacto económico del conflicto en Medio Oriente y al alza del petróleo.

Pero más que una transformación profunda del gasto, estas medidas lucen insuficientes y de claro sesgo populista, porque operan sobre símbolos de fácil impacto político mientras dejan intactas las verdaderas sangrías del presupuesto, como si se intentara preparar al país para sacrificios mayores sin haber comenzado todavía por corregir las distorsiones estructurales que más gravemente comprometen las finanzas públicas.

Y la experiencia dominicana demuestra que, cuando llega el momento del ajuste, el costo suele recaer primero sobre el pueblo trabajador y la clase media, no sobre los sectores que han vivido históricamente mejor protegidos.

Porque la familia dominicana no descubrió el sacrificio esta semana en un Consejo de Gobierno. Lo viene soportando desde hace demasiado tiempo: cuando la compra ya no alcanza, cuando el pasaje aprieta, cuando el salario se agota antes de fin de mes y cuando gas, electricidad y alimentos obligan a reducir lo básico. En demasiados hogares, la crisis ya no se discute: se raciona en la mesa y se posterga en la farmacia. La austeridad real no empezó en el Palacio; empezó hace años en la mesa del pueblo.

Y esas sangrías no se limitan a subsidios, pérdidas y gasto improductivo. También incluyen un régimen de exenciones, incentivos y gastos tributarios que cuesta al Estado cientos de miles de millones de pesos cada año y que debe ser revisado con rigor allí donde no demuestre, con datos auditables, un retorno social y productivo suficiente.

Antes de pedirle más sacrificios al pueblo, el Gobierno debería empezar por corregir privilegios fiscales injustificados y por agotar con verdadera decisión los instrumentos legales disponibles para recuperar recursos sustraídos al interés general.

El propio Gobierno admite la gravedad del choque. Dijo que cada aumento sostenido de US$10 por barril implica alrededor de US$763 millones adicionales en la factura petrolera anual del país, y que el contexto actual representa uno de los mayores choques de precios de la historia reciente, aunque las reservas internacionales superen los US$16,000 millones. Pero precisamente ahí está la verdad incómoda: el problema no es solo la guerra ni el barril. Es la fragilidad con la que la República Dominicana llega a esta crisis.

En 2025, con un petróleo relativamente estable, el país subsidió combustibles por más de RD$11,000 millones; y el propio ministro de Hacienda advirtió que, si no se corrigen las distorsiones, en 2026 ese subsidio podría llegar a RD$50,000 millones. En electricidad, el subsidio a las EDE en 2025 superó los RD$106,000 millones. Eso significa que, si no se corrigen a tiempo estas distorsiones, entre combustibles y electricidad el país podría terminar destinando este año entre RD$150,000 y RD$200,000 millones para seguir sosteniendo un modelo caro, opaco e ineficiente.

Reflexión

Y aquí surge una reflexión inevitable: si apenas un 10% de ese monto se dedicara a fortalecer de verdad la producción agrícola, pecuaria y pesquera, la República Dominicana podría financiar riego, semillas, fertilizantes, alimento animal, cadena de frío, caminos rurales, mercados de productores, compras públicas inteligentes y apoyo estable a la producción nacional. Es decir, con una fracción de lo que hoy se dilapida sosteniendo distorsiones, el país podría producir más, abaratar alimentos y proteger mucho mejor a los sectores más vulnerables.

No solo se está subsidiando la ineficiencia; se está sacrificando, a un costo gigantesco, la soberanía energética, alimentaria y fiscal de la República Dominicana. Con una parte sustancial de los recursos dilapidados en los últimos años solo en subsidios al sector eléctrico, el país habría podido acelerar decisivamente la instalación de capacidad renovable, almacenamiento y mejoras de red, reduciendo su dependencia fósil y acercándose mucho más a un sistema eléctrico soberano, competitivo, confiable, sostenible y ambientalmente responsable.

Desde el Foro y Frente Cívico y Social entendemos que la austeridad seria no puede ser un episodio de contención administrativa. Tiene que ser una política de dirección nacional. Eso exige, por lo menos, cuatro decisiones urgentes.

Primero, una auditoría integral del sector eléctrico, para que el país sepa de una vez por todas dónde están las pérdidas, las distorsiones, los costos reales y las responsabilidades del sistema completo.

Segundo, sustituir subsidios generales por apoyos focalizados, auditables y productivos, de modo que el subsidio social proteja al vulnerable, el subsidio productivo aumente la oferta y el subsidio eléctrico cubra consumo básico, no siga escondiendo pérdidas e ineficiencias permanentes.

Tercero, una defensa real de la producción nacional, con apoyo al agro, la pesca, mercados de productores y reactivación técnica de INESPRE como instrumento de estabilización y comercialización justa, con reglas claras que prioricen la soberanía alimentaria por encima de intereses de corto plazo que debilitan la producción nacional.

Cuarto, un blindaje fiscal que termine con la cultura del déficit permanente y con la costumbre de financiar con deuda lo que no se quiere corregir con responsabilidad.

El pueblo dominicano no necesita que le expliquen la austeridad. La vive todos los días. Lo que necesita es un Estado que deje de improvisar y de manipular la realidad, que diga la verdad a tiempo y que proteja mejor. Porque cuando el Gobierno descubre tarde la austeridad que el pueblo lleva años padeciendo, el problema ya no es solo económico. Es de dirección nacional.

Esperamos estar equivocados. Pero sería profundamente irresponsable que el Gobierno, sin corregir los problemas estructurales que mantienen atada a la República Dominicana, pretenda trasladar nuevas cargas a una sociedad que ya soporta demasiado.

Basta de improvisar; es tiempo de gobernar.

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POR ALEJANDRO SANTOS

Hipólito y Luis, las dos figuras protagónicas del PRM, salen de circulación como opciones viables para aspirar a la presidencia de la República.

A ambos les resta únicamente la capacidad de operar como entes de influencia para incidir en las decisiones de los procesos presentes y futuros de su partido.

El vacío que dejan Hipólito y Luis ha creado las condiciones para que proliferen los aspirantes a convertirse en su relevo.

Son tantos los que aspiran a la candidatura que el proceso se torna complejo, pues dificulta considerablemente la posibilidad de alcanzar un consenso en torno a un solo nombre.

Entre los aspirantes figuran la vicepresidenta Raquel Peña; el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara; el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud; y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. También Eduardo Sanz Lovatón (Yayo), Tony Peña, el ministro sin cartera Roberto Fulcar y el ministro David Collado.

Cada uno de ellos trabaja activamente para construir apoyos dentro y fuera de la estructura partidaria.

La complicación se profundiza a la hora de definir el método de escogencia del candidato: si será mediante votación interna o si se optará por una consulta abierta a la ciudadanía.

El método no es un detalle menor, pues determina las estrategias y las posibilidades de cada aspirante. Carolina Mejía, por ejemplo, ha concentrado sus esfuerzos en consolidar las estructuras internas del partido, mientras que David Collado apunta a construir popularidad en la población en general.

Ambos caminos conducen a resultados distintos: Carolina puede resultar más fuerte en una convención interna, pero con menor sintonía popular; Collado, en cambio, puede reunir mayor simpatía ciudadana sin necesariamente dominar las bases del partido.

Se mencionan ambos porque, hasta el momento, son quienes aparecen con mayores posibilidades. No obstante, Wellington Arnaud también goza de un respaldo considerable entre las bases del PRM.

Un elemento adicional que complejiza el panorama es la incógnita sobre el rol de Abinader: si dejará correr el proceso sin intervenir o si, como hace  Hipólito que apoya a su hija , decidirá respaldar abiertamente a uno de los aspirantes.

La indecisión de Abinader contribuye a que no emerja un candidato de consenso, lo que podría traducirse en una debilidad estructural para quien finalmente obtenga la nominación y deba enfrentar una campaña presidencial.

A esto se suma la existencia de una corriente interna que considera que ninguno de los aspirantes reúne las condiciones para garantizar un nuevo triunfo del PRM, y que solo el presidente Abinader podría asegurar esa continuidad. Algunos van más lejos y promueven de manera soterrada la intención de una iniciativa para habilitar su reelección.

Como se advierte, el camino que transita el PRM hacia un nuevo liderazgo no es ni sencillo ni expedito.

En la política dominicana persiste la cultura del caudillismo: quien alcanza la cima del liderazgo en un partido difícilmente acepta que otro, surgido de sus propias filas, ocupe ese espacio. Ese factor, aunque se disimule, está plenamente presente en el PRM.

Lo que hoy luce como un escenario favorable para esa organización —con un triunfo aparentemente asegurado ante una oposición fragmentada y sin arrojo— podría complicarse si el proceso de selección interna deriva en fracturas.

El reto del PRM no es solo elegir un candidato, sino demostrar que puede gestionar la transición del poder interno sin fracturarse. De esa capacidad dependerá su permanencia como fuerza dominante.

jpm-am