La República Dominicana atraviesa un momento decisivo. No se trata únicamente de una coyuntura económica ni de un problema aislado de precios. El país parece colocado en medio de tres crisis simultáneas:

-Una crisis de visión

-Una crisis gerencial

-Una crisis exterior

Las tres se cruzan en la mesa del ciudadano común, allí donde la canasta básica familiar se ha convertido en el termómetro más doloroso de la realidad nacional.

Aunque los indicadores macroeconómicos todavía presentan una imagen relativamente estable, el costo de vivir cuenta una historia distinta. Según datos publicados por el periódico económico El Dinero con base en estadísticas del Banco Central, en el primer trimestre de 2026, la canasta familiar aumentó en todas las regiones y quintiles de ingreso, con la región Ozama superando los RD$56,000 mensuales y el quintil de mayores ingresos sobre RD$79,000 en marzo de 2026.

Esa diferencia entre estabilidad estadística y angustia cotidiana revela el corazón del problema: el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno administra cifras, pero no gobierna realidades.

I. Crisis de visión

El país no puede vivir eternamente de improvisación

La primera crisis es de visión.

Un gobierno con visión no se limita a reaccionar ante los precios, subsidiar temporalmente productos o anunciar medidas de contención. Una visión nacional implica definir hacia dónde va el país, cómo producirá más, cómo reducirá su dependencia externa, cómo protegerá el salario real y cómo insertará a la República Dominicana en una economía mundial cada vez más incierta.

El FMI ha reconocido fundamentos macroeconómicos sólidos, pero también ha advertido que el crecimiento se desaceleró en 2024 y la primera mitad de 2025 por incertidumbre y condiciones financieras más restrictivas.

Ese dato debe ser leído políticamente:

La República Dominicana no puede vivir eternamente de turismo, remesas, deuda, consumo e improvisación.

II. Crisis gerencial

Administrar cifras no siempre significa gobernar realidades

La segunda crisis es gerencial.

Gobernar no es inaugurar obras ni multiplicar ruedas de prensa. Gobernar es coordinar, anticipar, medir, corregir y ejecutar.

La administración pública dominicana sigue mostrando debilidades estructurales:

-Duplicidad institucional

-Baja calidad del gasto

-Lentitud en reformas

-Cultura de respuesta tardía frente a problemas previsibles

El propio FMI ha señalado que las reformas fiscales y estructurales, especialmente en el sector eléctrico, son esenciales para mejorar el crecimiento de mediano plazo y fortalecer la resiliencia del país.

Cuando el Estado posterga reformas por cálculo político, la factura termina pagándola la población mediante:

-precios más altos,

-servicios deficientes,

y menor capacidad adquisitiva.

III. Crisis exterior

Un mundo multipolar y una República Dominicana expuesta a las tensiones globales

La tercera crisis es exterior.

La República Dominicana ya no puede analizarse como una isla aislada de las tensiones globales. El mundo actual atraviesa una profunda reconfiguración geopolítica marcada por conflictos entre grandes potencias, guerras comerciales, disputas energéticas, tensiones militares, reorganización de cadenas de suministro y competencia por influencia económica y estratégica.

Hoy, las decisiones tomadas en Washington, Pekín, Moscú, Bruselas o Medio Oriente terminan impactando directamente la vida cotidiana del ciudadano dominicano.

El aumento de los combustibles, la inflación de alimentos, la volatilidad de los mercados, las tasas de interés internacionales, la presión sobre el dólar, el costo del financiamiento y las alteraciones en el comercio global ya no son fenómenos lejanos; son factores que repercuten directamente en:

-el precio de la comida,

-el transporte,

-la electricidad,

-el empleo,

-y la estabilidad económica nacional.

La República Dominicana enfrenta así una realidad compleja: mientras las grandes potencias libran disputas geopolíticas por control económico, tecnológico y estratégico, las economías pequeñas y dependientes quedan particularmente vulnerables a los efectos colaterales de esas confrontaciones internacionales.

La crisis haitiana forma parte del entorno regional y representa un desafío importante para la seguridad y estabilidad fronteriza. Sin embargo, reducir la crisis exterior dominicana exclusivamente al tema haitiano sería una visión limitada de un problema mucho más amplio y estructural.

El verdadero desafío exterior consiste en entender cómo la nueva geopolítica mundial condiciona el futuro económico y político de países como la República Dominicana.

El mundo avanza hacia un escenario multipolar donde:

-las alianzas internacionales cambian rápidamente,

-las tensiones comerciales redefinen mercados,

-las guerras afectan el precio global de los alimentos y combustibles,

-y la seguridad económica se ha convertido en un elemento central de la soberanía nacional.

En este contexto, la República Dominicana necesita mucho más que diplomacia protocolar o respuestas coyunturales. Necesita:

-visión geoestratégica,

-inteligencia económica,

-diversificación productiva,

-capacidad de negociación internacional,

-y una política exterior alineada con los verdaderos intereses nacionales.

Porque en el nuevo orden mundial, los países que no entienden la geopolítica terminan sufriendo las consecuencias de decisiones tomadas por otros.

IV. El problema central del PRM

La ausencia de una visión estratégica nacional

Más allá de las dificultades económicas o de las tensiones globales que enfrenta actualmente la República Dominicana, la verdadera preocupación parece radicar en la ausencia de una visión estratégica nacional clara en la conducción del Estado.

El desafío no consiste únicamente en administrar crisis coyunturales, sino en construir una dirección nacional coherente capaz de preparar al país para los retos del futuro. Sin embargo, numerosos sectores perciben que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) parece concentrarse más en la administración de popularidad, el control de narrativas públicas y la imagen presidencial, que en desarrollar un verdadero proyecto nacional de largo plazo.

La política moderna requiere comunicación. Pero cuando la comunicación sustituye la planificación, el Estado corre el riesgo de convertirse en rehén de la coyuntura y del aplauso de las focas.

Mientras tanto:

-el costo de vida continúa aumentando,

-las reformas estructurales permanecen postergadas,

-la capacidad productiva nacional sigue siendo limitada,

-y el país continúa altamente expuesto a factores externos que afectan directamente la estabilidad económica y social.

El peligro de esta ausencia de visión estratégica no es únicamente administrativa; es mucho más profunda. Una nación que no comprende plenamente las crisis que enfrenta tampoco puede anticiparlas, prevenirlas ni prepararse adecuadamente para sus consecuencias.

No se puede prevenir aquello que no se entiende, y mucho menos puede enfrentarse aquello que ni siquiera se es capaz de comprender a priori.

La falta de visión estratégica muchas veces nace precisamente de la falta de entendimiento sobre los desafíos económicos, sociales, institucionales y geopolíticos que amenazan el futuro nacional.

Es precisamente ahí donde adquiere profunda vigencia la advertencia bíblica:

“Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento”. — La Biblia (Oseas 4:6).

Esa frase trasciende lo religioso y adquiere una poderosa dimensión política y nacional. Porque muchas veces las naciones no perecen únicamente por falta de recursos, sino por falta de comprensión, ausencia de dirección y falta de capacidad para entender el momento histórico que están viviendo.

Sin conocimiento no hay visión.

Sin visión no hay planificación.

Y sin planificación, el futuro de una nación queda expuesto a la improvisación, la vulnerabilidad y el deterioro progresivo del Estado.

Sin una visión clara, el país seguirá pendulando entre: la agonía de sobrevivir y la esperanza de estar mejor.

JPM

Por VICTOR GARRIDO PERALTA

La transfusión circular

Imagine a un cirujano que, frente a un paciente con hemorragia severa, extrae sangre del brazo izquierdo para transfundírsela por el derecho y luego se presenta ante la familia como el héroe que logró salvarlo.

En medicina eso tendría un nombre: impericia.

En la economía política dominicana se llama subsidio a los combustibles.

Cada viernes, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes anuncia que “el gobierno asumirá” cientos o miles de millones de pesos para proteger a la población del aumento internacional del petróleo. La frase transmite alivio. Protección. Intervención estatal responsable.

Pero hay una pregunta técnica que casi nunca se formula:

¿El Estado realmente desembolsa dinero o simplemente deja de recaudar una parte de los impuestos que él mismo diseñó para cobrar?

La diferencia no es semántica.

Es la diferencia entre ayudar al paciente y devolverle parcialmente la sangre que previamente se le extrajo.

El combustible como tributo 

Para entender el llamado subsidio, primero hay que comprender cómo se construye el precio.

La Ley 112-00 estableció un impuesto fijo por galón: rígido, indiferente a si el petróleo cuesta cuarenta o cien dólares. Posteriormente, la Ley 495-06 añadió un impuesto porcentual ad valorem cercano al 16%. Sobre ambas capas se incorpora además el Gasto de Aplicación de la Ley (GAL), mediante el cual el ciudadano financia la estructura burocrática que lo regula.

El resultado es una arquitectura fiscal donde hasta un 33% del precio final puede corresponder a cargas tributarias y administrativas.

No petróleo. No energía. Fiscalidad.

Aquí es donde el subsidio adquiere su verdadera dimensión.

Cuando el gobierno anuncia que “asumirá” RD$300 o RD$500 millones para congelar precios, en gran parte de los casos no está transfiriendo dinero nuevo hacia el ciudadano. Lo que hace es reducir parcialmente el cobro de impuestos que el propio Estado diseñó para recaudar.

No sale dinero del Estado hacia el consumidor.

Sale menos dinero del consumidor hacia el Estado.

Eso no convierte automáticamente el mecanismo en ilegítimo. Pero sí desmonta la narrativa de sacrificio unilateral que acompaña cada anuncio semanal.

El ciudadano como banco ciego

Mientras el gobierno anuncia subsidios multimillonarios, la recaudación por hidrocarburos continúa siendo varias veces superior al monto “subsidiado”. El sistema devuelve una fracción de lo que previamente extrae.

La relación es reveladora:

por cada peso que el Estado “devuelve”, antes capturó varios más del mismo ciudadano.

El contribuyente no está siendo rescatado por una fuente externa de recursos. Está financiando parcialmente su propio alivio.

Y lo hace sin transparencia plena sobre:

Márgenes reales. Exenciones. Trazabilidad del sacrificio fiscal, Ni beneficiarios efectivos del modelo.

El subsidio capturado

Aquí aparece el concepto central que explica toda la distorsión.

Subsidio capturado: mecanismo presentado como protección social general, pero estructurado de forma tal que sus mayores beneficios terminan concentrándose en los actores con mayor capacidad económica, operativa y política.

El subsidio deja de funcionar prioritariamente como amortiguador para el ciudadano vulnerable y comienza a operar como estabilizador integral del sistema que más consume combustible y más depende de él.

Por eso el problema no es únicamente fiscal.

Es estructural.

El motoconchista recibe alivio.

Pero también: grandes flotillas corporativas, operadores logísticos, transporte pesado, sectores industriales intensivos en combustible y empresas cuyos márgenes dependen críticamente de precios artificialmente contenidos.

El beneficio se distribuye según volumen de consumo, no según vulnerabilidad social.

Y cuando un subsidio beneficia más al que más consume, deja de ser progresivo. Se convierte en regresividad disfrazada de protección.

La política del alivio

El subsidio también cumple una función política de enorme valor estratégico: administrar el malestar social.

Cada anuncio semanal transmite una idea cuidadosamente cultivada: “Si no fuera por el gobierno, usted pagaría mucho más.”

Y aunque parte de eso pueda ser técnicamente cierto, el discurso omite un dato esencial, el mismo Estado que “protege” es quien diseñó y preservó la estructura tributaria que encarece el sistema.

Pero aquí aparece el eslabón que rara vez se menciona públicamente.

El circuito no termina en la gobernabilidad. Se completa políticamente.

El ciudadano paga impuestos elevados sobre combustibles. Esa recaudación sostiene subsidios generalizados que benefician proporcionalmente más a grandes consumidores y operadores económicos. Y esos mismos sectores —protegidos por márgenes garantizados y estabilidad regulatoria— poseen capacidad directa o indirecta de financiamiento político.

El círculo se cierra.

El ciudadano termina financiando, sin saberlo, un sistema que:

Recauda sobre su consumo. Estabiliza sectores con alto poder económico. Y fortalece el ecosistema político que preserva intacto el modelo.

No hace falta demostrar conspiraciones para comprender la lógica estructural.

Los incentivos hablan por sí solos.

Cuando lo temporal se vuelve permanente

Todo subsidio extraordinario nace, en teoría, para enfrentar coyunturas excepcionales.

Pero en República Dominicana lo excepcional se convirtió en norma. Semana tras semana. Año tras año.

Gobierno tras gobierno.

El subsidio dejó de ser una herramienta transitoria para convertirse en componente estructural del modelo.

Y ahí emerge el verdadero diagnóstico: si un sistema necesita subsidios permanentes para evitar colapsar social o políticamente, entonces el problema no es coyuntural.

Es de diseño.

La enfermedad de fondo

En artículos anteriores documenté el fraude visible:

Mangueras descalibradas.

Combustible adulterado.

Pérdidas multimillonarias para los consumidores.

Pero el problema estructural ocurre antes de llegar a la bomba.

Sucede cuando: la recaudación depende del precio alto, los márgenes están protegidos, la competencia es limitada y el subsidio funciona como anestesia política recurrente.

La enfermedad no está en el petróleo. Está en los incentivos.

La reforma inevitable

El problema no es subsidiar. Toda economía moderna utiliza mecanismos de amortiguación social.

El problema es subsidiar: Sin transparencia. Sin focalización. Sin auditoría. Y sin corregir las distorsiones que hacen necesario subsidiar eternamente.

La solución no es eliminar abruptamente los subsidios. Eso sería irresponsable.

La solución es mucho más difícil:

Rediseñar el sistema para que el ciudadano no necesite ser “protegido” permanentemente de un modelo construido para cobrarle de más.

Eso implica:

Transparencia total. Revisión integral de impuestos. Competencia real. Automatización técnica de precios. Focalización efectiva. Y separación entre política energética y dependencia fiscal del combustible.

Conclusión: el subsidio como síntoma

El subsidio no es la enfermedad. Es el síntoma.

El verdadero problema aparece cuando un país necesita subsidios perpetuos para sostener un sistema que nunca corrige sus distorsiones estructurales.

Y mientras sigamos administrando alivio sin intervenir la causa seguiremos confundiendo estabilidad temporal con solución.

Porque un sistema que depende eternamente de subsidios para sobrevivir no está curado.

Está sedado.

El escenario electoral colombiano entra en su fase decisiva con una tendencia que, lejos de disiparse, se consolida: el avance sostenido de Iván Cepeda en las encuestas. Esa constante en los estudios de opinión permite advertir que no se trata de un fenómeno aislado ni de un repunte coyuntural, sino de una configuración político-electoral que empieza a perfilar un desenlace incómodo para la derecha tradicional, que observa cómo se reduce su margen de maniobra.

Con la primera vuelta fijada para el 31 de mayo, y una eventual segunda para el 21 de junio, la contienda entra en su tramo decisivo. Pero la dinámica actual sugiere que la disputa podría resolverse en primera vuelta si, como proyectan las encuestas, los electores deciden cerrar el paso a la incertidumbre, y convertir en mandato una tendencia que parece escaparse de las manos de la oposición.

Las mediciones de intención de voto, incluidas aquellas realizadas por firmas tradicionalmente críticas del oficialismo, coinciden en un punto central: Cepeda lidera con amplio margen todas las encuestas y, en varios escenarios proyectados, se acerca al umbral de una victoria en primera vuelta.

Esa perspectiva altera de forma significativa la correlación de fuerzas en el país, porque ya no se trata solo de una candidatura en ascenso, sino de un proyecto que busca convertir respaldo electoral en continuidad política bajo la idea de una “segunda etapa del cambio”, articulada en el programa “El poder de la verdad”.

Una tendencia electoral que reconfigura el tablero

Iván Cepeda Castro es el candidato presidencial del Pacto Histórico, coalición que agrupa diversas organizaciones de izquierda y que busca dar continuidad al proyecto político del presidente Gustavo Petro. Senador de la República, filósofo y reconocido defensor de los derechos humanos y de las víctimas del conflicto armado, ha construido una trayectoria política marcada por su confrontación directa con sectores del establecimiento y por su papel en debates decisivos sobre verdad, justicia y memoria.

Su candidatura no surge de manera improvisada. Fue escogido como candidato del Pacto Histórico para representar una conjunción de fuerzas sociales, populares y democráticas que se reconocen en el ciclo político abierto por el primer gobierno del cambio. Su propuesta se centra en la profundización de la justicia social, la consolidación de la paz, la defensa de los derechos humanos y la construcción de un acuerdo nacional que permita ampliar su base política más allá del núcleo tradicional del petrismo.

Este posicionamiento se refleja en una campaña austera, apoyada en actos públicos masivos, movilización popular y contacto directo con los territorios. A pesar de los ataques personales, señalamientos y operaciones de desgaste provenientes de la oposición, Cepeda ha logrado mantener coherencia discursiva y consolidar una imagen de liderazgo sobrio, firme y conectado con sectores que identifican en su candidatura una continuidad crítica, no una repetición mecánica, del gobierno del cambio iniciado y liderado por el presidente Gustavo por Petro.

La estabilidad de su ventaja en las encuestas no es un dato menor. En contextos de alta polarización, las preferencias suelen fluctuar, sin embargo, en este caso se observa una tendencia consistente. Esto sugiere no solo un apoyo consolidado, sino también una expansión hacia sectores que buscan continuidad con ajustes, profundización de reformas y una salida política que no regrese al país al viejo ciclo de exclusión, guerra interna y captura institucional por los poderes tradicionales.

El programa del cambio y la reacción de la derecha

El programa “El poder de la verdad” se presenta como una hoja de ruta para el período 2026-2030 y como una invitación a asumir el cambio no como obra de un gobierno aislado, sino como construcción histórica del pueblo colombiano.

Su núcleo político es claro: el cambio no ha terminado; apenas ha comenzado. Bajo esa premisa, la candidatura propone avanzar hacia una segunda etapa capaz de enfrentar las causas estructurales de la desigualdad, la corrupción, la violencia y la exclusión.

En esa visión se articulan varios ejes: profundización de las reformas sociales en salud, pensiones y trabajo; continuidad de la política de paz total; defensa de los derechos humanos; reforma agraria y desarrollo rural; justicia ambiental y transición energética; igualdad de género; educación inicial; vivienda integral; participación democrática; y un acuerdo nacional que no excluye la posibilidad de una asamblea constituyente. Es decir, no se trata solamente de administrar el Estado, sino de disputar el sentido mismo del poder democrático.

Ahí radica una parte sustancial del temor de la derecha. Cepeda no aparece únicamente como un candidato competitivo, sino como el portador de un programa que pretende consolidar reformas sociales, reorganizar prioridades públicas y profundizar la presencia del Estado en territorios históricamente abandonados. Frente a ese horizonte, la oposición no discute únicamente una candidatura: combate la posibilidad de que el petrismo pase de experiencia gubernamental inicial a proyecto histórico con continuidad.

Ante este panorama, la derecha colombiana enfrenta una encrucijada estratégica. La posibilidad de una derrota en primera vuelta obliga a acelerar decisiones, redefinir alianzas y, sobre todo, intensificar su presencia en el debate público. La respuesta ha sido una ofensiva política y comunicacional que se despliega en múltiples frentes, desde la amplificación de discursos de miedo hasta el intento de presentar toda transformación social como amenaza al progreso económico, la propiedad o la estabilidad institucional.

Radicalización, disputa narrativa y desenlace electoral

El tono de esta reacción ha tendido hacia la radicalización. Discursos más duros, apelaciones constantes a la incertidumbre y una creciente confrontación directa con el petrismo forman parte de una estrategia orientada a movilizar a su base electoral y frenar la expansión de Cepeda hacia sectores moderados.

Sin embargo, este giro también implica riesgos: en lugar de ampliar apoyos, podría consolidar la polarización y reforzar el voto adverso entre quienes ven en esa ofensiva una repetición de viejas prácticas de exclusión política.

En paralelo, el terreno digital se ha convertido en un espacio central de disputa. La circulación masiva de contenidos, la segmentación de audiencias y la intensificación de campañas buscan influir en la percepción del electorado en un momento crítico. No obstante, la saturación informativa también genera un efecto de desgaste, en el que los votantes desarrollan mayor capacidad para identificar sesgos, exageraciones e intentos de manipulación. La derecha no solo enfrenta un desafío electoral, sino también narrativo: convencer a un país que ya no parece responder automáticamente a sus viejos reflejos de miedo.

El factor decisivo en esta contienda es la posibilidad real de una victoria en primera vuelta. De concretarse, significaría no solo un triunfo electoral, sino también una legitimación contundente del proyecto político que representa Cepeda. Para la derecha, evitar este escenario se convierte en prioridad absoluta. En caso de una segunda vuelta, los escenarios proyectados continúan favoreciendo al candidato del Pacto Histórico, lo que coloca a la oposición ante una dificultad mayor: reconstruir en pocas semanas lo que no logró consolidar durante toda la campaña.

Cepeda, por su parte, ha insistido en que el cambio social no debe ser presentado como enemigo del progreso económico. Su apuesta por un acuerdo nacional busca precisamente disputar ese terreno: transformar sin destruir, democratizar sin excluir, ampliar derechos sin renunciar al desarrollo productivo. En este contexto, la encrucijada de la derecha colombiana es real y profunda.

El avance de Iván Cepeda no solo refleja una ventaja electoral, sino una transformación en la correlación de fuerzas políticas del país. La ofensiva para revertir esta tendencia continuará, pero su eficacia dependerá de algo más que intensidad: de su capacidad real para conectar con un electorado que, llegado el momento, decidirá si prolonga la disputa hasta junio o acelera el desenlace el 31 de mayo.

jpm-am