El 30 de mayo de 1961 fue ajusticiado, por un grupo de valientes dominicanos, Rafael Leónidas Trujillo Molina, dando término a una sangrienta dictadura que, conforme a datos formales del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, acabó con la vida de unos 50 mil dominicanos por razones políticas.

La cifra no deja de ser conservadora, pues se estima que otros tantos miles fueron secuestrados por el SIM y arrojados al mar, enterrados en fosas clandestinas o muertos mediante tortura, que nunca fueron identificados formalmente.

Apenas un mes después del fin de la dictadura, específicamente el 5 de julio de 1961, llega al país la “avanzada del PRD”, formada por Nicolás Silfa, Ángel Miolán y Ramón Castillo, con el fin de organizar a esa entidad política e instaurar un régimen democrático en la República, caracterizado por respeto a los derechos humanos, pluralismo ideológico, libertad de expresión, prensa, asociación y reunión, así como elecciones libres.

El día 20 de octubre de ese año regresó al país el profesor Juan Bosch, líder del partido blanco y quien encabezó su boleta, como candidato presidencial, en los comicios del 20 de diciembre de 1962, los cuales ganó con un astronómico 60%.

Bosch tomó posesión el 27 de febrero de 1963. Y procedió de inmediato a la creación de una nueva Constitución de la República, considerada la más progresista y democrática de la historia, al acabar con el autoritarismo, establecer un Estado social, prohibir el latifundio, garantizar derechos laborales y libertades públicas sin precedentes.

Sin embargo, siete meses después ese experimento democrático fue interrumpido. De todas maneras, fue el PRD que introdujo la democracia en nuestro país, tal y como fue concebida originalmente en la antigua Grecia: voto popular, separación de poderes y Estado de Derecho.

Esos principios volvieron a llevarse a la práctica a raíz del nuevo ascenso al poder del PRD, el 16 de agosto de 1978, después que don Antonio Guzmán triunfó por amplio margen en la contienda electoral de mayo de ese año. A menos de un mes de asumir el poder, todos los presos políticos fueron liberados y se permitió la entrada de los exiliados a través de la Ley de Amnistía.

Y las leyes que prohibían la práctica del comunismo fueron derogadas, ofertándose plenas libertades para el ejercicio de la actividad política, sin importar orientación ideológica, la prensa, los sindicatos y demás agrupaciones.

Este 5 de julio el PRD tiene una asamblea de dirigentes de los municipios del Gran Santo Domingo, la cual se llevaría a cabo en su Casa Nacional. Es simultáneamente una actividad conmemorativa de la llegada al país de la comisión que, bajo el mandato del profesor Juan Bosch, introducía la democracia después del fin de la dictadura trujillista.

El PRD, tanto bajo el liderazgo de Bosch como de Peña Gómez, ha abogado históricamente por los principios de la plena democracia. Lamentablemente, a 65 años del establecimiento de ese sistema político, el presidente Luis Abinader amenaza seriamente con sepultar esa forma de gobierno.

En 2024 el Tribunal Constitucional tuvo que anular la Ley 1-24, de la Dirección Nacional de Inteligencia, porque violentaba derechos constitucionales, como son los datos privados de las personas.

El error se enmendó con la Ley 1-26, que limita al DNI a investigar y recabar informaciones estratégicas para proteger al Estado dominicano. Se requiere obligatoriamente orden judicial para penetrar la privacidad de la gente.

De todos modos, Abinader enseñó el refajo con su arbitraria intención. Ahora, nuevamente, hay preocupación en diversos sectores de la vida nacional con la entrada en vigencia de la Ley 74-25, Código Penal, a partir del 3 de agosto, que violenta derechos fundamentales, empezando por el Art. 49 de la Constitución de la República, que trata sobre la libertad de expresión e información.

El derecho a expresión e información es un pilar fundamental. Está, inclusive, consagrado en el Art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que textualmente “…garantiza a toda persona la facultad de investigar, recibir y difundir ideas y datos sin fronteras ni censura previa.”

Abinader, con su sonrisa cínica, pretende sepultar una democracia que costó lágrimas, dolor y sangre, con las limitaciones comunicacionales, al establecer por ley hasta 10 años de prisión por el delito de difamación, en una época de redes sociales, que han revolucionado la información, al democratizar su acceso sin importar distancias geográficas.

jpm-am

El Centro de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés), organismo conjunto de las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio, publica estadísticas actualizadas del comercio internacional mediante su reconocida base de datos Trade Map, una de las fuentes más completas y confiables para el análisis del comercio mundial.

Una revisión de las importaciones dominicanas de carnes y productos relacionados, así como de cereales, revela una realidad que merece una profunda reflexión sobre la situación actual del sector agropecuario nacional y la seguridad alimentaria del país.

Los datos muestran que entre 2006 y 2025 las importaciones de carnes y productos relacionados pasaron de US$20.1 millones a US$672.8 millones, multiplicándose más de treinta veces.

En el caso de los cereales, las importaciones aumentaron de US$280.4 millones a US$666.4 millones, más que duplicándose durante el mismo período.

Los cereales —que incluyen maíz, trigo, arroz, avena, sorgo y cebada, entre otros productos— constituyen la base de la alimentación humana y animal. Que las importaciones de estos bienes hayan pasado de alrededor de US$280 millones a más de US$660 millones evidencia una creciente dependencia externa para abastecer productos estratégicos indispensables para la alimentación nacional.

Preocupante

Igualmente preocupante resulta el comportamiento de las importaciones de carnes, que abarcan productos porcinos, bovinos y avícolas. Durante años, la República Dominicana se presentó como un país con elevados niveles de autosuficiencia en productos como pollo, huevos y carne de cerdo. Pero el salto de las importaciones de carnes desde apenas US$20 millones en 2006 hasta casi US$673 millones en 2025 sugiere que la producción local está perdiendo capacidad relativa para abastecer la creciente demanda del mercado interno.

Los datos de Trade Map indican, además, que el verdadero punto de inflexión se produce a partir de 2020. Desde entonces, las importaciones de carnes aumentaron de US$204 millones a US$673 millones en cinco años, mientras que las importaciones de cereales pasaron de US$423 millones a cerca de US$700 millones.

Este comportamiento difícilmente puede atribuirse exclusivamente a factores coyunturales asociados a la pandemia y a la fiebre porcina. Más bien parece responder a transformaciones estructurales de largo plazo, entre las que destacan: el aumento de las facilidades para importar, la posible sustitución parcial de producción nacional por productos importados, la pérdida de competitividad relativa de algunos productores locales, el incremento de los costos de producción y el crecimiento sostenido del consumo interno.

La crisis alimentaria mundial de 2022 dejó claro los riesgos asociados a una elevada dependencia de las importaciones. Los países más expuestos enfrentaron fuertes aumentos de precios, interrupciones logísticas, restricciones comerciales y presiones cambiarias que afectaron directamente el acceso de sus poblaciones a alimentos básicos.

Naturalmente, toda economía moderna importa alimentos. Por ello, el problema no radica en que las importaciones aumenten. Lo esencial es que las importaciones han crecido a un ritmo considerablemente superior al de la producción agropecuaria nacional.

Lógicamente, en una economía en expansión, con mayor actividad turística y una población que demanda más proteínas animales, aumentan las importaciones. Pero cuando las importaciones de carnes se multiplican por más de treinta en apenas dos décadas, surge una pregunta inevitable: ¿Qué parte de ese mercado dejó de ser abastecida por productores dominicanos?

La principal lección que dejan estos datos es que la discusión sobre el sector agropecuario no debe centrarse únicamente en cuánto produce el país, sino qué proporción del mercado alimentario nacional está siendo abastecida por producción dominicana.

Los indicadores disponibles sugieren que la República Dominicana avanza hacia una mayor dependencia alimentaria externa. Aunque el sector agropecuario continúa creciendo, lo hace un ritmo insuficiente para satisfacer la expansión de la demanda interna.

De mantenerse esta tendencia, el país podría enfrentar una situación paradójica: contar con un sector agropecuario en crecimiento, pero cada vez menos capaz de garantizar la seguridad alimentaria nacional y de capturar los beneficios económicos derivados de un mercado alimentario en constante expansión.

Consecuentemente, aunque la República Dominicana continúa produciendo una parte importante de los alimentos que consume, las importaciones de carnes y cereales muestran una realidad más compleja: el país depende cada vez más de los mercados internacionales para sostener su sistema alimentario.

El desafío nacional consiste en lograr que una proporción creciente de los alimentos consumidos por los dominicanos provenga de la producción nacional y eso pasa por elevar la productividad agropecuaria y modernizar la agricultura.

JPM