POR JULIO MARTINEZ

Ante todo, extiendo mis más sinceras condolencias a las familias y amigos de las víctimas de esta terrible tragedia. El dolor que experimentan es inconmensurable, y nada de lo expresado en estas líneas pretende aumentar su sufrimiento. Al contrario, estas reflexiones nacen de una profunda tristeza por lo ocurrido y de un genuino deseo de que semejante calamidad no vuelva a repetirse.

El reciente desplome del Jet Set, que ha cobrado cerca de 80 vidas y podría llegar a 100, no es simplemente un accidente trágico, sino el resultado directo de una cultura de impunidad y complicidad que permea nuestra sociedad dominicana. Esta catástrofe nos obliga a reflexionar sobre cómo la corrupción, en sus múltiples manifestaciones, tiene consecuencias mortales.

La corrupción no se limita al saqueo del erario público. Es un fenómeno mucho más amplio y pernicioso que incluye la complicidad con lo mal hecho, la omisión en el cumplimiento del deber y la normalización de prácticas peligrosas en nombre del beneficio económico o la conveniencia política.

Incendio 

El caso del Jet Set es paradigmático. Hace aproximadamente un año, este establecimiento sufrió un incendio significativo. La lógica y la responsabilidad dictaban que, tras semejante siniestro, las autoridades debían haber realizado una inspección rigurosa de la estructura para determinar si cumplía con las condiciones mínimas de seguridad para continuar operando.

El fuego, como bien sabemos, compromete gravemente la integridad de cualquier edificación, momificando elementos estructurales cruciales y debilitando su resistencia.

Sin embargo, ¿quién se atrevería a cuestionar o exigir rendición de cuentas al propietario, el señor Espaillat, dueño de RCC Media y la influyente emisora «El Zol»? Un hombre con considerable poder económico y mediático, a quien políticos y funcionarios rinden pleitesía, esperando a cambio espacios gratuitos de promoción y otros favores. Inspeccionar rigurosamente su negocio o, peor aún, ordenar su cierre temporal o demolición, habría sido considerado una afrenta imperdonable contra un «intocable».

La estructura

A todas luces, la estructura colapsada carecía de elementos básicos de soporte. No contaba con las vigas de amarre ni con soportes verticales adecuados para un techo que, además, soportaba un peso excesivo de unidades de aire acondicionado, ahora visibles entre los escombros.

Por experiencia personal, puedo afirmar que unidades de aire de 30 toneladas —como las seis que tengo instaladas en mi edificio— requieren ser izadas con grúas debido a su peso considerable y deben ser colocadas sobre estructuras de hierro sólidas, no sobre concreto sin refuerzo adecuado.

Una edificación que ha sufrido un incendio de tal magnitud debió haber sido demolida y reconstruida completamente. Esto habría ocurrido en una sociedad donde las reglas se cumplen sin importar quién las viole. Una estructura como la del Jet Set debió haber sido reconstruida con vigas de acero que garantizaran su integridad.

Bomba de tiempo

Lo más alarmante es que esta edificación era una bomba de tiempo. El sobrepeso en el techo y las vibraciones constantes de los equipos electrónicos; fueron la mecha que finalmente provocó la detonación fatal. Algunos dirán que es fácil analizar después de la tragedia, que «todos somos generales después de la guerra». Sin embargo, la preocupación y la prevención debían ser responsabilidad de las autoridades competentes, quienes hoy son tan responsables como el propietario de estas muertes y heridos.

Este caso ilustra perfectamente la mentalidad egoísta que predomina en nuestra sociedad, la aceptación campechana de que «todo va bien» y la normalización gustativa de la corrupción. Es esta mentalidad la que permite que se comercialicen alimentos en condiciones sanitarias deplorables, que proliferen vendedores ambulantes sin control alguno, que se privaticen espacios públicos como aceras, y que se construyan y operen edificaciones sin los más mínimos estándares de seguridad.

La tragedia del Jet Set debe servirnos como un doloroso recordatorio de que la corrupción mata, y lo hace sin distinción alguna. En esta catástrofe perecieron por igual ricos y pobres, ciudadanos comunes y figuras reconocidas; como dice el refrán dominicano, «murieron mansos y cimarrones».

Es posible, incluso probable, que entre las víctimas se encuentren personas que, por su posición o autoridad, tenían la responsabilidad de exigir o implementar los correctivos necesarios y no lo hicieron, convirtiéndose así en víctimas de su propia complicidad o negligencia.

La muerte, en su macabra democracia, ha demostrado que las consecuencias de la negligencia no discriminan por estatus social o económico. No estamos ante una exageración ni un eslogan vacío. Cuando permitimos que el poder económico o político esté por encima de la ley, cuando normalizamos la impunidad de los «intocables», estamos sembrando las semillas de desastres que, eventualmente, nos afectarán a todos por igual.

Es hora de exigir responsabilidades, no solo al propietario del establecimiento, sino también a los funcionarios que, por acción u omisión, permitieron que esta bomba de tiempo siguiera funcionando. Es momento de romper con la cultura de la complicidad y empezar a construir una sociedad donde la ley se aplique por igual a todos, sin importar su cuenta bancaria o sus conexiones políticas.

La verdadera corrupción no está solo en los grandes escándalos que ocupan portadas, sino en la cotidiana aceptación de lo incorrecto, en el silencio cómplice ante lo que sabemos está mal. Esa es la corrupción que debemos combatir si queremos evitar que tragedias como la del Jet Set se repitan en el futuro.

Estas reflexiones no buscan ser insensibles ante el dolor de quienes hoy lloran a sus seres queridos. Por el contrario, nacen del profundo respeto por cada vida perdida y por la dignidad de cada familia afectada. Como dominicanos, compartimos su dolor y nos unimos en solidaridad con todos los afectados por esta tragedia. Precisamente porque valoramos cada vida humana es que debemos alzar la voz contra las prácticas que las ponen en riesgo.

Las vidas perdidas merecen, como mínimo, que aprendamos esta lección y que honremos su memoria construyendo un país donde la seguridad y el bienestar de las personas estén por encima de cualquier interés económico o político.

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