La Constitución tiene el trabajo y salario como dos derechos fundamentales con rango constitucionales. Por ello, el Estado tiene la obligación de hacerlos cumplir y ejecutarlos.

La Constitución como las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos exigen a los Estados implementar un salario digno. El Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ¨Protocolo de San Salvador¨ establece una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción, art. 7.

La Constitución en el artículo 62 impone que el Estado debe fomentar el empleo digno, remunerado y que todo trabajador tenga el derecho a un salario justo y suficiente que le permita vivir con dignidad, cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales.

El salario constitucional es carácter “remunerado”, concepto esté relacionado con la equidad e igualdad. La remuneración proporciona unas condiciones de existencia dignas que se determina en función de factores externos, como el costo de la vida y otras condiciones económicas y sociales imperantes. Así pues, la remuneración debe ser suficiente para permitir al trabajador y a su familia gozar de otros derechos reconocidos en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, como la seguridad social, la atención de salud, la educación, nivel de vida adecuada, acceso a alimentos, agua, saneamiento, vivienda, vestido y cubrir gastos adicionales, como los costos de transporte.

Para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Observación General núm. 23 interpretando el artículo 7 del Protocolo de San Salvador adopta este mismo criterio y agrega el comité que los salarios mínimos solo son eficaces si se ajustan a los objetivos establecidos en el artículo.

El Tribunal Constitucional también se ha pronunciado que el “el salario justo y digno es conceptualizado por la jurisprudencia constitucional comparada como la protección que el Estado debe garantizar a todo trabajador para no percibir un salario inferior al mínimo establecido atendiendo a la naturaleza del sector laboral al que pertenezca, de modo que dicho salario conserve el poder adquisitivo que le permita vivir con dignidad al permitirle satisfacer sus necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. En el mismo sentido lo establece los Convenios 95 y 99 de la Organización Internacional del Trabajo relativos a la protección del salario refuerzan la conclusión según la cual el derecho a un salario justo presupone derecho a mantener el poder adquisitivo del mismo”, TC/0691/16.

El salario es la retribución que recibe un trabajador por la prestación de sus servicios laborales. El salario tiene varios componentes y uno de estos es la indexación, la cual implica un ajuste automático del sueldo según un índice de precios, como la inflación, para mantener su poder adquisitivo. La indexación tiene su desarrollo en dos leyes: Ley No. 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano y Código Tributario (Ley No.11-92). Esta última tiene la indexación en el artículo 327 y la primera la tienen en el artículo 17.

Sin embargo, basado en el principio de que la norma especial derrota la general o de que ley especial prevalece sobre ley general, la ley de regulación salarial como ley especial derogó el artículo 327 del código tributario, que es una ley general. La diferencia radica en que el código tributario ordenaba hacer la indexación anual y la ley de salario lo establece cada dos años.

Como puede el ciudadano hacer cumplir la indexación salario cada dos años

Lo puede hacer a través de la garantía constitucional del amparo. El amparo es una institución jurídica que permita que se protejan los derechos de las personas. En atención, la ley 137-11 establece el amparo de cumplimiento. Se interpone cuando se tenga por objeto hacer efectivo el cumplimiento de una ley, por ejemplo, para hacer cumplir la indexación salarial que indica artículo 17 de la ley de salario. El objetivo de este amparo es que un juez ordene que el funcionario o autoridad pública renuente dé cumplimiento a una norma legal.

En el caso de hacer cumplir la indexación, para iniciar el amparo de cumplimiento, habrá que notificar mediante acto de alguacil o una simple comunicación solicitándoles a Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda y Congreso Nacional, instituciones estas que elaboran y aprueban el presupuesto nacional que incorporen las partidas correspondientes para que las instituciones indexen los salarios tal como lo ordena la ley de salario en el artículo 17. En caso de no reconocer las partidas presupuestarias queda legitimado la interposición del amparo ante los tribunales.

Sería como judicializar una decisión gubernamental-política para que el Poder Judicial lo haga y de esta manera, tribunal debe fallar ordenando a estas instituciones que apliquen las partidas en el presupuesto nacional para la indexación salarial y con ello dar cumplimiento a la ley que la ordena.

Cualquier ciudadano puede iniciar este procedimiento de amparo judicial y terminar con una sentencia favorable.

Por JOSE ALEJANDRO MONTESINO

El 2025 United States federal government shutdown comenzó el 1 de octubre de 2025, cuando el Congreso estadounidense no aprobó un proyecto de gasto ni una resolución de continuidad presupuestaria antes del inicio del nuevo año fiscal.

Este apagón gubernamental es ya el más prolongado en la historia de los EE. UU., implicando la paralización de muchas agencias federales, el despido temporal (furlough) de decenas o cientos de miles de empleados federales y el trabajo sin paga de otros tantos funcionarios considerados “esenciales”.

Los efectos macroeconómicos para la economía norteamericana también han comenzado a sentirse:

• Las estimaciones del Congressional Budget Office (CBO) indican que el cierre podría restar entre US $7 000 millones y US $14 000 millones del producto interno bruto (PIB) de EE. UU., en una ventana de 4 a 8 semanas.

• Analistas advierten que cada semana adicional del cierre podría costar hasta US $15 000 millones en crecimiento perdido.

• Se han reportado más de 2 500 vuelos cancelados en EE. UU. vinculados al cierre y a una reducción de tráfico ordenada por la Federal Aviation Administration (FAA).

• El cierre ha generado demoras en pagos, incertidumbre en empresas contratistas del Estado, y una caída del sentimiento del consumidor.

En resumen: el cierre no sólo afecta el aparato federal estadounidense, sino que tiene implicaciones en la actividad económica general, la confianza, el gasto, y sectores muy ligados al comercio internacional, los viajes y el turismo.

¿Cómo afecta esto a la economía dominicana?

La República Dominicana es un país con fuertes vínculos económicos, turísticos y de inversión directa con los EE. UU. Cualquier perturbación en el mercado estadounidense puede tener efectos de contagio o transmisión hacia la economía dominicana. A continuación, algunos canales de impacto:

Canales de transmisión principales

1. Reducción del poder adquisitivo de los turistas estadounidenses

   Los ciudadanos de EE. UU. representan una parte considerable de los visitantes internacionales a República Dominicana. Si el cierre provoca desempleo federal, pagos atrasados, menor confianza del consumidor o recortes en el gasto público, es plausible que algunos viajeros pospongan vacaciones, reduzcan el gasto o reemplacen destinos. Al menos en EE. UU., las empresas de viajes y transporte ya están reportando cancelaciones o incertidumbre ligada al cierre.

2. Problemas en vuelos/conectividad aérea

   Un impacto más directo para la República Dominicana proviene del efecto en el transporte aéreo: ya se ha documentado que debido al cierre y a acciones de la FAA se redujo el tráfico aéreo y se cancelaron vuelos hacia/desde EE. UU., lo que podría afectar la conectividad de vuelos dominicanos. Según un reporte, el mercado de EE. UU. representa más del 60 % del tráfico internacional hacia RD desde aeropuertos como Nueva York, Miami, Boston, Orlando, Dallas.

   Esto significa que demoras, cancelaciones, reducción de vuelos o aumento de tarifas podrían traducirse en menor número de visitantes o mayor costo para llegar a la República Dominicana.

3. Reducción del gasto de inversión o financiamiento externo

   Cuando la economía de EE. UU. se ve afectada, empresas, inversores o viajeros pueden volverse más cautelosos. Esto puede implicar menor inversión extranjera directa hacia la República Dominicana, menor flujo de remesas asociadas al turismo o propiedades, o una ralentización en compras de residencias vacacionales por ciudadanos estadounidenses. Aunque este canal es más difuso, puede tener efectos acumulativos.

4. Impacto en exportaciones y cadenas globales

   Aunque República Dominicana no depende exclusivamente del mercado estadounidense para exportaciones agrícolas o industriales, un recorte en demanda estadounidense puede afectar ciertos productos dominicanos que llegan a ese país o a través de vía de insumos intermedios. Además, las interrupciones en transporte aéreo o marítimo o en logística global también pueden incidir en el comercio. El cierre ha sido citado como un riesgo para “envíos de mercancías navideñas” u otros productos.

Particularidades para el sector turismo dominicano

El turismo es uno de los pilares de la economía dominicana (junto con la minería, zonas francas, agroexportación, remesas). Evaluemos cómo el cierre puede afectar este sector:

• El hecho de que EE. UU. sea el origen de más de la mitad de los visitantes internacionales (y para ciertos aeropuertos dominicanos, más del 60 %) significa que cualquier interrupción del transporte o del flujo de viajeros estadounidenses se traduce directamente en riesgo para la ocupación hotelera, ingresos por turismo, empleos en el sector turismo y servicios conexos.

• La menor conectividad aérea (vuelos cancelados, demoras, rutas puestas en riesgo) pueden hacer que los paquetes turísticos o escapadas de último minuto disminuyan, o que los operadores turísticos dominicanos deban ajustar oferta, precios o reservas de manera reactiva.

• Hoteles, resorts, renta de autos, excursiones y actividades turísticas dependen de reservas, pagos anticipados o flujo constante de visitantes. Si los viajeros estadounidenses recortan o se retraen por incertidumbre (laboral o financiera) provocada por el cierre, entonces la República Dominicana puede ver una reducción en esos flujos.

• Además, el turismo tiene un efecto multiplicador: menos visitantes significa menor consumo en hoteles, restaurantes, tiendas, transporte local. Para comunidades locales que dependen del turismo (Punta Cana, Bávaro, Samaná, Puerto Plata, etc.), la caída del gasto de turistas estadounidenses puede impactar la economía local de forma más marcada que los indicadores nacionales.

• Por otra parte, la inestabilidad en EE. UU. también puede afectar la percepción de riesgo del viajero internacional: si los vuelos desde EE. UU. se demoran o se cancelan, puede generarse un efecto disuasivo para nuevos viajeros que planeaban venir desde ese país o hacer conexiones internacionales.

Ejemplo concreto: conexiones aéreas

Un artículo indica que las reducciones de tráfico aéreo ordenadas por la FAA pueden afectar rutas desde Nueva York, Boston, Miami, Orlando y Dallas hacia República Dominicana, debido a que esas ciudades concentran la mayor parte de los vuelos hacia el país.

Así que no se trata sólo de que los turistas estadounidenses tengan menos dinero o confianza, sino también de que la infraestructura de transporte que enlaza esos turistas a República Dominicana se ve comprometida.

Resumen de impactos esperados y recomendaciones

Principales efectos esperados para República Dominicana

• Disminución del número de visitantes estadounidenses al país, al menos en el corto plazo, como resultado de menor conectividad aérea o menor confianza del viajero.

• Potencial caída en el gasto medio por turista estadounidense, si algunos de ellos afrontan menores ingresos, pagos atrasados del gobierno federal, o deciden reducir viajes.

• Impacto en la ocupación hotelera, actividades de ocio, excursiones, transporte interno, servicios asociados al turismo, y en las economías locales turísticas.

• Riesgo de efectos colaterales: menor inversión externa, mayor cautela de operadores turísticos, retrasos en desarrollo de proyectos turísticos planificados.

• Necesidad de ajuste de precios o incentivos para mantener flujo de visitantes, o de diversificar mercados emisores (menos dependencia de EE. UU.).

Recomendaciones para mitigar el impacto

• Fortalecer la promoción de otros mercados emisores (Europa, Canadá, Latinoamérica) para reducir la dependencia en el turista estadounidense.

• Ajustar operaciones aéreas y alianzas con aerolíneas que conectan EE. UU. –República Dominicana, estar listos para demoras o cancelaciones, optimizar rutas alternativas.

• Incentivar la reserva anticipada de vuelos y estancias, con tarifas flexibles que mitiguen riesgos de última hora.

• Promover paquetes especiales o promociones dirigidas al mercado estadounidense que puedan contrarrestar el impacto de posibles recortes en viajes.

• Monitorear continuamente la situación en EE. UU. (reapertura del gobierno, evolución de la economía, conectividad aérea) para ajustar planes de contingencia turística.

  Enfocar parte de la estrategia turística en experiencias de “valor agregado” que atraigan al turista estadounidense incluso en tiempos de mayor cautela económica.

Conclusión

Aunque el cierre del gobierno de EE. UU. es un evento doméstico norteamericano, sus repercusiones trascienden fronteras. En el caso de la República Dominicana —un país con alta vinculación turística al mercado estadounidense— el riesgo de menor llegada de visitantes, menor gasto por turista y dificultades en conectividad aérea es real.

Si bien no todos los efectos serían inmediatos o gigantescos, la acumulación de tensiones (en vuelos, reservas, confianza, gastos) puede erosionar parte del crecimiento del sector turismo en un año que podría haber sido de auge. Por ello, resulta clave que los actores públicos y privados del turismo dominicano actúen de manera proactiva, ajustando estrategias de diversificación, alianzas aéreas, promociones y logística.

Con una respuesta oportuna, República Dominicana puede amortiguar el efecto negativo del cierre estadounidense y quizás incluso posicionarse para captar una mayor cuota de mercado turístico cuando la situación norteamericana se estabilice.

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