SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) y la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) reiniciaron el diálogo para la regularización de la mano de obra extranjera en el sector agropecuario de la República Dominicana.
Las conversaciones buscan reactivar un Acuerdo de Colaboración que firmaron ambas instituciones en 2012, con el objetivo de simplificar los procesos de regularización de la mano de obra extranjera.
La JAD, que reúne a los principales empresarios agropecuarios dominicanos, servirá como mediadora a fin de llegar a un acuerdo dirigido a facilitar a sus miembros informaciones sobre los costos y la forma en que se puede simplificar el proceso de legalización de los trabajadores extranjeros.
El encuentro, que contó con la presencia de más de 40 sectores de la economía nacional, comenzó con las palabras de bienvenida del presidente del Consejo de Directores de la JAD, Pedro Brache. mientras que el presidente ejecutivo, Osmar Benítez, aseguró que las autoridades de Migración siempre han demostrado buena voluntad y disposición de otorgar facilidades para la aceleración del proceso de regularización.
Benítez dijo que entre las facilidades que ha previsto la Dirección de Migración están la de reducción de sus tasas de servicios y la emisión de un documento provisional para los trabajadores haitianos que no poseen pasaporte, de forma tal que puedan laborar mientras el estado haitiano les entrega sus documentos.
Por su parte el Director General de Migración, José Ricardo Taveras advirtió que el tema de la regularización de la mano de obra haitiana en el sector agropecuario debe tomarse como una emergencia, ya que las autoridades están en la obligación de observar y establecer sanciones a las violaciones, lo que afectaría a este importante sector productivo nacional ya que las multas oscilan entre 50 a 300 mil pesos.
Taveras dijo además que otro problema de la actual falta de regularización es que los indocumentados no cotizan ni pertenecen al sistema de seguridad social lo que muchas veces se traduce en que las empresas tengan que asumir costos paralelos para la salud de sus empleados no regularizados.
“No podemos seguir incentivando dos sectores, el sector formal y el informal. Tenemos que regular la mano de obra extranjera ya que, según la ley, un extranjero habilitado para trabajar en nuestro país goza de los mismos derechos y deberes que un trabajador dominicano”, enfatizó Tavares.
sp-am

SANTO DOMINGO.- El Banco Popular Dominicano inauguró la primera red de subagentes bancarios de la República Dominicana, lo que facilitará el acceso a los servicios financieros.
Este nuevo canal de inclusión financiera comienza con más de 200 puntos de servicio aprobados, distribuidos por toda la geografía nacional, de los cuales más de 70 ya están en funcionamiento.
Los subagentes operarán en farmacias, ferreterías, estaciones de combustible o colmados, entre muchos otros comercios, un hecho que acercará y facilitará la realización de transacciones financieras a una gran parte de la población, de un modo rápido y seguro, con la ventaja añadida de horarios extendidos.
En los puntos de la red Subagente Popular, el usuario puede realizar, en esta primera etapa, pagos de préstamos y de tarjetas de crédito, recargas de minutos, así como depósitos y retiros de dinero desde cuentas virtuales prepagadas. En estos mismos comercios, afiliados al Banco Popular, el cliente tiene la posibilidad de adquirir cuentas virtuales prepagadas, asociadas a su número de teléfono móvil.
Este canal que democratiza el acceso a la banca se ha desarrollado en alianza con la empresa GCS Systems (tPago) y es factible gracias al Reglamento de Subagente Bancario, que aprobaron las entidades reguladoras del sistema financiero. Se trata de un modelo probado con éxito desde hace años en otros países de América Latina y su objetivo es llegar a la población sub bancarizada, cuya cifra supera en la República Dominicana el 60% del total.
Con el desarrollo de esta innovadora iniciativa de inclusión financiera, el Popular trae al país una visión de servicios bancarios más accesibles y sostenibles, al igual que ocurre en naciones como Perú, México, Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile, Bolivia, Guatemala y Brasil, donde los subagentes bancarios se han constituido en una de las principales vías de acceso a los servicios bancarios a través de cientos de miles de comercios.

SANTO DOMINGO.- La Fundación Prensa y Derecho exigió al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Inodtel) más transparencia en las licitaciones de frecuencias radioeléctricas que oferta a las empresas telefónicas para la transmisión de data, voz e imágenes.
Namphi Rodríguez, presidente de la entidad, dijo que en fecha 11 del presente mes de abril cursó una solicitud de acceso a la información en virtud de la Ley 200-04 al órgano regulador de las telecomunicaciones para que explique detalles de interés público sobre las negociaciones que le permitieron disponer de las frecuencias que puso licitación.
«Sobre la aprobación del acuerdo de compraventa de Altice-Orange-Tricom y la recomposición del espectro radioeléctrico a que dio origen esa negociación, aún tenemos interrogantes que Indotel no acaba de responder», subrayó el profesional del Derecho al tiempo de puntualizar que hay que definir los límites jurídicos de la «cláusula de confidencialidad» proclamada por el Consejo Directivo de esa institución para evitar ofrecer detalles de algunos aspectos de la operación.
Sostuvo que tras dicha operación Indotel puso en licitación las frecuencias que van desde los 1710 megahercios a los 1755 MHz y de los 2110 a los 2155 MHz con el alegato de equilibrar el peso de las operadoras de telefonía en el mercado de las telecomunicaciones.
Sin embargo, advirtió que resulta inexplicable que, por lo menos, tres operadores de telecomunicaciones reclamen la titularidad de derechos de parte de esas frecuencias. Entre las empresas que reivindican títulos habilitantes sobre el indicado espectro se encuentran Color Visión (canal 9), que afirma poseer una licencia de uso de frecuencia desde el año 1984 que le concede derecho de exclusividad para operar desde los 2150 megahercios hasta los 2198 MHz.
Color Visión interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Superior administrativo que se conocerá este miércoles 30 de abril, a fin de inhabilitar la licitación por violación de sus derechos.
Otra empresa que reclamó derechos de exclusividad fue Servicios Amplios de Teléfonos (Satel), que reivindicaba los derechos sobre las frecuencias de los 2110 a los 2120 megahertz. Satel, propiedad del empresario televisivo José Ramón Gómez Díaz, habría desistido de su pretensión de acuerdo a fuentes no oficiales.
La Fundación Prensa y Derecho solicitó mediante instancia al Indotel la entrega del expediente administrativo sobre la reclamación de Satel para confirmar esa información y cuál habría sido la contraprestación que se le otorgó a la empresa para desinteresarla. No obstante, hasta el momento no se ha recibido ninguna respuesta.
Reitera Urge Reformar Ley de Telecomunicaciones
A juicio de Namphi Rodríguez esas situaciones crean un manto de dudas e interrogantes sobre la transparencia en el mercado de las telecomunicaciones en el país que podría abrir una fisura de cuestionamiento a la seguridad jurídica.
Adujo que uno de los méritos de la Ley 153-98, de Telecomunicaciones, era que se habían disipado el fantasma de la discrecionalidad y la «truculencia administrativa y política» que caracterizaron la adjudicación de frecuencias radioeléctricas en el pasado.
Empero, lamentó que sobre un caso como este haya tanta prisa y silencio del Indotel cuando existen quejas razonables de operadores y de entidades de la sociedad civil que piden más transparencia de los procesos administrativos y las licitaciones.
Por esa razón insistió en que, para volumen actual de las telecomunicaciones, la legislación vigente luce incompleta, por lo que reiteró la necesidad de abocarse a discutir una pronta reforma de la Ley 153 de 1998 para dar paso a una normativa capaz de dar respuesta a las exigencias de transparencia y seguridad jurídica que demanda la sociedad de la información.
Añadió que junto a la transparencia, el fenómeno de la convergencia de los servicios de telecomunicaciones y el inicio de las transmisiones digitales de TV han abierto una nueva realidad que exige aprobar una legislación actualizada.
«Ya la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), como órgano especializado de las Naciones Unidas, ha alertado sobre la necesidad regular estos fenómenos, que en República Dominicana son realidades, puesto que en el país es común que servicios de red, soportes físicos informáticos, redes de distribución audiovisual y de contenidos se sirvan a través de una misma plataforma», concluyó Rodríguez.