El caos haitiano como amenaza regional

Desde hace años, Haití sufre   una crisis profunda caracterizada por el colapso del Estado, el auge de la violencia y el dominio de las bandas criminales. Lo que empezó como una emergencia social se ha convertido en un problema geopolítico de alcance regional. Este deterioro pone en peligro la estabilidad de la República Dominicana.

En ese contexto, ha resurgido una vieja y polémica propuesta: la unificación de la isla bajo una sola nación, la “República de Quisqueya”.

¿Es esta una solución estratégica o una amenaza a la soberanía y a la historia de dos pueblos distintos?

El asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 marcó un punto de no retorno. Actualmente, más del 80 % del territorio urbano haitiano está bajo control de las bandas. Este vacío de poder ha generado más de un millón de desplazados y ha intensificado la migración ilegal hacia la República Dominicana.

La reciente suspensión del estatus de protección temporal para unos 500,000 haitianos en EE. UU. agrava el escenario. La violencia, los secuestros y el caos amenazan con desbordar la frontera.

¿Dónde está la comunidad internacional? 

Pese a las alertas de organismos como la ONU, la OEA y diversas ONGs, la comunidad internacional ha respondido con tibieza. Las promesas de intervención, como la misión liderada por Kenia, siguen estancadas mientras la situación se deteriora.

En la República Dominicana crece la sospecha de que esta inacción es parte de un cálculo estratégico. Se teme que se busque justificar una intervención mayor o incluso una reconfiguración geopolítica de la isla. Una intervención pasiva puede ser tan peligrosa como una ocupación activa.

¿La unificación como solución?

En este clima vuelve a circular el mito de la “República de Quisqueya”, una idea impulsada desde el siglo XIX por sectores de poder en Estados Unidos. Ya entonces, figuras como Thomas Jefferson o Ulysses S. Grant vieron la isla como un punto estratégico.

Hoy, centros de pensamiento y lobbies internacionales han retomado la idea. La narrativa es simple: una isla unificada sería más fácil de estabilizar, gobernar y alinear con intereses regionales. Pero esa propuesta simplifica en exceso una realidad muy compleja.

Desemejanzas ancestrales 

Las diferencias entre Haití y República Dominicana no son solo políticas: son históricas, culturales, lingüísticas y económicas. Mientras Haití atraviesa un colapso institucional total, la República Dominicana mantiene una democracia funcional y una economía estable. La fusión sería profundamente desigual.

¿Qué país aceptaría vincular su destino con uno en ruinas, sin instituciones y bajo control criminal? Es una expectativa irracional y peligrosa, basada en premisas neocoloniales.

La soberanía no es negociable 

Unificar la isla sería no solo inviable, sino un atropello moral y político. La identidad dominicana se forjó en oposición a la ocupación haitiana de 1822-1844. Pretender borrar esa historia en nombre de la eficiencia regional es negar siglos de luchas, procesos de construcción nacional y afirmación de soberanía.

La autodeterminación no puede sacrificarse en nombre de supuestos beneficios administrativos. La República Dominicana ha sido clara: su soberanía no es negociable ni intercambiable.

No hay solución dominicana para el caso haitiano. 

No existe apoyo político ni social, ni dentro ni fuera de la isla, para una propuesta de unificación. Organismos como la CELAC, CARICOM y gobiernos de América Latina insisten en una solución que respete la soberanía de ambos Estados.

Cualquier intento de imponer una “integración forzada” abriría la puerta a una nueva forma de tutela colonial. La República Dominicana no puede ni debe asumir la carga de resolver unilateralmente el colapso haitiano. Esa no es su responsabilidad.

¿Qué hacer entonces ante esta crisis?

La respuesta es clara: restaurar el orden institucional en Haití. Eso requiere recursos, voluntad internacional y compromiso ético. No bastan discursos ni promesas; se necesitan acciones concretas.

Pero también debe respetarse el derecho del pueblo haitiano a autogobernarse. Toda solución impuesta desde fuera perpetúa la dependencia, el resentimiento y el conflicto. La autodeterminación no puede ser sacrificada por conveniencias diplomáticas.

Posición dominicana

La República Dominicana, por su parte, debe actuar con firmeza, pero también con inteligencia estratégica. Defender su soberanía es legítimo, pero cargar con el peso de una crisis ajena no lo es.

Convertirse en “muro de contención” de una emergencia ignorada por el mundo sería un error histórico. El problema de Haití debe ser resuelto por los propios haitianos, con apoyo externo, pero sin imposiciones. La solidaridad no puede confundirse con sometimiento.

La “República de Quisqueya” es, en el mejor de los casos, una ilusión geopolítica. En el peor, es un proyecto de dominación disfrazado de integración. La solución no está en borrar las fronteras, sino en reconstruir el Estado haitiano.

Y eso solo será posible si la comunidad internacional —especialmente Francia— asume su responsabilidad histórica. Haití no puede seguir pagando sólo, los costos del colonialismo y la indiferencia global.

La reciente admisión del presidente Emmanuel Macron sobre los efectos destructivos de la indemnización impuesta por Francia es un paso importante. En 1825, el rey Carlos X exigió 150 millones de francos, lo que obligó a Haití a endeudarse aún más con bancos franceses.

Esta deuda condenó a ese país a más de un siglo de dependencia económica. Muchos historiadores consideran esta imposición como una de las causas estructurales de su empobrecimiento crónico.

Francia debe hacer un mea culpa y asumir su deuda moral. no basta con dinero, pues este termina en manos de la insaciable oligarquía haitiana o de ONGs oportunistas. Es necesario que los galos impulsen acciones concretas y duraderas: reforestación, infraestructura, educación.

Que construyan al menos un hospital por cada uno de los 10 departamentos del país, que rehabiliten el sistema de salud y fomenten el desarrollo sostenible. Haití, además de tutelaje, necesita justicia histórica y cooperación real, es lo mínimo que pueden hacer para resarcir a ese pueblo de todas las terribles vejaciones que le han causado desde que tomaron posesión de esa parte de la isla con la firma del infausto Tratado de Ryswick, firmado con España en 1697.

CarlosMcCoyGuzman@gmail.com

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POR LUIS DECAMPS

En medio de las turbulencias generadas por la puesta en vigor de su “agenda” arancelaria, el presidente Donald Trump, en el estilo simple y poco convencional que le ha caracterizado, ha sugerido la posibilidad de intentar obtener la nominación para un tercer período de gobierno a pesar de que tanto la tradición política como la Constitución de los Estados Unidos de América impugnan semejante pretensión.

(Nada nuevo bajo el sol: es un lugar común en la Historia que los gobernantes de la estirpe de Trump -populistas, rupturistas, egocéntricos, pseudomesiánicos y con inclinaciones totalitarias-, impulsados por una visión providencialista y un cierto narcisismo político que se disfraza de nacionalismo radical -y sobre la base de consignas, frases “tipo cohete” y aclamaciones de masas- se autoconsideren imprescindibles e insustituibles en el marco de sus proyectos de “redención” y aspiren a mantenerse en el poder sin parar mientes en la normativa consuetudinaria o legal).

Las palabras sobre el particular del mandatario estadounidense fueron las siguientes: «No estoy buscando eso, pero les digo que he tenido más gente que me pide tener un tercer mandato… Tenemos todavía casi cuatro años; es mucho tiempo, pero a pesar de eso mucha gente dice que tengo que volver a presentarme. Les encanta nuestro trabajo… Pero básicamente les digo que tenemos un largo camino por delante, saben, es muy pronto en la administración…  No bromeo. Hay métodos con los cuales podría hacerse».

Como se ha apuntado, desde su nacimiento como Estado la gran nación de Norteamérica asumió como costumbre que sus gobernantes resignaran el poder tras el ejercicio de dos períodos (consecutivos o no), una regla no escrita que se inició específicamente con George Washington, su primer presidente, que en el año de 1797 se negó a aceptar un tercer mandato, retirándose a la vida privada en su casa de Mount Vernon, Virginia, y posteriormente rechazando múltiples solicitudes para que nueva vez se presentara como candidato.

(Washington había marcado previamente un importante precedente en lo atinente al ejercicio del mando militar cuando el 23 de diciembre de 1783 -tras la firma del Tratado de París del 3 de septiembre de ese año por el que Gran Bretaña y los Estados Unidos pactaron el fin de la guerra reconociendo la independencia de estos últimos- renunció a su condición de Comandante en Jefe del Ejército Continental, en una decisión que recordaba la postura de Cincinato, el pundonoroso general romano que se retiró del poder cuando entendió que ya había cumplido con su deber frente a la patria y sus conciudadanos).

Debido a que, como ya se dijo, se trataba de una decisión de costumbre (pues la Constitución de Filadelfia de 1787 no se refería al tema), en su momento los presidentes Ulises S. Grant (republicano, 1869-1877) y Teodoro Roosevelt (republicano, 1901-1909) intentaron obtener un tercer mandato: el primero presentando fallidamente su precandidatura a la convención republicana de 1880, y el segundo postulándose de manera infructuosa como abanderado del nuevo Partido Progresista en 1912 tras ser derrotado en la convención de su organización política primigenia y alegar que fue objeto de un gran fraude interno.

Quiebra de la tradición

Desde luego, el caso más conocido de quiebra de la tradición estadounidense en el sentido apuntado (y el único exitoso hasta hoy) fue el protagonizado por Franklin Delano Roosevelt (demócrata, 1933-1945), quien, montado en la ola de malestar socioeconómico generada por los estragos del crac financiero de 1929 y -luego- en la situación especial provocada por la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), logró obtener cuatro mandatos presidenciales consecutivos, falleciendo a menos tres meses (12 de abril de 1945) de haberse juramentado para el último.

Justamente para tratar de contener la eventualidad de que se repitiese lo acontecido con Roosevelt fue que el 21 de marzo de 1947 el Congreso de los Estados Unidos votó la Vigésima Segunda Enmienda de la Constitución (siendo ratificada por la cantidad requerida de estados el 27 de febrero de 1951), cuya parte capital reza como sigue:  “Ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de Presidente más de dos veces, y ninguna persona que haya ocupado el cargo de Presidente, o ejercido como Presidente, durante más de dos años de un mandato para el que otra persona hubiera sido elegida como Presidente, será elegida para el cargo de Presidente más de una vez”.

Por otro lado, la parte in fine de la Décimo Segunda Enmienda del texto constitucional estadounidense ya establecía desde 1804 una previsión que, pese a no estar concebida originalmente para ello, en la actualidad puede ser considerada como un candado para cerrar la puerta a todo maniobrerismo politiquero destinado a ejercer el poder “detrás del trono” o a burlar el espíritu de la disposición que limita la elección presidencial a “dos veces” sin importar su orden: “ …ninguna persona constitucionalmente inelegible para el cargo de Presidente será elegible para el de Vicepresidente de los Estados Unidos”.

En el contexto que precede, parece lógico inferir que la única posibilidad que tiene Trump para presentarse a un tercer mandato presidencial sería con la derogación o la modificación de la Vigésima Segunda Enmienda, para lo cual se necesitaría convocar a una Convención Constitucional conforme al Artículo V del pacto sustantivo estadounidense, que dice: “El Congreso, cuando dos tercios de ambas Cámaras lo consideren necesario, propondrá enmiendas a esta Constitución o, a solicitud de las legislaturas de dos tercios de los diversos estados, convocará una convención para proponer enmiendas, las cuales, en ambos casos, serán válidas para todos los efectos, como parte de esta Constitución, cuando sean ratificadas por las legislaturas de tres cuartas partes de los diversos estados, o por convenciones en tres cuartas partes de los mismos, según uno u otro modo de ratificación sea propuesto por el Congreso…”.

    En otras palabras: la convocatoria a una Convención Constitucional sólo sería viable si “dos tercios de ambas cámaras” (o sea, 67 senadores y 290 representantes) la aprueban o si la solicitan “las legislaturas de dos tercios de los diversos estados” (es decir, de 33 estados), y las enmiendas votadas serán válidas sólo cuando sean “ratificadas por las legislaturas de tres cuartas partes de los diversos estados” (cuando menos 38) “o por convenciones en tres cuartas partes de los mismos” (igual número), de conformidad con el ”modo de ratificación…propuesto por el Congreso”.

Pregunta

Ante esas disposiciones tan claras y categóricas, la pregunta “se cae de la mata”: ¿está Trump actualmente en condiciones de lograr el apoyo necesario en el Congreso o en los estados de Unión si se decidiera a buscar un tercer mandato? Por el momento, aunque los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras y cuentan con una sólida presencia en las legislaturas estatales, no luce que los “números” le alcancen para ello.

Ello no ha obstado, claro está, para que partidarios de Trump (como el representante republicano por el Distrito 5 de Tennessee, Andy Ogles, que presentó en enero un proyecto para «enmendar» la Constitución) apuesten por un tercer mandato de su líder, lo que prefigura la posibilidad de que en algún momento el tema se agite en los corrillos congresuales y sea objeto de debates entre los ciudadanos y en los medios de comunicación.

Por supuesto, todo lo precedentemente dicho todavía tendría un último imponderable pendiente: la voluntad de los sufragantes de cada estado de la Unión que, por la vía indirecta del Colegio Electoral, a la postre serán los que decidirán, tras evaluar los resultados de la presente administración de Trump, si éste merece o no ser favorecido con una ruptura del orden consuetudinario y de la normativa constitucional para garantizarle una continuidad inmediata en el ejercicio del poder.

lrdecampsr@hotmail.com

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POR JULIO MARTINEZ

La tragedia del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set continúa generando repercusiones en la opinión pública, ahora con un nuevo giro que ha sorprendido a analistas y expertos en comunicación de crisis. Recientemente, el periodista Julio Martínez Pozo, quien no tiene relación alguna conmigo, sugirió que se debería solicitar la intervención del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos para investigar la posibilidad de que el colapso haya sido provocado intencionalmente por narcotraficantes mediante una explosión o dispositivo detonante.

«Entre las cosas que tenemos que descartar y que tiene que quedar fuera de toda duda en esta investigación es que no se presentara ningún otro elemento que haya producido la implosión», expresó Martínez Pozo en declaraciones públicas que han generado considerable controversia.

Esta declaración, que aparentemente buscaba desviar la atención de posibles negligencias estructurales, ha generado un efecto contrario al esperado. Al introducir la teoría de una posible vinculación con el narcotráfico, surgen interrogantes inevitables: ¿Por qué narcotraficantes tendrían como objetivo específico esta discoteca? ¿Qué conexión podría existir entre estos grupos delictivos y el establecimiento o sus propietarios?

Lo que resulta paradójico es que, al intentar exonerar de responsabilidad por negligencia estructural, esta línea de defensa abre una nueva dimensión de cuestionamientos sobre las actividades comerciales del empresario Antonio Espaillat, propietario de la discoteca y de varios medios de comunicación, incluyendo aquel donde trabaja el propio Martínez Pozo.

La inconsistencia lógica del argumento

El planteamiento presenta varias inconsistencias lógicas que merecen análisis:

• La sugerencia de involucrar a una agencia extranjera como el FBI en un asunto de jurisdicción nacional refleja una comprensión cuestionable del proceso legal adecuado.
• Si la hipótesis fuera que los medios de comunicación vinculados al señor Espaillat han publicado contenido que afecta a grupos del narcotráfico, resultaría más lógico que cualquier represalia se dirigiera contra los comunicadores responsables de dichas publicaciones, no contra un establecimiento de entretenimiento.
• La insinuación de una explosión o detonación provocada por narcotraficantes carece de evidencia preliminar que la sustente y parece más bien una especulación destinada a desviar la atención de posibles fallas estructurales o negligencias en el mantenimiento.

Las implicaciones no deseadas

Lo más preocupante de este tipo de declaraciones es que, en el intento de construir una defensa, se están generando asociaciones públicas entre el empresario y sectores del crimen organizado que anteriormente no existían en el imaginario colectivo. Como señalan expertos en gestión de crisis, introducir elementos especulativos de esta naturaleza puede resultar contraproducente para la imagen pública de los involucrados.

La responsabilidad de la comunicación en crisis

Este caso pone de relieve la importancia de una comunicación estratégica y responsable durante situaciones de crisis. Los especialistas en relaciones públicas coinciden en que la transparencia y el enfoque en los hechos verificables suelen ser más efectivos que las teorías especulativas que pueden desviar la atención temporalmente, pero generar problemas mayores a largo plazo.

En momentos donde familias afectadas aún buscan respuestas y justicia, el discurso público debería centrarse en esclarecer las responsabilidades concretas relacionadas con el mantenimiento y seguridad de la estructura, aspectos que continúan siendo el centro de la investigación oficial.

El caso del Jet Set nos recuerda que, en situaciones de crisis, las estrategias comunicacionales deben ser cuidadosamente evaluadas. Como reza el dicho popular que se ajusta perfectamente a esta situación: «Compadre, no me ayude así». A veces, una defensa precipitada puede generar más problemas que aquellos que intenta resolver.

Las autoridades competentes continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del colapso, mientras la opinión pública espera explicaciones basadas en evidencias técnicas concretas más que en especulaciones que abren nuevos frentes de controversia.

Es importante aclarar que este análisis lo hago como observador externo de la situación, sin ninguna vinculación personal con Julio Martínez Pozo ni con Antonio Espaillat, sino como un profesional del derecho que observa las implicaciones legales y comunicacionales de estas declaraciones.

Asimismo, quiero enfatizar que no me hago eco ni me responsabilizo del discurso que sugiere una investigación relacionada con sectores oscuros del narcotráfico como señala Martínez Pozo. Mi análisis se limita a examinar las consecuencias potenciales de tales declaraciones desde una perspectiva jurídica y comunicacional.

jpm-am