SANTO DOMINGO.- Arismendy Debord López, pastor de la Iglesia Evangélica Integral, dijo que los efectos de decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos de legalizar el matrimonio gay podrían repercutir en naciones del continente como la República Dominicana, acostumbradas a imitar los malos ejemplos importados desde de ese país.

Debord López, quien además es abogado y psicólogo,  expresó que en el caso de República Dominicana la situación es aún más difícil, porque las autoridades  se han mostrado complacientes, permisivas y claudicantes en cuanto a la defensa contra elementos foráneos perturbadores.

Puso como ejemplo que  el embajador de los Estados Unidos acreditado en el país, James “Wally” Brewster, «se comporta como todo un Primer Ministro, ya que  opina de todo, interviene en los asuntos internos, corrige a políticos, y hasta habla abiertamente que fue enviado por el Presidente Barak Obama a nuestro país con la premeditada misión de imponer el matrimonio homosexual, sin que nadie  diga esta boca es mía».

Señaló que Brewster celebra fiestas, recepciones, aparece en la crónica social, escribe de su papel de defensor del matrimonio gay, en franca violación al Artículo 55 de nuestra Carta Magna, a pesar de que  él  sabe que en la República Dominicana no está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Agregó que si bien es obvio que en su vida privada el embajador tiene derecho a que se le respete su intimidad, no es menos cierto que debe desistir de toda defensa pública de derechos que no le compete a él defender, ya que no forman parte de sus funciones diplomáticas.

Enfatizó que urge que los honorables magistrados del Tribunal Constitucional se pronuncien a favor de la protección del  matrimonio constitucional heterosexual conformado por la unión entre un hombre y una mujer, como Dios lo concibió desde el principio.

Jpm

SANTO DOMINGO.- La vicepresidenta de la República Dominicana, Margarita Cedeño de Fernández, calificó de «mentirosa» a la organización Human Rights Watch por haber difundido un informe con «declaraciones infundadas» sobre el Plan Nacional de Regulación de Extranjeros que ejecuta el Gobierno.

«Desinformar al mundo sobre la ejecución del Plan de Regularización es un acto de injusticia con nuestro país», afirmó.

Agregó que «somos el único país del mundo que ha auspiciado un proceso de reforma migratoria ordenado, garantista de los derechos fundamentales y, más que nada, humano en toda su expresión».

Sostuvo que República Dominicana mantiene sus puertas abiertas a todo el que quiera constatar personalmente el proceso migratorio, «para que todo el mundo pueda apreciar que actuamos en base a la solidaridad, la hermandad, el respeto a la dignidad de las personas y los derechos humanos».

En ese sentido, llamó a los dominicanos a «enfrentar las mentiras y la desinformación con argumentos, hechos y realidades concretas, manteniendo siempre el espíritu de solidaridad y amor al prójimo que nos caracteriza como pueblo».

jt/am

SANTO DOMINGO (EFE).- República Dominicana negó hoy que haya deportado a ciudadanos haitianos indocumentados, a raíz de que haya expirado el plazo de un plan para la regularización de extranjeros en el país caribeño.

La Dirección General de Migración (DGM) afirmó que no existe documentación alguna que compruebe el inicio de repatriaciones de haitianos hacia su país, tal y como lo denunció el Gobierno de Haití a través de un comunicado.

«No es cierto que desde la República Dominicana se esté repatriando a haitianos. Nosotros desmentimos esto de manera categórica, que no tiene forma alguna de probarse, a menos de que se mienta sobre el particular», dijo a Efe vía telefónica el portavoz de la DGM, Ambiórix Rosario Flores.

En ese sentido, dijo que a pesar de que el lunes próximo vence el plazo para que quienes no se acogieran al plan se marchen voluntariamente, el Gobierno dominicano no contempla aún iniciar un proceso de repatriaciones.

«De manera que reiteramos que desde el país no se ha producido una sola repatriación de haitianos ni de ningún ciudadano de otra nacionalidad», expresó el funcionario.

Con esto pareció responder a lo informado hoy por el Gobierno haitiano, que aseguró en un comunicado que este miércoles la República Dominicana deportó a 21 personas en el puesto de fronterizo de Malpasse (sureste de Haití), quienes fueron recibidos allí mismo por el primer ministro del país, Evans Paul.

En la nota oficial, difundida a través de la cuenta oficial de la red social Twitter del primer ministro, el Gobierno haitiano asegura que se trataba de un grupo de ocho mujeres, cinco hombres y ocho niños.

A su vez, el comunicado asegura que fueron arrestados en sus casas en suelo dominicano, aunque no específica dónde, y que la mayoría poseían documentos legales de residencia concedidos por las autoridades dominicanas y que algunos de los menores habían nacido en la República Dominicana.

La nota también señala que al grupo se le dio un tratamiento «inaceptable» tras un viaje de 15 horas sin escalas hasta la frontera y con la imposibilidad de comer o beber, y califica de «suplicio» el trayecto «especialmente para los menores».

El primer ministro, por último, denuncia el tratamiento «inhumano hacia nuestros compatriotas, lo cual no es otra cosa que un acto de violación de los derechos humanos».

Andrés Navarro, ministro de Relaciones Exteriores dominicano, aseguró hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, que su país ha respetado y respetará los derechos y libertades fundamentales de todos los extranjeros residentes en su país.

Navarro usó gran parte de su discurso en explicar las reformas legislativas con respecto a la regulación de extranjeros en el país y sus repercusiones prácticas, tras varias críticas de diversos órganos de Naciones Unidas -como el Comité de los Derechos del Niño o el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur)- respecto a estos procesos.

El canciller dejó claro en su intervención de hoy que «no habrá deportaciones masivas de extranjeros indocumentados», y que el caso de cada persona será tratado de forma independiente, respetando sus derechos y la ley vigente.

jt/am