POR MARCELINO LARA

El pasado domingo 17 de noviembre la embajada de Colombia en República Dominicana patrocinó una Feria de Emprendedores de ese país, que fue realizada en uno de los pabellones de la Feria Ganadera.

Unos cincuenta emprendedores colombianos expusieron una importante variedad de productos durante todo el día.

En dicha exposición se destacaron productos elaborados en piel, algunos tejidos, productos de belleza, artesanías colombianas, productos de joyería y una gran variedad de comida típica colombiana.

La actividad fue celebrada en un ambiente familiar y fueron realizadas algunas presentaciones artísticas del folclore de ese país suramericano.

Me llamó la atención que muchos de los emprendedores expositores ya tienen presencia física en territorio dominicano y sólo una pequeña parte de los participantes tienen presencia digital.

Después de haber visitado dicha feria se nos ocurre proponer a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores que instruya a los embajadores dominicanos destacados en los diferentes países del mundo a propiciar la realización de este tipo de Feria para emprendedores dominicanos.

De esa forma se puede contribuir a aumentar las exportaciones de bienes no tradicionales y sería un fuerte apoyo estatal para nuestros emprendedores, que tanto lo necesitan.

Las embajadas dominicanas en el exterior deberían jugar un rol más activo en cuanto a promoción de la oferta exportable del empresariado dominicano a través de la organización de Ferias que nos sirvan para establecer redes de negocios con empresas y empresarios de otros países.

El ejemplo de la embajada de Colombia en nuestro país debería servirnos de motivación para que nuestros embajadores hagan lo mismo empezando por países de Latinoamérica y el Caribe.

Nunca es demasiado tarde si hay interés y buena intención.

jpm-am

POR JUAN CRUZ  

“Ni injusticias, ni privilegios” es una frase que debería guiar la gestión pública, pero en La Vega, se ha convertido en una amarga ironía. Los ejecutivos de CORAAVEGA, bajo el lema reformista, han excluido a los profesionales locales de un proceso de licitación clave para la provincia.

La reconstrucción del Acueducto de Jarabacoa, con una inversión de más de RD$7,200 millones, debería ser una oportunidad para fortalecer la economía local. Sin embargo, las condiciones impuestas solo favorecen a unos pocos privilegiados, dejando fuera a ingenieros, arquitectos y agrimensores veganos.

El pliego de condiciones exige requisitos inalcanzables para la mayoría de los profesionales locales. Se demanda, por ejemplo, una línea de crédito bancaria equivalente al 5% del presupuesto del proyecto, algo que solo grandes empresas pueden cumplir.

Además, se requiere una línea de crédito de RD$300 millones para suplidores de tuberías y equipos. Este requisito, desproporcionado y excluyente, cierra las puertas a las empresas de la provincia, que no tienen acceso a semejantes recursos financieros.

Exigencia

Se suma a esto la exigencia de un capital de trabajo mínimo de RD$75 millones, basado en los estados financieros de 2023. Estos montos están fuera del alcance de la mayoría de los profesionales locales, quienes quedan automáticamente marginados del proceso.

Esta exclusión no solo afecta a los profesionales, sino también a la economía de La Vega. Ferreterías, bancos, tiendas y pequeños negocios perderán la oportunidad de beneficiarse de una inversión que debería dinamizar el comercio local.

Es inaceptable que los recursos de CORAAVEGA, financiados con el esfuerzo de los veganos, no se reinviertan en la provincia. Se están utilizando para beneficiar a unos pocos, mientras que los profesionales locales son ignorados y relegados.

Todo indica que esta licitación está diseñada a la medida de intereses particulares. Los nombres de los beneficiarios parecen estar decididos de antemano, perpetuando un sistema de privilegios que solo enriquece a unos pocos.

Las autoridades deben revisar este proceso y garantizar condiciones justas para todos los participantes. La inversión pública debe ser una herramienta para el desarrollo local, no un instrumento de exclusión y corrupción.

La Vega merece justicia y equidad. Es hora de poner fin a estas prácticas que solo benefician a unos pocos, y devolver a la provincia lo que legítimamente le pertenece: oportunidades para su gente y crecimiento para su economía.

jpm-am

POR REY ARTURO TAVERAS 

El anteproyecto de ley que busca limitar el alquiler de viviendas y restringir el acceso a ciertos trabajos a los haitianos en la República Dominicana ha desatado un torrente de opiniones y polémicas.

Mientras algunos lo consideran una medida necesaria para proteger la soberanía y el bienestar social, otros lo interpretan como una manifestación de xenofobia y racismo camuflada bajo el pretexto de la «seguridad nacional».

La realidad es que, tal como está concebido, este proyecto presenta varios defectos estructurales que lo convierten en una propuesta incompleta y sesgada, que se aleja de una solución inclusiva y justa para todos los extranjeros, sin importar su nacionalidad.

En primer lugar, este anteproyecto pone en el centro del debate una sola nacionalidad: la haitiana. Sin embargo, no podemos obviar que la inmigración ilegal no es un fenómeno exclusivo de Haití.

La presencia de miles de venezolanos, cubanos y ciudadanos de otras naciones en situación irregular en el país es igualmente relevante. En lugar de centrarse en un solo grupo, el proyecto debería enfocarse en regularizar la situación de todos los extranjeros en territorio dominicano.

¿Por qué hacer distinciones entre los ciudadanos de un país vecino y los de otras naciones? En vez de señalar a un solo grupo, deberíamos plantear una reforma integral que gestione la inmigración de manera equitativa, con reglas claras y justas para todos.

El tema central de la propuesta es el control de la inmigración ilegal, pero lo cierto es que este problema no se soluciona limitando el acceso al alquiler de viviendas o restringiendo el empleo. Si bien es cierto que la regulación del mercado inmobiliario es necesaria, esta no debe depender del origen de la persona que desea alquilar una propiedad.

Por el contrario, la solución debe centrarse en la creación de mecanismos para regularizar a todos los extranjeros, garantizando que aquellos que deseen residir y trabajar en el país cuenten con un historial limpio, comprobado a través de un certificado de buena conducta emitido por una autoridad competente, y que no tengan antecedentes penales en su país de origen.

Además, el control de la inmigración ilegal debe centrarse en fortalecer las políticas de entrada al país, no en la estigmatización de aquellos que ya se encuentran aquí, muchas veces en situaciones de vulnerabilidad. La verdadera preocupación debe ser la entrada de extranjeros irregulares, no el alojamiento o empleo de aquellos que ya están dentro de las fronteras dominicanas.

Medio ambiente

Otro aspecto que no puede ser ignorado en esta discusión es la protección del medio ambiente. Muchos extranjeros han convertido en su hogar terrenos baldíos, reservas naturales en las montañas y riberas de fuentes acuíferas, lo que ha contribuido a la contaminación de estos espacios. Si realmente nos preocupa la soberanía, debemos incluir en nuestra legislación la conservación de los recursos naturales, haciendo cumplir las leyes ambientales de manera equitativa para todos.

Estas medidas, además de ser más justas, enviarán un mensaje claro: la defensa del medio ambiente no tiene fronteras ni pasaportes.

Es importante recordar que, al igual que en el ámbito laboral, no podemos caer en la trampa de pensar que la crisis social en Haití es un problema exclusivo de los haitianos, porque su impacto trasciende a toda la región del Caribe.

La pobreza, la violencia y la falta de oportunidades laborales no tienen una nacionalidad definida; son fenómenos globales que requieren soluciones globales.

Uno de los aspectos más preocupantes de este anteproyecto es su enfoque explícito hacia los haitianos. Al restringir los alquileres y los trabajos solo a este grupo específico, el proyecto corre el riesgo de ser percibido como una medida racista, que excluye a una población vulnerable de la posibilidad de integrarse de manera digna en la sociedad dominicana.

Esta exclusión podría generar un ambiente de resentimiento, en lugar de fomentar la cooperación y el entendimiento entre naciones vecinas.

El discurso de «protección» del país que plantea el proyecto no debe caer en el error de asumir que toda inmigración es una amenaza. La inmigración, cuando se maneja adecuadamente, puede ser un motor de crecimiento y desarrollo económico.

Necesitamos políticas migratorias inclusivas que promuevan la integración social y laboral de los inmigrantes, en lugar de construir barreras que solo perpetúan la desigualdad.

Es hora de revisar este anteproyecto a fondo. Si realmente se busca proteger la soberanía, la economía y el bienestar de los dominicanos, el camino debe ser otro: uno que implique la regulación eficiente y humana de la inmigración en su totalidad.

Este anteproyecto necesita una revisión profunda. Al tratar de resolver un problema tan complejo como la inmigración ilegal, no debemos caer en la trampa de buscar soluciones simplistas que solo generen división y resentimiento.

La inclusión, la equidad y el respeto deben ser los principios rectores de cualquier política migratoria. Solo cuando todos los actores sociales sean tomados en cuenta podremos hablar de una verdadera solución a la crisis migratoria que enfrenta el país.

jpm-am

La República Dominicana es, sin duda, un pilar del turismo caribeño. Su oferta abarca desde playas paradisíacas hasta experiencias de lujo, religiosas, deportivas e inclusivas. Sin embargo, aún persiste la percepción de ser un destino económico, una etiqueta como de destino barato, si bien atrae a viajeros de bajo presupuesto, limita el acceso a segmentos premium y más rentables.

En 2023, el turismo generó ingresos récord de US$9,828.9 millones, representando un 6.9 % del PIB nacional en el 2023. Este desempeño confirma su relevancia económica, pero también evidencia la urgencia de rediseñar su propuesta de valor para competir con destinos de mayor prestigio, como Antigua y Barbuda, donde el gasto promedio diario por turista alcanza los $406.27, frente a los $167.86 que disponen los visitas para visitarnos.

Más que números: calidad y sostenibilidad

El sector turístico proyecta recibir 11.5 millones de visitantes al finalizar este año y se proyecta superar las 110,000 habitaciones para 2028. Pero crecer en volumen no basta. La clave está en diversificar la oferta, elevar los estándares y posicionar al país como un destino que combina accesibilidad con calidad.

En un Caribe donde las experiencias turísticas tienden a ser similares, la diferenciación radica en la capacidad de ofrecer vivencias únicas a precios justos. Las alianzas entre el Estado y el sector privado –incluyendo roadshows, ferias internacionales y estrategias digitales– han aumentado la visibilidad global, pero el mensaje debe evolucionar. República Dominicana no puede ser solo “bueno, bonito y barato”; debe aspirar a ser “excepcional y accesible”.

El desafío de la competencia global

Destinos emergentes en América Latina y Asia atraen cada vez más viajeros con precios competitivos y experiencias cautivadoras. En este contexto, apostar por la calidad es indispensable. Sectores como el turismo de cruceros, que crece de forma sostenida, ofrecen una ventana de oportunidad para consolidar el liderazgo del país en el Caribe.

Para lograrlo, es fundamental invertir en:

• Infraestructura moderna que facilite el acceso y la comodidad.
• Capacitación del personal, clave para brindar un servicio de excelencia.
• Experiencias auténticas y sostenibles que destaquen la biodiversidad y riqueza cultural dominicana.

La sostenibilidad no es solo una tendencia; es un compromiso ineludible. El mercado turístico global exige prácticas responsables, y República Dominicana tiene la oportunidad de convertirse en un ejemplo de turismo verde y ético.

Transformación con visión

El reto es claro: evolucionar de un modelo de «alto volumen y bajo costo» a uno basado en “calidad con accesibilidad”. Como un reloj de lujo que combina diseño y precisión a un precio razonable, el turismo dominicano puede ofrecer experiencias extraordinarias sin perder su esencia cálida y acogedora.

La colaboración público-privada será crucial para consolidar un modelo sostenible y diversificado que atraiga más visitantes y, sobre todo, fidelice a aquellos que buscan algo más que un precio bajo. El éxito radica en destacar lo que hace único al país y en responder con innovación a las demandas de un mercado dinámico y exigente.

Más allá de las etiquetas

Trascender la etiqueta de «bueno, bonito y barato» es más que un desafío; es una necesidad estratégica para mantener la competitividad. Este cambio no solo garantizará la capacidad de adaptarse a nuevas tendencias, sino que también nos definirá como un destino de excelencia en constante evolución.

El futuro del turismo nacional depende de nuestra capacidad para tomar decisiones y actuar ahora. ¿Estamos listos para dar el paso? La respuesta está en nuestras manos: innovación, calidad y sostenibilidad como pilares de un modelo turístico rentable y visionario.

jpm-am