¡Comenzó la campaña  norteamericana con miras a la elección el 8 de noviembre del próximo año  del 45° presidente de los Estados Unidos!

        Los partidos políticos que representan el establishment norteamericano se están lanzando al ruedo electoral  para posicionarse en la carrera por llegar a la Casa Blanca. La maquinaria republicana parece que de entrada sabe quién es la candidata a vencer, y no se anda por las ramas, implementando  de inmediato  la imposición de la agenda a discutir por la gente  que representará a ambas agrupaciones en el debate proselitista que recién comienza.

        El periódico de Manhattan The New York Times publicó  la historia de los correos electrónicos de la doctora Hillary Clinton,  ex secretaria de la presidencia, durante el período 2009-2013, quien usó su cuenta personal, a pesar de detentar una posición que sugiere, pero que al decir de algunos,  no la obliga  a utilizar los medios oficiales para sus correspondencias.

El affaire de Clinton ha puesto el tema en la palestra pública, y el encontronazo    la ha hecho adelantar la fecha de su lanzamiento como aspirante a terciar en los comicios del 2016 por los demócratas, la cual la realizará en abril, y no en julio como había planificado.    

        Pero al tema de los correos electrónicos de Hillary se le adhiere la cuestión de la fundación de Bill, que  recibió  dinero de diferentes  gobiernos durante la administración  de su cónyuge cuando fungía como secretaria de Estado, lo que también parece será utilizado como ítems de la  campaña en las lides partidarias norteamericanas.

        El tema es bien manejado por la barra republicana de manera tan astuta que no solo el comité del senado que investiga el asunto se refiere al caso.  La ex candidata a vicepresidenta de los estados Unidos por los republicanos, Sarah Palin no desaprovechó un artículo escrito en Fox News para  arremeter  en contra de Hillary, y dice que el asunto de los correos electrónicos de la doctora Clinton es,  “anti ético y sin dudas ilegal”,  para agregar  la Palin que, “el equipo de Hillary Clinton trató de cumplir las leyes, pero indiscutiblemente  tuvieron un traspié”.

        Por el lado de los republicanos, el virtual candidato por esa agrupación política, Jeb Bush es perseguido por lo que se considera una dinastía en la historia de los Estados Unidos. Las administraciones de su padre y su hermano mayor lo acosan, y el ex gobernador  de la Florida tiene que establecer diferencias en todo momento  con miras a lograr ser el cuarenta y cinco presidente de USA.

        Bush  argumentó  en una entrevista,   que en el año 1994, cuando aspiró a ser gobernador no lo logró, pero que en 1999 se alzó con la gobernación, pues según él,  logró empatía con la gente.“ Hay que tratar de atender a las personas, antes  que tratar de tener sus votos”, dijo el  dos veces gobernador refiriéndose a sus éxitos en la política. 

Para la época en que Jeb buscaba afanosamente votos que lo llevaran a la gobernación, “la gente al final se dio cuenta de que yo no solo   soy el hermano y le hijo de quien soy, sino que también tengo mi propia personalidad, y por eso gané en  dos oportunidades la posición”, dijo Jeb Bush en conferencia de prensa  en febrero pasado en Detroit. No así piensa el  ex gobernador de Massachusetts Mitt Romney, quien  ve con ojeriza la candidatura de Bush. 

        Pero a pesar de todo, aun  las encuestas siguen dando a Hillary Clinton como la favorita para ser la mandamás a partir del 2016 en la Casa Blanca. Es verdad que  queda mucho tiempo, y la estrategia de los republicanos parece que no variará en cuanto a convertir en escándalo manejos personales y  administrativos de los Clinton, y desde Arkansas hasta la Lewinsky, la artillería republicana no cesará un ápice en su propósito de hacer ceder la ofensiva demócrata, utilizando esos  látigos como parte de su campaña, con lo que  golpearán a la pareja.

Mas,  es indiscutible que  este matrimonio ya está acostumbrado a esas bataholas, que el tiempo y la curtiembre en esos asuntos lo ha hecho aprender  a cómo enfrentarlas.           

Por FERNANDO URIBE MIRANDA

En días pasados varios medios de comunicación se hicieron eco de una noticia que llamó a la atención de la ciudadanía. Esta hacía alusión a varios Oficiales y Alistados de la Policía Nacional implicados en un caso de narcotráfico muy sonado en la palestra pública, en el sentido de que fueron premiados o beneficiados con una pensión, mientras otros simplemente no, donde cuyos comentarios trataban sobre ese grosero regalo, desconociendo que  esos que contaban con el tiempo de ley se habían ganado un derecho adquirido (aquel derecho que, por razón de ley, está definitiva e irrevocablemente incorporado a nuestro patrimonio, «antes de los hechos, actos o leyes que se quieren oponer para impedir su plena efectividad o goce).

La pensión o retiro con disfrute de sueldo muchas veces era vista como una especie de retaliación política o cacería de brujas; legado que fue dejado como herencia del caudillismo impetrante de mediados del pasado siglo XX; cuando un militar o policía no era afín del poder fáctico momentáneo, tenía segura su pensión desde el momento mismo en que un gobierno cambiaba de color. 

El tiempo en servicio más allá de los veinte años dependía del grado de afinidad política de éste y quienes no se hacían parte de estos regímenes o se ponían a disposición de un mecenas, tendían a ser objeto de marginación, no obstante su preparación militar y/o académica.

Desde el momento mismo en que un hombre o mujer, decide tomar la carrera de las armas renuncia en todas sus partes a iniciar acciones legales contra el Estado Dominicano, independientemente del daño que éste pueda sufrir como consecuencia de carencias o arbitrariedades de que pueda ser objeto; así como también a todas las disposiciones consagradas en el Código Laboral vigente (cesantía, vacaciones, pre-aviso, prestaciones laborales, libertad de asociación o sindicalización, etc… y hasta al debido proceso en sentido general), ya que los miembros de los cuerpos armados y policía están bajo un régimen especial.

Cuando un hombre o mujer decide tomar la profesión de las armas, sacrifica sus derechos civiles y políticos, los de elegir y ser elegido, el de la libre asociación, el de la libre expresión, so pena de sanciones previstas en los reglamentos establecidos para tales fines.

Desde el inicio de su carrera (ya sea como académico, de tropa o especialista), hasta su puesta en retiro (pasando por las diferentes jerarquías o rangos), es un proceso continuo, con un futuro (incierto) de poder llegar a cumplir el tiempo reglamentario para optar por la pensión por antigüedad en el servicio o por incapacidad física, cual sea el caso, viene a convertirse en un derecho adquirido. Este beneficio puede ser por su propia solicitud o emanar de los organismos correspondientes.

Bajo el amparo de la Ley 139-13, Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, el retiro militar está definido en los Artículos 4, numeral 14, y 153, como el derecho adquirido de los militares y asimilados militares en servicio activo, al cesar en sus funciones de manera honrosa… es aquella situación en que son colocados los miembros y asimilados … suma de derechos, obligaciones y excepciones que fija la ley y demás normas complementarias.

Esta se concederá bajo las condiciones establecidas en el  artículo 155 del mismo, el cual a manera de resumen, será de 25 años en servicio o de manera obligatoria, cuando dicho miembro cumpla los 40 años.

Lo novedoso de esta Ley, es que establece las formas en que estos beneficios se pierden: artículo 164 se pronuncia en este aspecto, del cual hacemos hincapié en los numerales 1 y 4, donde estos beneficios se pierden cuando el o la miembro traiciona la patria o se relaciona en actividades relacionadas con el crimen organizado, siempre que haya sido demostrada en un tribunal y este adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

En lo que concierne a los miembros de la Policía Nacional, encontramos en la Ley 94-06, en cuanto a los tipos de retiro, el artículo 84 de la misma dice que este podrá ser voluntario o forzoso, donde en el segundo caso, lo impone el Poder Ejecutivo, previa recomendación del Consejo Superior Policial (a diferencia de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas), en la ley Orgánica de la Policía Nacional, no se establece las causas de pérdida del derecho a pensión, ya sea por las razones que fuera y en este tenor, trata sobre la preservación de derechos acumulados.

Independientemente de las circunstancias en que se vean envueltos, al momento de éstos haber cumplido el tiempo establecido para disfrutar de su pensión, ya sea por solicitud, recomendación  o forzoso (bajo las condiciones descritas en párrafos anteriores), si éste tiene su tiempo reglamentario (por mandato de la ley es de veinte años para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y en el caso particular de aquellos que iniciaron su carrera militar a partir de la promulgación de la Ley 193-13 (esta ley no tiene efecto retroactivo en cuanto al tiempo en servicio de los miembros de la FFAA).

Todo miembro que de una manera u otra haya cumplido con el requisito del tiempo, que haya sido puesto en condición de retiro, disfrutará del beneficio de la pensión por antigüedad en retiro, se haya visto o no en conflicto con la ley.

En pocas palabras, es un beneficio inalienable por haber servido a la patria durante más de 20 años ininterrumpidos, desde el inicio de la misma, hasta su final. En el caso en particular de esos Oficiales, quienes son señalados como partes o cómplices de una infracción a la ley penal, no les fue otorgado un premio, sino más bien, fueron separados de sus filas, pero al haber cumplido con el criterio establecido con la ley por el tiempo en servicio. 

Solo hay que encomendarse a Dios, para que el sabio legislador, en la inminente modificación a la ley 96-04, establezca como principio, la pérdida de estos beneficios, siempre apegado a los mejores intereses de la Patria y acorde a la dura realidad que es combatir la criminalidad, en las condiciones en que éstos seres humanos día a día ponen en peligro sus vidas, todo en búsqueda de tener un país mejor y más seguro.

Será un juez quien determinará su grado de responsabilidad por los hechos que le son imputados, siempre que cada uno de los actores que actúen en el proceso puedan demostrar con pruebas y respetando el debido proceso y garantizando la tutela judicial efectiva, consagrada en la Constitución y tras haber agotado los recursos de lugar.

ANDECLIP objeta el procedimiento de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) sobre las glosas de los reclamos (facturas) de las Proveedoras de Servicios de Salud (PSS) por los servicios prestados.

 Señala que cuando las ARS tienen alguna diferencia retienen el expediente completo hasta resolver el problema, lo que puede llevarse varias semanas. En diversas ocasiones el Dr. Rafael Mena ha solicitado la intervención del CNSS a fin de buscar formas más ágiles y equilibradas para ambas partes, sin ningún resultado.  

Glosar los reclamos de las PSS equivale a lo que hace un cliente cuando el restaurant le presenta la cuenta: comprueba que los cargos corresponden a los servicios consumidos, y si existen diferencias le reclamar al restaurant. Claro que en el campo de la salud esta revisión es más compleja ya que la PSS presta el servicio al afiliado y tiempo después le reclama el pago a la ARS.

Nadie puede negar la posibilidad y propensión a reportar más servicios de los que realmente necesita y recibe el paciente, dado que la gran mayoría carece de información y elementos de juicio suficientes. Y en ocasiones, él mismo los solicita. Conozco muchos casos de reclamos infundados, costosos y abusivos los cuales, a falta de adecuada supervisión, se tornan recurrentes. Es legítimo y necesario que las ARS tomen medidas para evitar fraudes y engaños de algunas PSS inescrupulosas.

Debemos recordar las frecuentes estafas millonarias contra el Medicaid y el Medicare en los Estados Unidos, en mucho de las cuales, lamentablemente, se han involucrado médicos dominicanos. Si esa fiscalización es necesaria en USA, con mucho más razón en una sociedad  donde la corrupción ha permeado todos los estratos sociales, con notoria impunidad.

No obstante, ANDECLIP y sus miembros tienen todo el derecho a solicitar la intervención del Órgano Superior para regular esta labor. La falta de normas, procedimientos y plazos puede dar (y de hecho, ha dado) pie a abusos y excesos de algunas ARS. La discrecionalidad es una fuente innecesaria de conflictos que es preciso evitar, por el bien del Sistema y de los afiliados. 

Sin pecar de superficial lo más sano para el Sistema, y para ambas partes, sería que cuando exista una observación sobre uno o varios servicios de un expediente, los mismos sean separados  a fin de pagar a tiempo el resto de los reclamos sobre los cuales no existe ninguna objeción, que generalmente supera entre el 85% y el 95% del monto adeudado.

Paralelamente, la ARS comunicaría a la PSS sus objeciones a fin de que aporte las pruebas y su justificación, para fines de evaluación. Ambos procesos tendrían un plazo determinado, lo que evitaría mayores tensiones y beneficiaría a ambas partes: la PSS podría presentar mejor sus alegatos sin precipitación, y la ARS lo evaluarían con menos presión.

En adición, y en una segunda etapa, el CNSS y el MSP deberían ponerse de acuerdo en la aplicación gradual de los protocolos de atención. Los protocolos son las guías que definen las normas, procedimientos y recursos que deben emplear las PSS en el tratamiento de problemas específicos de salud.

Este recurso, de aplicación universal, permitiría a las ARS disponer de un marco de referencia objetivo para evaluar la cantidad, calidad y pertinencia de los servicios prestados a cada paciente. 

Tanto el CNSS como el Ministerio de Salud Pública (MSP) tienen la oportunidad de contribuir a evitar tensiones innecesarias propiciando una solución ganador/ganador, basada en el  mutuo respeto y reglas de juego bien definidas, en beneficio del SFS y de millones de afiliados.