La entrada en vigencia de la Ley 112-00, Ley de Hidrocarburos y el respectivo decreto 307-01 o reglamento de aplicación de la citada ley, sobre la regulación del mercado de combustibles en la República Dominicana, puso fin al mal manejo gubernamental dado al precio final de los combustibles, el cual en la década de los 80 y 90´s representó el motivo principal de posibles detonantes sociales.

La Ley 112-00 no es una ley de mercado. En su estructura y aplicación, la ley representa una norma fiscal que permite a El Estado, por un lado aprovechar la inelasticidad de la demanda del mercado de los combustibles, como acceso a una mayor recaudación impositiva y por el otro lado, recortar (de forma poco transparente) las cargas tributarias del uso de combustibles fósiles en procesos esenciales de la vida productiva, como son industria, energía eléctrica y transporte. Siempre se ha denunciado, como un minúsculo sector de la vida nacional se beneficia de esta interpretación legal, de la forma más grosera posible.

De forma inexplicable y poco transparente, el Ministerio de Industria y Comercio de la República Dominicana, fija cada semana los precios finales de venta de combustibles a los usuarios finales, ocultando grandes márgenes de ganancia no impositivos para el Estado Dominicano, colocándonos en el primer puesto regional en carestía precios de los productos finales. Este anuncio semanal se ha convertido en el terror catatónico, cuando el mercado internacional se encuentra en alza y la desesperanza nacional, cuando la tendencia es a la baja, dejándonos el sinsabor de aquel cómico comercial, de que “si suben, suben y si bajan… ”.

Durante la segunda mitad de la década pasada se nos vendió la idea del gas natural o LNG como combustible futurista en todos los procesos que requieren su consumo en República Dominicana, por igual se anunció el biodiesel como posible sustituto en actividades industriales y comerciales. Populosos anuncios y ruedas de prensa nos mostraban la factibilidad de extraer combustible del árbol de la higuereta y etanol a partir del residuo de la caña de azúcar, como aditivo al uso de la gasolina.

Todos esos esfuerzos quedaron en papeles, cartelones, anuncios y propaganda, similar a la acostumbrada en la mayoría de las propuestas de soluciones del gobierno central a los problemas nacionales. El mal manejo estatal a este tema y el contubernio con intereses oscuros que obtienen cuantiosas ganancias de estos negocios, han impedido un real desarrollo sostenible de esta actividad comercial, garantizando suministro continuo a precio justo. Nunca existió una propuesta real de política de Estado en este sentido, solicitando la reformulación de la Ley para dar entrada a un nuevo modelo de desarrollo del negocio.

La ley 112-00 no plantea una regla transparente, garantista de nuevas inversiones. No avaló la conversión de biomasa en gas oxigenado en Bonao y el suministro comercial, industrial y doméstico a un segmento de esa población, como tampoco la explotación de la misma fuente en San Luís, para generar 18 MW. Por igual la ley no garantiza el libre mercado del gas natural, aduciendo al hecho de que más de una empresa se interconecta a una misma red de distribución. Esta falencia impide la entrada de nuevos capitales que puedan utilizar instalaciones existentes para sus inversiones.

Por igual, esa legislación vigente no endosó un adecuado suministro de gas natural a todo el usuario que creyó en la propaganda y realizó cuantiosas inversiones en medios de transporte, para abaratar sus costos operativos. Largas filas son aun visibles en las escasas instalaciones de expendio de este producto en las grandes ciudades como Santo Domingo y Santiago. Basta con mencionar el hecho de que un vehículo que opere a gas natural, no podría ir a la provincia de Barahona y volver. Irónicamente, la mayoría de solicitudes de construcción de instalaciones de expendio y servicio, fueron detenidas por falta de permiso medioambiental.

Sendos sectores de la vida nacional solicitan a todas voces la modificación de la Ley-112-00 y su reglamento, convirtiéndola en una norma técnica que regule la actividad vertical u horizontal del negocio de los combustibles a todos los niveles y dotando a los inversionistas de garantías y reglas claras como en toda sociedad organizada.

Una nueva ley debe transparentar el negocio de combustibles en la República Dominicana, garantizando la estructura de mercado en el marco mayorista y mostrando la mayor transparencia posible en los cálculos de los precios finales que se presentan periódicamente a la población. El nuevo Ministerio de Energía y Minas debe presidir un órgano regulador especializado, que cuente con participación de todos los sectores que intervienen en el negocio a fin de equilibrar las decisiones y velar por la sostenibilidad y cumplimiento de las reglas establecidas para ese negocio viabilicen un desarrollo real de la vida nacional.

De igual manera, una nueva ley debe promover con incentivos fiscales, el uso de fuentes alternas de combustibles como biodiesel, biomasa, biodigestión, reciclaje, etc. con tal de reducir el uso de los derivados directos del petróleo, que tienda a reducir el costo económico y social actual que representa la salida de capitales hacia el exterior.

Una nueva ley deberá normar la instalación de terminales de gas natural y la construcción de gaseoductos, así como la estructura de operación, transporte y distribución, transacciones comerciales entre agentes, cálculos de peajes, derechos y deberes de los actores en este negocio, garantizando una real transformación de la matriz energética en el negocio eléctrico dominicano, dotando de garantías a aquellos que realizan inversiones y los que se benefician de las mismas. 

edwardverasdiaz@gmail.com

Entre el alcalde de Nueva York Bill Di Blasio y el gobierno de la República Dominicana las posiciones han llegado a extremos antagónicos. Todo parece indicar que no hay consenso a la vista. Ninguna de las partes se atreve a ceder.

El gobierno, que está en campaña reeleccionista y necesita votos,  entiende que la razón y la verdad le asisten. El debate es rentable porque  es de soberanía nacional, y algo más.

Mientras el alcalde de Nueva York, alineado con la causa haitiana, cuyo gobierno también ha politizado el asunto, no solamente  sostiene sino que reafirma  su posición intransigente cuando sostiene que el  Plan de Regularización de Extranjeros  es racista, inmoral  e inaceptable,  solo porque la reforma migratoria va dirigida a regular  gente de la raza negra, los haitianos, según lo entiende,  y no hacia todos los extranjeros en la nación caribeña.

Es decir, que el tema, que ciertamente envuelve   patriotismos, nacionalismos, banderas y orgullos nacionales,  ha llegado a un punto  político antagónico indiscutible.

NI  los abucheos de que fue objeto en las dos más grandes paradas dominicanas de Nueva York lo hicieron bajar la guardia. Más bien fue más desafiante, y acudió a la recepción a los dominicanos con el consejal haitiano y montó una fiesta de gagá, no de merengue,  ignorando que su postura lo aleja de los dominicanos, genera impopularidad y resta votos para su segura  repostulación como alcalde.

Es como si Di Blasio  estuviese dispuesto a jugárselo  todo, incluído el voto domínico-americano, en aras de mantener  su defensa intransigente de la diáspora haitiana. Ha ignorado todos los llamados del gobierno, a través de sus representantes diplomáticos y consulares, encabezados por  Eduardo Selman, Cónsul General  en Nueva York, para que pida disculpas al gobierno y al pueblo dominicanos por su llamado al turista americano a no visitar a la República Dominicana.

Mientras esta confrontación  prosigue su agitado curso, como decía el locutor  Manuel Antonio Rodriguez (Rodriguito) en el radial Suceso de Hoy en los años 70s, el gobierno del presidente Barack Obama ha mantenido   una  posición  cautelosa y prudente  frente al conflicto dominico-haitiano.

Tanto así que su embajadora en Haití, Pamela  Ann  White, ha dicho claro que realmente no hay crisis humanitaria en Haití, producto de la reforma migratoria  del  presidente Danilo Medina para documentar  la presencia de  los extranjeros, especialmente de los haitianos ilegales.

Todo el mundo vió en la televisión al embajador de Estados Unidos  James “Wally”  Brewester  desfilar,  en franca camaradería con el cónsul  Selman, participando por primera vez en la Parada Dominicana de Nueva York. El mensaje no pudo ser  más claro. Las relaciones diplomáticas y comerciales entre Estados Unidos y la República Dominicana  no han sido alteradas por el conflicto dominico-haitiano,y por tanto,  la sangre no llegará al río.

De que le sirve a Di Blasio  mantener  esa confrontación?. El alcalde  pudo ser un  gran mediador y no irse del lado haitiano. El tema  ya no es solo de puro desafio diplomatico,  es politico.  Aunque hace tiempo que el gabinete diplomático de la ONU debió renunciar en pleno.

Falta diálogo eficaz y convincente. Más  aún  después del  Informe de la OEA que  recomienda  diálogo  con Haiti, luego de reconocer la soberanía de República Dominicana en  su políitica migratoria. Es hora de que nuevas caras entren al  juego  diplomático  y que el alcalde Di Blasio y el gobierno  de la República Dominicana encuentren  la fórmula viable para buscar remedio  eficaz  a  la crisis domínico-haitiana.  Necesitamos  hablar de  paz,  no  de  la  guerra.

josealdueys@gmail.com

Por EURIS MENDEZ

A mediados de los años 40, se comienzan a ver los primeros sigilos de lo que más tarde sería nuestro gremio. En Octubre de 1945 es creada la primera organización de profesionales de la ingeniería y la arquitectura en el país, denominada en ese entonces como la Asociación Dominicana de Ingenieros y Arquitectos (ADIA).  Esta pequeña asociación agrupaba en ese entonces a todos los ingenieros existentes: civiles, topógrafos, de caminos, puentes, constructores, arquitectos entre otros.

Más tarde, ya en los años 60, se comienzan a dar los pasos con la idea de que dicha asociación ya creada en los años 40 obtenga el rango de un Colegio, como existía ya en otros países de América latina. En ese entonces dicha asociación -ADIA- estaba siendo dirigida por un selecto grupo de profesionales de la ingeniería y la arquitectura comprometidos moralmente desde el inicio mismo de dicha organización con los demás miembros que habían depositado su confianza en dicho grupo fundador.

Ya en 1962 se crearon los estamentos jurídicos, los cuales  establecieron y dieron la estructura orgánica y jurídica que le fueron presentadas mas tarde a Rafael Filiberto Bonnelly Fondeur un abogado, académico y diplomático dominicano, que ejerce la presidencia de la República Dominicana en el periodo 1962-1963.

Luego de transcurridos unos meses, de un esfuerzo sobre humano y de ruegos por parte de los fundadores, fue promulgada la Ley de creación del Colegio, por lo cual ya en Enero de 1963 se promulga la ley que crea el Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos. Luego a solicitud de los agrimensores se modificó el Artículo Primero de la Ley 6160 promulgando la Ley 6201.

Fíjese el lector que dicho colegio promulgado por una ley, es una institución moral de carácter público, y como tal, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, con todos los derechos, obligaciones, poderes y atribuciones que le señala dicha ley.

Nuestro gremio fue creado con un propósito, el cual es vigilar el ejercicio profesional y velar por los intereses generales de las profesiones que agrupa en su seno y en especial por la dignidad de los derechos y el mejoramiento de sus miembros. Además de servir como guardián del interés público y actor como asesor del Estado en los asuntos de su competencia.

Ahora bien. Ha cumplido el Codia con su rol? Ha velado el Codia por el bienestar de sus miembros? Ha servido el Codia como guardián del interés público? Ha fungido el Codia como asesor del Estado en asuntos de su competencia?

En lo particular creo que no. Nuestro codia fue creado con ideales éticos y morales, pero estos han venido desvaneciéndose con el paso de los años, hoy tenemos un codia carente de conceptos e ideales encaminado más bien por un sendero meramente politiquero, donde sus dirigentes poseen un arraigo político tan profundo que no permite que dicho gremio se manifieste como tal.

Hoy en día nuestro gremio ha perdido la credibilidad ante sus miembros, para esto solo basta con ver la poca ausencia de sus miembros ligados a actividades de este.

 Nuestro gremio se encuentra sin lugar a dudas sectorizado no solo por diferentes células de partidos políticos, si no que existen diferentes células de un mismo partido, luchando no para beneficio de todos los colegiados no, si no por el interés particular de los miembros de ese partido.

En días pasados pude ver unas series de carteles foto retratos de los candidatos, tendidos por todas partes, en las instituciones públicas y principalmente en nuestras sedes tanto principal como regionales, lo vemos muy activo en busca de ser el representante de uno u otro núcleo, o de una delegación y hasta de la delegación principal, pero no sabemos cuál es su programa de gobierno, que es lo que piensan implementar cuando hayan resultados ganadores; solo cuentan con un aval, el respaldo político de uno u otro partido de turno o en oposición, así como los recursos económicos para comprar no la dignidad, porque al parecer esta ya no existe entre muchos de sus miembros, si no para comprar “cuotas” que dichos sea de paso cabe resaltar que muchos colegiados esperan esos días eleccionarios para ponerse al día.

La realidad de nuestro gremio es muy triste, ya que el mismo ha sido secuestrado por los partidos políticos y le han inyectado el mismo veneno de las malas prácticas políticas de ofrecer lo que nunca cumplen. Pero es de ser de esa manera, ya que un presidente elegido o puesto por las compras de “cuotas” no puede ejercer en su pleno derecho por el bienestar de sus colegas y miembros si este se debe al partido de turno que gobierna.

Esto ha sido más que demostrado en varias ocasiones, puesto que hemos tenidos presidentes que han defendido y aun defienden practicas no muy horadas por malos funcionarios.

Hemos tenido presidentes que se han encauzado en defender proyectos de ingeniería sin ningún tipo de estudios previos y en hacer creer la factibilidad de un proyecto estatal, cuando en realidad no lo es, y no tanto eso, si no que lo han defendido con uñas y dientes.

Es degradante ver algunas prácticas desleales e inconstitucionales como lo es de exigir estar al día en las cuotas mensuales para poder tener acceso al voto, lo que impide que surjan nuevos candidatos, quizás con mejores propuesta de gobierno, aunque con menos recursos; aparte de que esto consagra uno de los actos más ilegales que atentan contra los principio de dicho gremio.

Nuestro gremio ha perdido la mística, ha caído en el abandono de los principios que dieron origen al mismo, ha dejado de consagrarse con los principios morales con los cuales fue creado, puesto que ha dejado de ser apolítico para pasar a hacer un gremio totalmente politizado, basta solo con ver los carteles foto retratos, estos simbolizan los colores de los partidos políticos ni siquiera lo de dicho gremio. Podemos ver también como hoy en día, cuando surgen denuncias sobre actos de corrupción en la administración pública, las manifestaciones de la alta dirección de nuestro gremio son sencillamente hacer silencio o apegarse a acatar los lineamientos de las autoridades.

En conclusión, considero en lo particular, que nuestro gremio debe retomar los principios de origen, con los cuales fue fundado, consagrarse como un gremio totalmente apolítico, para que de esta manera pueda servir como guardián del interés público, así como también pueda velar por los intereses generales de las profesiones que agrupa en su seno y en especial por la dignidad de los derechos y el mejoramiento de sus miembros.

Mientras esto no suceda, seguiremos sumergidos en un gremio que no velará por nosotros como miembros, sino más bien por los intereses de los partidos que lo narigoneen.

eurismendez@hotmail.com