Lo primero que debería hacer un Papa que quiera revolucionar al mundo, es eliminar las estrategias injerencistas del Vaticano, investigar las denuncias de operaciones fraudulentas del Banco Ambrosiano y sus inversiones en la industria belicista, y sobre todo, predicar con el ejemplo: aplicar las medidas que el Sumo Pontífice propone a los demás estados, en todos los ámbitos.

Si Francisco quiere que haya una política mundial de apertura incondicional y radical hacia los migrantes ilegales, debería comenzar con semejante receta en sus propios predios: que derribe las murallas de esa ciudad-estado. Sin medidas encaminadas a forjar una situación de transparencia en el seno de la iglesia Católica, en tanto que jerarquía y Estado, es muy poca la bondad que la “novedosa” gestión de este Pontífice, o de cualquier otro Papa, pueden aportar al mundo.

Esta reflexión viene a cuento porque en el complicado caso de la migración haitiana hacia Santo Domingo, él no ha escatimado ocasión para impulsar las políticas que favorecen al pueblo vecino en tierra dominicana, sin tomar en cuenta que la magnitud del desplazamiento de esa población, aunada a las estrategias internacionales de romper nuestras leyes, ponen en serio peligro la soberanía y los derechos de la nación dominicana y sus ciudadanos.

Que me perdonen los admiradores del Papa Francisco, pero él a mí nunca logró convencerme, si bien estoy consciente de su gran carisma y facilidad de palabra, dirigida a vender una imagen de apertura que no me parece muy acorde con la “realidad real”. Digamos que en poco tiempo le cogí la seña, porque algunas de sus actitudes me lo pintaron como un demagogo.

Él -a mi modo de ver y salvando las distancias- es a los Papas anteriores lo que el PRD y el PLD al Partido Reformista: ¡una supuesta alternativa de aspecto revolucionario, que una vez llegada al poder lo hizo peor, porque fuera de hacerse los graciosos y administrar un poco más de libertades públicas, lo único que lograron fue empeorar la economía y envilecer aún más el sistema socio político!

Como punto culminante de las políticas injerencistas de la iglesia Católica en la República Dominicana, en favor del pueblo haitiano y su diluido y disoluto estado, el Sumo Pontífice sustituye al Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez como cabeza visible de la Iglesia dominicana, y pone al frente del Arzobispado de esta importante diócesis a una no menos importante pieza de la estrategia haitianizante manejada por ese poder fáctico: el obispo Francisco Ozoria Acosta, muy conocido por su trayectoria en la Pastoral haitiana, su trabajo en los bateyes, y sobre todo, por sus declaraciones en favor del derribamiento de las fronteras y a favor de que se otorgue la nacionalidad dominicana a contrapelo de nuestras leyes.

La feligresía y el pueblo dominicano en general esperaban un arzobispo no sólo con las luces intelectuales que posee López Rodríguez, sino con cierta conciencia de la premura que tenemos de preservar nuestra soberanía. Era indispensable que se nombrara en esa delicada posición a alguien con un poco de respeto por la nación dominicana, para crear el necesario equilibrio en el seno de la iglesia Católica, que en el tema haitiano ha permitido a varias de sus órdenes -principalmente a la jesuita- trabajar abiertamente en contra de los intereses de nuestro país.

Las acciones emprendidas por la Iglesia en contra de la soberanía dominicana no pueden ser explicadas bajo ningún principio cristiano, ni bajo el pretexto de la defensa de los derechos humanos de extranjeros que arrinconan y suplantan a los nacionales en nuestro propio suelo. Eso, aunque quieran negarlo los adalides del pro haitianismo es manipulación política e injerencia y, además, conspiración, motivada no sólo por una oscura búsqueda de ampliar el poder, sino por dinero.

Es harto conocido el apoyo económico que reciben los jesuitas de la embajada de los EEUU, puesto que muchos de los fondos que manejan importantes ONG de dicha orden “religiosa” provienen de la USAID. Y estos vínculos económicos son públicos. Los nombres de dichas entidades figuran en los presupuestos de la agencia estadounidense.

Por otro lado, cabe recordar que a pesar del tradicional y sincero amor e identificación del pueblo dominicano con la fe católica, la historia nos demuestra que a la jerarquía eclesiástica no le importa sacrificar al pueblo y a la nación dominicanos, cuando de beneficiar sus propios intereses se trata. Basta con recordar el apoyo que dio el arzobispo Portes a las acciones anexionistas de Pedro Santana, que lo llevaron a excomulgar a los trinitarios y a cualquier dominicano creyente en la soberanía nacional, incluido a nuestro ejemplar Patricio Juan Pablo Duarte.

Esto, como católicos que somos en una gran porción del pueblo dominicano, nos obliga a plantearnos la necesidad de revisar nuestras relaciones con la iglesia Católica en tanto que poder fáctico, lo que no implica romper con la doctrina católica, portadora de la luz espiritual que ha iluminado a este esforzado, combativo y combatido pueblo.

Esa revisión, en un momento determinado, debería implicar un cisma que separe a los sacerdotes y dignatarios que respetan y apoyan al pueblo dominicano de los que, abusando de su condición sacerdotal y de muchos siglos de poder acumulado, intentan vender nuestra vida, libertad y soberanía al mejor postor. Y esto, para mí como católica, es una herida que se me antoja no sólo injustificable, sino imperdonable.

JPM

La pequeña burguesía (clase media), en especial la franja de profesionales,  intelectuales y artistas, con frecuencia tiende a proyectar sus realidades subjetivas a los otros sectores de la sociedad. Los problemas que les afectan y sus expectativas los generalizan para los demás.

Si ese pequeño burgués se encuentra  disfrutando de paz, bienestar y buenas perspectivas para el futuro así considera que marcha la mayoría.  Pero si tiene un fracaso, si le va mal y no encuentra soluciones factibles a sus problemas personales, esas mismas consideraciones las proyecta a los demás  Es “juzgar al otro por sus propias condiciones” o “cada ladrón juzga al otro  por…”  dice una máxima popular.

Este sector de la pequeña burguesía también es muy propenso a  confundir la realidad objetiva con su realidad subjetiva.  Ahí se encuentra la principal base para sus continuos errores en el quehacer político.

“El pueblo quiere lucha. Esta lucha no se para ni con bomba ni con balas”, “El pueblo decidió  lanzarse  a las calles para defender sus derechos”.  Son las más socorridas consignas que algunos grupos levantan para arrancar al gobierno  “un pliego de reivindicaciones”.

Lo anterior sirve de introducción para referirnos al llamado a “huelga general política por 24 horas, en Santo Domingo Este” que la “alianza  post electoral” que formaron  algunos ex candidatos municipales pretende llevar a cabo, este lunes 4 de julio.

Ellos entienden que perdieron porque les hicieron supuestos fraudes, que no  han podido demostrar. En ese propósito han sufrido derrotas tras derrotas.  Pero en ningún caso se detienen a evaluar con objetividad las causs por las que perdieron y la situación por la que atraviesan.

Al otro día de las elecciones, el pasado 16 de mayo,  mediante coro desafinado empezaron a gritar un supuesto “fraude colosal”.  No importa la amplia diferencia entre los porcentajes que obtuvieron y los que alcanzó el candidato triunfador.

Obsesionados y “cuatriboliaos” porque perdieron, con amplias diferencias, en las que, quien quedó en segundo lugar, apenas obtuvo 22.86%, frente un porcentaje muy superior de 43.71%. Pero, obnubilados y “llenos de rabia y odio”,  cual toros Miuras,  los tres insisten y embisten contra todo y todos. Nadie tiene razón. Sólo ellos tres. Han desatado una “guerrillita mediática” con  ruidosas actividades, en las que solo han cosechado derrotas tras derrotas.

No se detienen a reflexionar a evaluar la forma en que montaron sus candidaturas: Cada uno se consideraba en absoluta condiciones políticas para ganar solo. No necesitaban “ningún tipo de alianzas”. El eqocentrismo pequeñoburgués, el sectarismo y la prepotencia  los condujo a participar con 8 diferentes candidatos de la fraccionada oposición.

Pero el engreimiento les llegó a los tuétanos para rechazar todo tipo de alianzas que ahora han forzado formar para tratar de hacer daños al Municipio y provocar situaciones indeseables e innecesarias. .

Por el contrario, el PLD, aunque es el mayor partido del país, supo  diseñar una correcta estrategia electoral, dando prioridad a la formación de alianzas. Por eso logró formar una invencible maquinaria electoral con 13 partidos aliados, lo cual dio sus positivos frutos: En la provincia Santo Domingo la senadora Cristina Lizardo ganó con 67.33% frente a disminuido 25.45%;  y de 36 diputados el PLD obtuvo 28. En el municipio SDE, Alfredo Martínez ganó limpia y democráticamente la Alcaldía.

Nos preguntamos: Existen condiciones objetivas y subjetivas para una huelga general política en Santo Domingo Este? Es obvio, la respuesta es negativa. Porque el propósito real  de esa huelga es satisfacer el orgullo y la vanidad de los tres  ex candidatos y poner en peligro el sosiego,  bienes y vidas de los pobladores del Municipio.

La huelga, un derecho que tiene el pueblo, con esa enfermiza obsesión de querer “anular o deslegitimar las pasadas elecciones”  lo están cualquierizando. Están confundiendo sus personales deseos con la realidad. Sus reclamos son resultados del pataleo porque no se supieron preparar para la derrota. Los resultados de ese imprudente y provocador llamado a “huelga general  política” para Santo Domingo Este, no obstante las amenazas y chantajes, será otro rotundo fracaso.

La Junta Central Electoral ha declarado cerrado el período electoral, El próximo jueves 7 entregará los certificados a los legítimos ganadores en las diferentes instancias electorales. Basta ya de infantilismo y rabietas pequeñoburguesas.

“El tiempo de las acciones violentas terminó. El hecho electoral es irreversible. Sus luces y sus sombras quedan para el estudio y el aprendizaje; para perfeccionar un sistema que sea satisfactorio para todos, y para tratar de mejorar nuestra conducta electoral.”

jpm

República Dominicana es un país especial. Tenemos teóricos en cada esquina, donde una sola persona te habla de política, medicina, tecnología, te cura la próstata, es analista económico, teoriza sobre física nuclear, química, biología, pelota… y el mismo tipo que te cura el pecho apretado, te habla de los agujeros negros y la relatividad, que ni Albert Einstein le gana.

Todo eso está bien, pero sí es preocupante ver como actúan los que están llamados a dar respuestas a la seguridad pública, y peor aún, soportar un espectáculo tan penoso de legisladores salcochando la ley de reforma policial, donde los actores principales, los policías, no son tomados en cuenta.

El Centro de Control del Crimen en Tiempo Real. ¿Existe? ¿Dónde está? El crimen es local, con menos centralización desde el Ejecutivo a las autoridades provinciales y municipales, tendremos más control.  Fiscalizar el territorio es vital, tanto de quienes viven dentro del mismo, como visitantes e intrusos; eso ayudará inclusive a capturar fugitivos.  No es inteligente querer controlar lo que pasa en Dajabón con una orden del jefe policial de la capital, quienes mejor pueden dar repuestas son las autoridades locales. Si damos mayor participación a las autoridades provinciales, en trabajos coordinados con la policía nacional, tendríamos efectos positivos.

La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado con la colaboración de la ciudadanía.  El gobierno, por un lado, negando que la criminalidad se ha convertido en una epidemia, y ponen en marcha las mismas viejas propuestas inútiles, tirando cientos de policías y guardias a las calles; por el otro, los que dicen que el problema de la delincuencia se debe a los jueces complacientes.  Algunos piden más cárceles y leyes más duras; otros reclaman derechos humanos.  Y políticos, en su gran mayoría, asumen posiciones irresponsables. los diputados aprobaron al vapor la ley de reforma policialsin ningún incentivo para los policías.

Cualquier programa establecido exclusivamente en el uso de la fuerza será inútil, costoso, mal enfocado.  Si bien es cierto que el gobierno es quien está llamado por ley a trazar una política pública encaminada en combatir y enfrentar la criminalidad, deben ser medidas acordes a nuestros tiempos, destinadas a integrar a los ciudadanos y autoridades, y entre todos buscarle soluciones inteligentes a esta pandemia que nos castiga.  Cuando se acude al uso de la fuerza contra los delincuentes, es por la falta de control y supervisión de quienes están llamados a aplicarla.

Con inquietud me pregunto ¿Cuántos delincuentes tienen que ser encerrados para tener una República Dominicana más segura? No lo sé, las cárceles están sobrepobladas de delincuentes, y aún así, la inseguridad es cada vez mayor, sigue expandiéndose como una plaga incontrolable.  Los congresistas que aspiran a una ley de control de armas, que solo se aplicará a los ciudadanos honestos, deben saber que los malhechores no se preocupan, ni les importan los permisos de armas. Tienen los medios para conseguirlas, comprándolas a otros delincuentes, atracando o trayéndola por nuestras endebles y abandonadas fronteras sin controles.

Por otro lado, el proyecto de “ley de control de armas”, con lo cual limitarán la capacidad de las personas honestas y a defenderse. De materializarse, estaríamos dejando a ciudadanos, que cumplen con la ley, a merced de los delincuentes, quienes serán los únicos que podrán estar armados. No quiero ni pensar cuando los malhechores tengan la seguridad 100% de que sus víctimas no están armadas.  Si un criminal va a robar a alguien, se pregunta si está armado y lo piensa dos veces, de ahora en adelante, entrarán como “Pedro por su casa”, y los ciudadanos decentes estarán en desventaja frente a los delincuentes armados hasta los dientes.

Sería bueno, antes de aprobar dicha ley, preguntarnos si tendríamos menos asesinatos, menos violaciones, menos robos, menos de atracos.  Justo es reconocer que la ley debe ser más exigente para el otorgamiento de permisos de armas de fuego, principalmente, para no seguir viviendo hechos como ver a alguien disparar a una persona en un simple accidente de tránsito o por un parqueo.  Si bien es cierto que portar un arma de fuego no significa que se puede transitar con seguridad por las calles, definitivamente, nuestra amarga realidad es que nuestros pueblos, barrios y calles son territorios muy inseguros.

Todo indica que luego de la ley de control de armas, República Dominicana será más segura para los criminales, y menos para los ciudadanos que cumplan con la ley.  Los criminales son verdaderos expertos, en cuanto al conocimiento de las leyes; saben como limitar el riesgo de ser procesados. Debemos trazar una política a corto y largo plazo, donde los munícipes de cada jurisdicción territorial se sientan parte y contribuyan a la solución de los problemas. En un pueblo pequeño se conoce todo el mundo, igual que en los barrios; y quienes son llamados juntos a las autoridades a defender sus territorios, son los que viven en él.

El nivel de criminalidad descenderá cuando las autoridades provinciales y municipales no tengan tanta dependencia del gobierno central, para finalizar me pregunto. El Centro de Control del Crimen en Tiempo Real, que forman parte del proceso de reforma y modernización de la Policía Nacional. ¿Dónde está? ¿Existe?

jpm

Por:  JORGE A. ABREU EUSEBIO

Nada pecaminoso, nocivo o irracional tiene lo externado por el Magistrado José Manuel Hernández Pequero, Juez Titular del Tribunal Superior Electoral con respecto a la profesionalidad que debe primar en las composiciones de las Juntas Electorales de cara a la modificación de la Ley Electoral y hacia los venideros procesos electorales. Todo lo contrario y deben ser ponderadas y analizadas con la debida racionalidad.

Esas declaraciones tienen un enfoque puramente profesional y las mismas propenden a consolidar la democracia, el respeto al Soberano y hacer más eficaces y eficientes las estructuras que propendan hacia una mejor transparencia y credibilidad en los procesos que se ejecutan administrativamente y se conocen en primera instancia en  lo contencioso electoral en cada Junta Municipal.

Siempre todo lo que sea Santiago de los Caballeros, será de segundo orden, porque está considerada como la Segunda Capital del País. De eso no hay la menor duda, razones por las cuales se le acredita a dicha Junta ser la segunda de mayor importancia, no por su número de electores, sino por estas meritorias circunstancias.

Independientemente de los méritos que tengan los incumbentes de las Juntas Municipales Electorales, sobre su honorabilidad y seriedad, no les quita que cuando actúan por circunstancias diversas y esas acciones no están previstas en las normativas electorales, se está violando la ley, no importa los medios y resultados. Cuando se hace una operación aritmética como la que se hizo de sólo escrutar y revisar 200 votos de 14,000 nulos, y hacer una progresión, estimación o proyección con los demás partiendo de ese resultado, que no es una constante, que es fruto del azar, se está violando la Constitución quien ha instaurado el debido proceso y por lo tanto ese resultado por más apegado a la realidad que resulte es nulo de pleno derecho. También se están violando derechos fundamentales de elección y pasándole por encima al Soberano.

Aunque se diga que esa operación realizada no varió los resultados electorales al verificarse posteriormente cada uno de los 14,000 votos nulos, no menos cierto es que eso es un ilícito y en nada contribuye a la transparencia y respeto al votante, a la democracia y a los candidatos.

La ley establece meridianamente el procedimiento: contarse y recontarse uno a uno los votos emitidos en cada boleta y los delegados de los partidos políticos deben ser unos celosos guardianes del apego a los procedimientos de ley instituidos en los asuntos electorales en general y contribuir en la mayor medida de sus posibilidades a que las cosas se hagan correctamente, porque de lo contrario se hace un flaco servicio a la transparencia y al fortalecimiento del sistema electoral dominicano.

Indiscutiblemente en lo que respecta a lo contencioso electoral, donde cada Junta Municipal actúa como Tribunal de Primer Grado, la decisión rendida por las mismas deben ser por sentencias y si las mismas no cumplen con los parámetros que la ley dicta en sus contenidos de forma, fondo, motivaciones, puntos de hechos, de derechos, pruebas, conclusiones, incidentes, entre otros, culminado con su dispositivo, la misma cuando es conocida por otro tribunal superior como lo es el TSE, indefectiblemente será anulada y los únicos que conocen a profundidad como se hace una sentencia y como se lleva el proceso que culmina con ésta, son los Jueces.

Los abogados tenemos nociones y conocimiento sobre la materia, que son los únicos profesionales que están calificados y preparados para tales fines. Hay que ver el resultado altamente positivo que trajo como consecuencia la medida adoptada por el Magistrado Roberto Rosario de poner al frente de cada Oficialía Civil un Profesional del Derecho. Los hechos y números están ahí. Lo mismo ocurriría en este punto de las Juntas Electorales Municipales.

La propuesta del Magistrado José Manuel Hernández Peguero debe ser tomada muy en consideración si queremos que los procesos venideros sean menos traumáticos. Que las cosas se viabilicen, que haya más transparencia, profesionalidad y se asienten con mayor solidez las bases del sistema electoral y haya menos vulnerabilidad.

Sería de mucha utilidad y beneficioso para la tranquilidad del país que se vaya pensando en esa propuesta de modificación a la ley electoral en lo que respecta a los procesos contenciosos de las juntas municipales y la composición de sus actores al efecto, constituido por un Juez del Poder Judicial, Un Fiscal y un Abogado propuesto por las universidades o la sociedad civil, para que se constituyan en un verdadero Tribunal con capacidad plena para juzgar cumpliendo el debido proceso y emitir sentencias como manda la Constitución y la Ley.

La JCE también podría abocarse a preparar esas estructuras a través de la EFEC en estos 4 años.

645@hotmail.com