Hay decisiones que no se leen en la Gaceta Oficial, se leen en el conuco. La derogación del Decreto 693-24, ejecutada sigilosamente mediante el Decreto 635-26 del 9 de septiembre de 2026, es una de ellas. No es un tecnicismo arancelario. Es el acta de defunción de la última trinchera legal que le quedaba al Estado dominicano para defender su principal alimento frente a la inundación. Y lo más grave no es que se haya derogado. Lo grave es cómo y por qué.

El DR-CAFTA, firmado en 2004, estableció un calendario de desgravación de 20 años para el arroz. Se suponía que en enero de 2025 el arroz estadounidense entraría con arancel cero y sin límite. Frente a ese abismo, el gobierno emitió el 17 de diciembre de 2024 el Decreto 693-24 como un paracaídas de emergencia.

¿Qué hacía ese decreto? Creaba un contingente arancelario registrado ante la OMC, imponía un 20% ad valorem dentro del contingente y un 99% ad valorem fuera del contingente, que es el arancel de Nación Más Favorecida. Reservaba además una cuota preferencial de solo 23,300 toneladas métricas de arroz de Estados Unidos con 0% de arancel, y todo lo que excediera esa cuota pagaba 99%.

No era proteccionismo caprichoso. Era una medida de salvaguarda legítima, amparada en la OMC, para evitar que un sector que sostiene a 14 provincias, que se cultiva en 21, que genera más de 300 mil empleos directos e indirectos y que garantiza el 90% del consumo nacional, fuera pulverizado en 90 días. El 693-24 no prohibía importar. Ponía precio a la invasión.

LA RODILLA EN TIERRA

El decreto fue derogado dos días antes de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos hiciera pública su exigencia. El 9 de septiembre se firma el 635-26. El 11 de septiembre la USTR lo publica en X como un trofeo. La reunión previa lo explica todo: el representante comercial adjunto Jeffrey Goettman y la jefa negociadora agrícola Julie Callahan le dijeron al canciller Víctor Ito Bisonó que ese decreto violaba el espíritu del DR-CAFTA. Que restringía el acceso.

Traducción: Washington, que subsidia su arroz con más de 1,200 millones de dólares al año bajo el Farm Bill, que produce con rendimientos de 8.5 toneladas por hectárea frente a nuestras 4.2 por el apoyo tecnológico y financiamiento casi gratis, consideró intolerable que República Dominicana quisiera cobrarle 20% por entrar. Y nos arrodillamos. Derogamos nuestra ley para cumplir la interpretación de ellos del tratado.

LA RUINA ANUNCIADA

Para el productor dominicano, la derogación no es competencia. Es una condena. Primero, por la competencia desleal estructural. El arroz estadounidense no llega más barato porque sea más eficiente. Llega más barato porque está subsidiado desde la semilla hasta el flete por el río Mississippi. Un productor de Arkansas recibe seguros, pagos contracíclicos y créditos al 2%. Un productor de Juma, de La Vega o de Nagua recibe un préstamo del Banco Agrícola al 12% y tiene que pagar diésel, mano de obra cara y agua cara. Ponerlos a competir sin arancel es como poner a pelear a un peso pluma con un tanque.

Segundo, por el derrumbe de precios en finca. La CONA ya advirtió. Cuando entren 100,000 o 200,000 toneladas métricas sin el muro del 99%, los molineros no tendrán incentivo para comprar la cosecha nacional a 2,800 pesos el quintal. La preferirán importada a 1,800. El precio al productor se desplomará. Y con él, la capacidad de pagar deudas, de sembrar la próxima cosecha. El ciclo 2026-2027 será de siembra por inercia y quiebra por realidad.

Tercero, por el efecto dominó rural. El arroz no es solo arroz. Es el colmado de Villa Vásquez, el taller de motores de Cotuí, la escuela de El Aguacate. Si el arroz quiebra, quiebran 14 economías provinciales. El éxodo rural que ya sufrimos se acelerará. Veremos más jóvenes en la fila de una yola o en una banca de apuestas en el barrio, que en una parcela.

Cuarto, por la pérdida de soberanía alimentaria. Hoy producimos el 90% de lo que consumimos. Con la derogación, en tres años estaremos importando el 40% o 50%. El día que haya una sequía en Louisiana o una crisis logística en el Golfo de México, el dominicano no encontrará arroz en el colmado, o lo encontrará a 90 pesos la libra. Habremos cambiado seguridad por dependencia.

EL ESPEJISMO DEL AHORRO

Para el consumidor, las consecuencias son el espejismo del ahorro. El gobierno y algunos economistas de laboratorio dirán que bajará el precio al consumidor. Es la mentira más vieja del libre comercio mal aplicado. La historia dominicana demuestra lo contrario. Cuando se liberalizó el ajo, el precio no bajó. Subió.

La razón es simple: la cadena de comercialización del arroz está controlada por 4 grandes importadores y 30 molinos. Si ellos traen arroz barato a 0%, no traspasan el 40% de ahorro al ama de casa. Traspasan un 5% para hacer bulto y se quedan con el 35% de margen. El consumidor verá una rebaja de 2 o 3 pesos por libra durante tres meses, mientras el productor pierde 800 pesos por quintal para siempre.

Además, el arroz importado que entrará masivamente es arroz envejecido, de menor calidad proteica, con más granos quebrados, que requiere más aceite y más sazón para ser palatable. El consumidor dominicano, que ama su arroz graneadito, terminará pagando casi lo mismo por un producto inferior. El ahorro prometido es pan para hoy, hambre para mañana. Cuando la producción nacional desaparezca, el importador pondrá el precio que quiera. Y ahí sí no habrá decreto que valga.

QUÉ NOS QUEDA POR HACER

Derogar el 693-24 sin un Plan B es una irresponsabilidad histórica. Si ya se cedió ante la USTR, el Estado está obligado a compensar, no con discursos, sino con hechos. Con un Fondo de Compensación Arrocero real, no de 200 millones simbólicos, sino de al menos 5,000 millones para subsidiar directamente el precio de la pignoración, la semilla certificada y el seguro agrícola al 100%. Con el uso riguroso de medidas fitosanitarias, de inocuidad, etiquetado y trazas de plaguicidas, que es lo mismo que Estados Unidos nos impone a nosotros. Que cada saco que entre sea inspeccionado. Con compra pública estratégica, que obligue por ley al INESPRE, a los comedores económicos, al desayuno escolar y a las Fuerzas Armadas a comprar 100% arroz nacional. Y con transparencia, que se publiquen las cartas de la USTR y los compromisos que asumió Bisonó. El país tiene derecho a saber qué entregamos a cambio de qué.

El arroz es más que un cereal en República Dominicana. Es cultura, es seguridad nacional, es paz social. Ningún país serio entrega su alimento básico sin pelear.

Derogamos el Decreto 693-24. Ojalá no tengamos que derogar mañana la tranquilidad del campo dominicano. Esa derogación, que se firmó en una oficina con aire acondicionado en la capital, se llorará con sudor en cada parcela de El Bajo Yuna.