Instituciones reflejan madurez institucional sobre respeto de los derechos humanos que se expresa en la sentencia TC/1225/25.

La opinión de PGR ante solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad sobre la prohibición de la sodomía (relaciones sexuales entre personas del mismo sexo) que establecían el Código de Justicia de la Policía Nacional y Código de Justicia de la Policía Nacional refleja madurez convencional y constitucional. La Procuraduría General manifiesta una alta comprensión del derecho internacional de los Derechos Humanos,

Dijo que el derecho a la igualdad, implica que todas las personas son iguales ante la ley y como tales deben recibir el mismo trato y protección de las instituciones y órganos públicos. Agrego que el derecho al libre desarrollo de la personalidad consiste en la libertad de hacer o no hacer lo que se considere conveniente.

La Cámara del Senado con su opinión no se opuso a que el Tribunal Constitucional (TC) declarara no conforme a la Constitución los artículos de los códigos cuestionados. Mas bien en sus motivaciones dijo que la preferencia sexual de una persona no debe constituir un acto predeterminado por el Estado, ni mucho menos implicar que sea plausible de un castigo de prisión, siendo estas normas contrarias al principio de igualdad, la protección a la orientación sexual como motivo prohibido de discriminación, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la intimidad, el honor personal, el buen nombre, la libertad personal, la seguridad, el trabajo y el principio de razonabilidad.

La Cámara de Diputados en su opinión tampoco se opuso a que el TC declarara la inconstitucionalidad de las leyes atacada por ser contraria a la Carta Magna y a Convenciones Internacionales de Derechos Humanos.

En esta sentencia también hubo escritos de opiniones en calidad de amicus curiae (amigos del juez). Tales como: AEQUUS Abogados-Consultores; Human Rights Watch; Optio.org; Red de Litigantes LGBTI+ de las Américas y Colombia Diversa; Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+); Diversidad Dominicana y Consejo Latinoamericano de Estudiosos de Derecho Internacional y Comparado, todas estas organizaciones nacionales e internacionales expresaron el desacuerdo en penalizar la relaciones sexuales entre policías y militares por ser contraria a la Constitución y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que dominicana es parte.

Voto disidente de la mMagistrada Eunisis Vásquez Acosta

Apunta la falta de objeto jurídico actual de las disposiciones impugnadas, pues afirma esta juzgadora que las normas impugnadas, Código de Justicia de la Policía Nacional y Código de Justicia de la Policía Nacional fueron derogados expresamente por el legislador mediante a Ley núm. 278-04 en toda su extensión y no una parte como afirma la mayoría del colegido constitucional.

Por ello, expresa esta juez que carece de objeto la acción de inconstitucionalidad. Agrega que en el contexto militar y policial existen restricciones legítimas a la vida privada que responden a exigencias funcionales y operativas propias de las instituciones encargadas de velar por la seguridad y protección del Estado y añade que en contextos institucionales donde debe preservarse la disciplina militar y policial, se exige un estándar de conducta más estricto que el aplicable a los demás ciudadanos, orientado a garantizar la cohesión interna, la subordinación jerárquica, la operatividad funcional y el respeto a los valores de los cuerpos armados, elementos esenciales para el cumplimiento de su misión constitucional.

Voto disidente de la magistrada Army Ferreira

Expresa esta honorable jueza que la acción directa de inconstitucionalidad debió ser declarada inadmisible, por carencia de objeto con base en la derogación, tacita o expresamente hacen el Código Procesal Penal y sus modificaciones, así como la mencionada Ley núm. 278-04, que marcó su implementación y agrega esta ilustre magistrada que el abordaje del fondo no fue realizado adecuadamente por la mayoría que declaro inconstitucional los artículos cuestionados y que prohíben la sodomía entre militare y policías.

Voto salvado del magistrado José Alejandro Ayuso con la concurrencia de los magistrados Sonia Díaz Inoa y Amaury Reyes Torres.

Alegan estos honorables magistrados que una de las razones medulares que debieron establecerse en las motivaciones del presente fallo es que las normas impugnadas en inconstitucionalidad Constituían disposiciones discriminatorias que atentaban contra el derecho fundamental a la igualdad de las personas establecido en los artículos 39 y 138 de la Constitución.

Agregan estos votos salvados que el personal militar, al igual que los demás ciudadanos corrientes, tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, a su intimidad y a su buen nombre, correspondiéndole al Estado, a través de los diferentes organismos que lo conforman, respetar y promover el respeto de tales derechos. Indican estos magistrados que no le corresponde al Estado indicarle cómo las personas adultas, libre en su capacidad de hacer y consentir, deben comportarse o desenvolverse en la intimidad.

Independiente de los votos disidentes, salvados y hasta de la mayoría en la sentencia TC/1225/25 lo cierto es que conforme a la Constitución y a las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que RD ha ratificados prohíben el trato diferenciado, la discriminación y las limitaciones al proyecto de vida de las personas. La sentencia no trae algo que no esté en nuestro orden jurídico. La sentencia no solo ratifica lo que está en el bloque de constitucionalidad, sino que abre la posibilidad de que en la práctica se reconozca el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

Está sentencia no implica retroceso, sino que aporta beneficios en la garantía de los derechos humanos. La sentencia es buena en materia de derechos humanos.

POR CARLOS SALCEDO

En este momento histórico, el Congreso Nacional -y muy especialmente la Cámara de Diputados- tiene en sus manos una oportunidad irrepetible: aprobar las reformas al Código Procesal Penal para que sea más moderno, eficaz, respetuoso de las garantías constitucionales.

Pero, jamás para marcar un retroceso en materia de derecho y principios del proceso penal. Como ha alertado la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), esa oportunidad podría convertirse en una amenaza si el texto se adopta sin corregir sus vicios más peligrosos. Las observaciones técnicas presentadas por FINJUS no sólo son pertinentes, sino imprescindibles para garantizar un marco procesal que fortalezca la justicia penal en vez de debilitarla.

FINJUS ha señalado con claridad que algunos de los artículos aprobados por el Senado -como el 101 y 102 sobre la rebeldía, el 146 y 151 sobre plazo razonable y duración máxima, el 180 sobre registro de personas, el 196 de interceptación, el 200 de abstención, el 238 de prisión preventiva, el 273 de la querella, el 285 del archivo, el 303 de la audiencia preliminar, el 308 del auto de apertura a juicio, el 377 de plazos procesales y el 439 de apelación- requieren un escrutinio profundo y una reelaboración.

Principios constitucionales y riesgo de retrocesos

Una de las críticas centrales de FINJUS concierne al artículo 146, que propone sustituir reglas objetivas de cómputo por una cláusula abierta de “plazo razonable” basada en seis criterios amplios. Esa técnica normativa, advierte la entidad, desplaza la previsibilidad hacia una valoración discrecional por parte del juez, con riesgo de dilaciones estructurales.  Además, el artículo 151, que fija una duración máxima teórica de cuatro años, incorpora mecanismos interpretativos sujetos a razonabilidad, lo que podría debilitar la garantía de límite temporal que exige la Constitución y, además, desafía estándares jurisprudenciales recientes que exigen que las prórrogas sean excepcionales, motivadas y con control estricto.

Estos cambios no son meros tecnicismos: afectan la garantía del debido proceso, al trasladar al juez una carga subjetiva mayor para justificar demoras, bajo el riesgo de que la “razonabilidad” se convierta en un sinónimo de impunidad institucional.

Garantías frente a medidas intrusivas

Otro punto preocupante es el artículo 196 sobre interceptación de telecomunicaciones. FINJUS advierte que el proyecto amplía el plazo de 60 a 90 días, permite renovaciones indefinidas sin una motivación reforzada y suprime algunas salvaguardas clave, como la obligación de destruir transcripciones tras la prescripción, reduciendo la protección de datos personales e intimidad.  Esa transformación podría convertir una medida excepcional en una herramienta expansiva de vigilancia, lo cual compromete el derecho a la intimidad reconocido por el artículo 44 de la Constitución y transgrede estándares internacionales de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

En paralelo, el artículo 180 relativo al registro de personas ha sido revisado por FINJUS con inquietud y es que, aunque se mantiene la advertencia previa, se fragmenta la documentación (registro de actas, firmas, negativas), lo que debilita el control formal sobre estas diligencias.  Esa técnica normativa puede facilitar abusos operativos por parte de agentes del Estado, sin una constancia efectiva de lo actuado.

Libertad personal y prisión preventiva

Quizá uno de los elementos más delicados sea el nuevo régimen de prisión preventiva que se propone en el artículo 238. FINJUS advierte que el proyecto eleva de tres a ocho los supuestos que habilitan la medida, incluyendo figuras como la reincidencia o reiteración delictiva, incumplimiento de medidas previas o localizadores electrónicos, y hasta la existencia de un proceso anterior por “hecho grave”.  Aunque se mantienen algunas excepciones -personas mayores o embarazadas, por ejemplo-, la expansión amenaza con normalizar la prisión preventiva, algo incompatible con su carácter excepcional y de último recurso como con el principio de proporcionalidad constitucional establecido en el artículo 40.9.  Además, desde la óptica de política criminal, un uso excesivo de esta medida puede agravar el hacinamiento carcelario y enviar un mensaje preocupante sobre la presunción de inocencia.

Mecanismos de control y cierre del proceso

FINJUS también formula reparos sobre el artículo 285 que regularía, si la reforma es aprobada como está planteada, el archivo del caso. Efectivamente, su versión actual permitiría que las medidas coercitivas se prolonguen incluso luego de un archivo, y autoriza un archivo provisional de hasta cuatro años.  Esta técnica debilita la seguridad jurídica, ya que el imputado podría quedar en un limbo procesal prolongado, con restricciones sin una resolución definitiva. Además, la facultad de reabrir el caso se reduce a criterios menos exigentes, concentrando poder en el Ministerio Público sin suficiente control judicial.

En cuanto al objeto de la audiencia preliminar prevista en el artículo 303 del CPP y al auto de apertura a juicio, dispuesto en el artículo 308 de dicho código, FINJUS denuncia una eliminación de mecanismos esenciales para la impugnabilidad y la depuración probatoria.  En particular, se restringe la posibilidad de apelación del auto de apertura, se debilita el control sobre pruebas excluidas y se reduce el rol del juez en la revisión formal y sustantiva de los elementos del proceso. Esto socava la garantía de una revisión efectiva antes del juicio. Además, esto se refuerza por el hecho de que el juez de la instrucción tiene una función de control negativo que consiste en su facultad de rechazar la acusación, total o parcialmente, si considera que la fiscalía no ha presentado una acusación suficientemente fundada y esto ocurre cuando, tras la revisión del caso, el juez concluye que no existe la prueba y el fundamento mínimo necesario para pasar a la siguiente fase, que es la del juicio y, por lo tanto, no se cumplen las condiciones sustanciales para que el acto postulatorio sea admisible.

Plazos procesales al alza

Más allá del “plazo razonable”, el artículo 377 prevé un alargamiento importante de los plazos procesales: la etapa de investigación (fase o procedimiento preparatorio) se extendería de 8–12 meses a 12–18 meses, y la prisión preventiva podría durar entre 24 meses, con otros 12 posteriores a la condena.  Esa dilatación estructural institucionaliza la lentitud, debilita la eficacia del sistema y vulnera la garantía constitucional de ser juzgado sin dilaciones arbitrarias.

Llamado institucional: enmienda urgente para preservar legitimidad

Frente a estos riesgos, el llamado de FINJUS a la Cámara de Diputados no es retórico, es urgente, propositivo, institucional y responsable. La fundación solicita que sus observaciones sean consideradas y que su comisión técnica participe activamente en las discusiones legislativas.  Este involucramiento no debe verse como obstaculización, sino como contribución para dotar al Código Procesal Penal de una base técnica robusta, coherente con la Constitución y con los estándares internacionales de derechos humanos.

Recomiendo, en consecuencia, que los legisladores adopten las siguientes medidas:

1. Reescribir el artículo 146 para que las prórrogas por “plazo razonable” estén sujetas a motivación reforzada, con criterios específicos, pruebas y carga probatoria a favor del justiciable.
2. Reformular el artículo 151 para fortalecer la definición de la “duración máxima”, asegurando que no dependa exclusivamente de valoraciones subjetivas.
3. Modificar el artículo 196 para limitar la duración de las interceptaciones, exigir motivaciones reforzadas para prórrogas y establecer destrucción de datos tras la prescripción, con sanciones claras ante abusos.
4. Ajustar el artículo 180 para restablecer actas claras durante los registros, con firma o negativa del registrado, para reforzar la constancia documentada.
5. Revisar el artículo 238 para reducir los supuestos de prisión preventiva, manteniendo únicamente los más graves, y reforzar los criterios de proporcionalidad y excepcionalidad.
6. Modificar el artículo 285 para garantizar que el archivo ponga fin a las medidas coercitivas y que las reabiertas tengan un control judicial estricto.
7. Restablecer la apelación y revisión sustantiva en el auto de apertura al juicio (artículo 308), y asegurar la depuración probatoria efectiva desde la audiencia preliminar (artículo 303).
8. Reducir los plazos del artículo 377 para prevenir una dilación estructural, y mantener la prisión preventiva como medida realmente excepcional.

Señores legisladores, senadores y juristas: aprobar un Código Procesal Penal sin responder con seriedad a estas observaciones como otras planteadas por FINJUS como de otras instituciones, abogados y expertos en estos temas, sería comprometer la legitimidad institucional y constitucional de una reforma fundamental. FINJUS ha presentado un trabajo técnico riguroso, con propuestas concretas, no para frenar el cambio, sino para consolidarlo sobre bases sólidas. El Congreso Nacional tiene la responsabilidad histórica de escuchar, modificar y perfeccionar. No es simplemente aprobar, sino legislar bien y sin regresiones antidemocráticas. La institucionalidad y la justicia penal del país lo exigen.

jpm-am

En los últimos años, la conversación sobre la soberanía de los recursos naturales ha cobrado nueva fuerza en América Latina. La República Dominicana no escapa a ese debate: poseemos yacimientos estratégicos de oro, níquel, cobre, caliza, mármol, litio y tierras raras que, de gestionarse con visión de Estado, podrían representar un salto histórico hacia la independencia económica.

Pero la gran pregunta persiste: ¿tenemos la capacidad de contratar tecnología, invertir y convertirnos en dueños reales de nuestros recursos mineros?

Dependencia tecnológica y modelo extractivo

El país ha mantenido por décadas un esquema dependiente de empresas extranjeras que aportan el capital, la tecnología y la gestión de los proyectos mineros. En ese modelo, el Estado recibe regalías, impuestos y participaciones limitadas, mientras los beneficios mayores se exportan. Esa dependencia tecnológica —sobre todo en extracción y procesamiento— ha sido el argumento que perpetúa la idea de que la minería nacional solo es viable si es dirigida por corporaciones internacionales.

Sin embargo, esa narrativa empieza a ser cuestionada. Países de menor tamaño y con economías emergentes han demostrado que es posible asociarse con tecnología extranjera sin perder la soberanía sobre los recursos. El secreto está en la formación técnica, la inversión pública y la voluntad política de crear empresas mixtas que aprendan y, con el tiempo, dominen el proceso productivo.

Capacidad financiera y planificación estratégica

La República Dominicana no carece de recursos financieros; carece de prioridad estratégica. Los ingresos por turismo, zonas francas y remesas podrían alimentar un fondo soberano destinado a invertir en tecnología minera, exploración geológica y capacitación. Con una gestión transparente y visión de largo plazo, ese fondo permitiría al país participar como accionista mayoritario en proyectos que hoy solo observa desde la barrera.

El capital humano también existe: ingenieros, geólogos y técnicos dominicanos formados en universidades locales e internacionales. Lo que falta es la decisión política de integrarlos en un plan nacional de desarrollo minero con soberanía tecnológica.

Propiedad y soberanía sobre los recursos

Ser dueño de los recursos no se trata solo de tener títulos mineros; significa controlar la cadena de valor, desde la exploración hasta la comercialización. Hoy, la República Dominicana sigue siendo un país exportador de materia prima y comprador de productos derivados. Para revertir esa lógica se requiere visión industrial: plantas de fundición, centros de investigación mineralógica y políticas de valor agregado.

La soberanía minera es posible si el Estado asume el papel de inversor estratégico y regulador inteligente, no de simple observador o recaudador.

Conclusión

Sí, la República Dominicana tiene la capacidad potencial de contratar tecnología, invertir y ser dueña de sus recursos mineros estratégicos. Lo que necesita es voluntad política, planificación técnica y transparencia institucional. Si el país logra articular estos tres pilares, dejará de ser espectador y pasará a ser protagonista de su riqueza natural.

En la Era de la transición energética global, los recursos mineros ya no son solo riqueza subterránea; son poder geopolítico. Y la República Dominicana tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de ejercerlo con visión y soberanía.

jpm-am