Cada 27 de febrero la historia nos llama a recordar el momento en que un grupo de valientes decidió que la libertad y la soberanía de la República Dominicana no eran sueños inalcanzables, sino derechos irrenunciables.

Su profundo amor patrio les unió con un propósito claro: construir una nación libre, justa y con instituciones capaces de sostener su independencia a lo largo del tiempo. Hoy, 181 años después, la pregunta es inevitable: ¿qué hemos hecho con ese legado?

No podemos ver la independencia solo como un hecho histórico encerrado en los libros de texto. Febrero de 1844 no fue un punto final, sino un punto de partida, un llamado constante a fortalecer nuestra República.

Una república es un conjunto de instituciones funcionando para establecer balances y controles, limitar el poder y construir convivencia pacífica estable que permita lograr las metas a futuro.

Los trinitarios no solo nos dieron un territorio libre. Nos dejaron la responsabilidad de consolidar una nación con instituciones fuertes, capaces de garantizar justicia, crecimiento, bienestar y estabilidad para todos.

La independencia dominicana no fue obra de un golpe de suerte ni de la improvisación. Fue el resultado de un ideal bien pensado, de una lucha organizada y de la convicción de que un pueblo con principios puede forjar su propio destino.

Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella, Francisco del Rosario Sánchez y otros grandes luchadores por la libertad y los valores republicanos, entendieron que una patria verdadera no se sostiene solo con fronteras bien definidas, sino con instituciones que protejan la dignidad y los derechos.

Hoy, más que nunca, debemos mirar el ejemplo de los fundadores con ojos críticos y valientes. Una República Dominicana fuerte no es aquella que solo celebra su independencia, sino la que trabaja día a día para consolidar su democracia, combatir la corrupción, fortalecer la justicia y garantizar que cada ciudadano tenga oportunidades reales para prosperar.

Cada vez que defendemos la transparencia, exigimos derechos y promovemos el bien común, estamos honrando la sangre derramada por nuestra independencia.

La República Dominicana de hoy tiene retos enormes, pero también tiene grandes aciertos. La lucha por un país más justo no terminó hace 181 años, sigue viva en cada dominicano que se resiste a la indiferencia y que trabaja por un futuro mejor, empezando por el primer mandatario.

Es esencial que los jóvenes dominicanos, frente a la creciente influencia del multiculturalismo y las transformaciones globales, no renuncien a la sagrada misión de ser los defensores de los valores patrios. El desafío contemporáneo exige que las nuevas generaciones no pierdan de vista su papel fundamental como guardianes de nuestra soberanía y los principios que fundaron nuestra Nación.

La juventud de hoy, con su energía y convicción, tiene la responsabilidad de fortalecer nuestra República Dominicana, asegurando que siga avanzando con firmeza hacia el futuro, respetuosa de sus raíces y capaz de enfrentar con esperanza y determinación los desafíos venideros.

Que esta conmemoración de nuestra independencia sea más que un acto protocolar. Que sea una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con una República Dominicana institucionalizada, capaz de mantenerse estable y de servir de ejemplo ante las naciones del Caribe. Honremos el sacrificio de Duarte, Mella y Sánchez no solo con palabras, sino con acciones que fortalezcan la patria que ellos soñaron. Porque ser independientes no es solo un hecho del pasado. Es una tarea de cada día.///

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Lograr una pensión  en el sector público, o en el privado en el país, más que un motivo de alegría es, lamentablemente, en muchos casos, causa de preocupación.

Parecería una exageración. Pero no, se trata de una cruda, latente y lastimera realidad por la que atraviesa una gran parte de los seres humanos que, luego de dedicar los mejores años de su vida al Estado o a empresas privadas, terminan recibiendo “pensiones pírricas”, según había precisado en un trabajo anterior.

Ocurre que nuestros pensionados no pueden hacer planes para ir a playas, viajar, visitar ciudades del interior, remozar sus viviendas (si las tienen) porque el monto que reciben “apenas da para comer malamente”.

¿Cómo es posible que un servidor público, después que se pasa la mayor parte de su vida detrás de un escritorio sirviendo a un próspero Estado, no pueda con su pensión planificarse un viajecito a una nación cercana, como Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Cuba, Venezuela, Panamá, etc.?

Y ni pensar que éste quisiera con esa pensión cubrir los gastos médicos por enfermedades catastróficas propias de la tercera edad, que es cuando el empleado, trabajador o servidor público más necesita esta asistencia. Se da el caso, por ejemplo, en el que un solo estudio médico de una enfermedad crítica (cirugías, trasplantes, etc.) sale más cara que la misma pensión, y para colmo, muchos pensionados no tienen ni pueden cubrir un buen seguro médico.

Estos datos no son perogrulladas mías. Todos están contenidos, aunque sin estos detalles, en investigaciones realizadas por expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en las cuales evidenciaron “las pírricas pensiones” que existen en la región, razón por la cual en sus estudios plantearon la necesidad de repensarlas.

A partir de sus indagatorias, el BID editó el libro “Repensar la jubilación”, el cual fue realizado mediante una colaboración entre centros de investigación de la región de América Latina y el Caribe, lo que implica que el mal no está solo en nuestro país.

Cuando escribí al respecto en un artículo anterior, apunté que: “Tenemos por ejemplo que, entre dos de los principales agentes bancarios y financieros del país (según SIPEN, el Banco Popular y  Banco de Reservas, este último del Estado dominicano) manejan, haciendo un corte al mes de mayo del año 2024 en curso, la suma de RD$525, 825, 697,841.54 del Patrimonio del Sistema Dominicano de Pensiones. Es decir, más de 525 mil 825 millones de pesos”.

El que reparte y reparte

Precisé que no se trata de beneficios, sino de flujo de capitales que provienen del sistema de  pensiones. Por eso cabe aplicar ahí el dicho: “El que reparte y reparte, se queda con la mayor parte”.

¿Y qué nos dicen esas cifras? Nos señalan que “el cerón está cargado de un solo lado en demasía”. De ese volumen de recursos, a los trabajadores apenas llegan pensiones pírricas, insuficientes. ¿Y eso qué augura? ¿Qué presagia esta situación de lo que ocurrirá más tarde o más temprano? Que si no se cambia el rumbo, nos vendrán graves problemas sociales”.

El bienestar humano, la calidad de vida y el estado de salud de la población de envejecientes, que son millones de dominicanos, está en picada y avanza hacia una situación de miseria. ¿Eso se puede prevenir? Creemos que sí, pero eso es si hay una buena voluntad política en los entes gobernantes (Estado, empresarios, grupos financieros y económicos, etc.) y estos se inclinan a contribuir a mejorar las condiciones de vida de los pensionados. La situación se puede aparejar.

Urge aumentar sueldo

¡Albricia!, el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP)   acaba de realizar un estudio atinado, acucioso, objetivo y enjundioso sobre la triste realidad de las pensiones en el país. “El estudio de las Pensiones Otorgadas por el Sistema de Reparto Estatal y Límite Máximo de Pensión (2019-2024)” resalta, saca a relucir primero que nada, “la inequidad en la distribución de las pensiones”.

La investigación, encabezada y divulgada por el experto, licenciado Luis Edo. Holguín-Veras Martínez, se realiza a partir del axioma  que apunta a que: “Los servidores públicos esperan que sus derechos sean respetados para disfrutar de una jubilación digna y justa”.

En sus conclusiones, la investigación de Holguín-Veras Martínez sostiene como mal principal la inequidad en la distribución de las pensiones. Precisa, asimismo, que “es factible de la corrección de la forma de calcular el Límite Máximo de Pensión”.

El estudio destaca igualmente la “desigualdad significativa de los montos de pensión” y plantea la “urgente necesidad de aumentar el sueldo mínimo del sector público”.

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Impunidad, del vocablo latino impunitas, es el término que se refiere a la falta de castigo. Se conoce como castigo, también a la pena que se impone a aquel que ha cometido una falta o un delito.

Quiere decir que, cuando hay impunidad, el individuo que ha incurrido en una falta o un delito no recibe la pena que le corresponde por su accionar. De esta falta no se castiga ni se enmienda su conducta. Por ejemplo: “Los vecinos se reunieron en el parque para pedir que se ponga fin a la impunidad”, “No voy a aceptar que haya impunidad en un caso tan notorio”,

“El asesino goza de impunidad y todavía puede caminar con total libertad”. Se entiende la impunidad como la evasión o el escape de la sanción que envuelve una falta o un delito. Lo usual es que la impunidad se produzca cuando, por motivos políticos o de otro tipo, una persona que es responsable de haber violado la ley no revive el castigo correspondiente y, por lo tanto, sus víctimas no reciben ninguna reparación.

Por ejemplo, un vendedor de automóviles que estafa a los compradores. Las víctimas  y sus abogados sostienen que, de acuerdo a la ley, al delincuente le corresponde una pena de cuatro años de prisión. El juez a cargo de la causa, sin embargo, considera que no hay pruebas suficientes para condenar al vendedor y lo absuelve. Las víctimas sostienen que se trata de un caso de impunidad y que el estafador sobornó al juez para comprar su libertad.

La impunidad suele asociarse a los ricos famosos, en especial a casos de evasión fiscal, dadas las tácticas que muchas estrellas utilizan para no pagar todos los impuestos que les corresponde, lo cual vuelve la balanza aún más a su favor en lo que a fortunas se refiere. Por lo general, los casos que quedan impunes se caracterizan por la frustración y la sensación de impotencia de las personas afectadas.

Esto sucede sobre todo en los crímenes que no logran resolverse, ya sea por corrupción o por falta de evidencias, ya que alguien pierde la vida de una forma horrible y sus familiares y amigos deben soportar que los culpables gocen de su libertad y, continúen cometiendo asesinatos.

Otro tipo de casos que muchas veces termina en la absoluta impunidad no incluyen violencia directa, sino negligencia, que puede tener consecuencias aún peores. Un ejemplo fue el fallecimiento de Florencia Mesa, una niña de 7 años que jugaba inocentemente en una hamaca cuando el desprendimiento de la estructura le quitó la vida de un fuerte golpe en la cabeza.

Los padres declararon que la plaza no se encontraba en buenas condiciones y las pericias consiguieron determinar que el desgaste de los juegos fuera alarmante; sin embargo, nadie fue señalado como responsable directo.

Hay especial miedo casi cultura a que los maleantes queden impunes, aunque muchas de las personas que han debido atravesar casos como el de la niña de marras, aseguran que después de unos años la lucha se enfoca en que no haya más víctimas y no en una mera venganza al mejor estilo la ley del talión.

Es grave

La impunidad es grave porque demuestra que la justicia no es perfecta y eso deja en evidencia que el Estado no nos puede proteger siempre y que tampoco puede garantizarnos soluciones a todos nuestros problemas sociales.

La impunidad no debe depender del juez, cuando el crimen está plenamente probado en justicia; pero mientras haya duda, vale más exponerse al riesgo de absolver al culpable que condenar a un hombre que puede ser inocente.

Suelen quedar impunes muchos delitos por razones políticas, así como otros a los que la acción penal no alcanza por ineficacia policial, y que constituyen la zona negra a que tanto alude en sus estadísticas el criminalista Hans Von Hentig.

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