El artículo 152 de la Constitución Dominicana establece: “La Suprema Corte de Justicia es el órgano jurisdiccional superior de todos los organismos judiciales. Estará integrada por no menos de dieciséis jueces y podrá reunirse, deliberar y fallar válidamente con el quórum determinado por la ley que establece su organización”.

Tanto poderío y solemnidad le otorgó el legislador a la Suprema Corte de Justicia, que dentro de las atribuciones que le confiere el artículo 154 de la carta magna, inciso 1, se encuentra la de conocer en única instancia las causas penales seguidas contra el presidente y el vicepresidente de la República, a senadores, diputados, jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, ministros y viceministros, el procurador General de la República, jueces y procuradores generales de las Cortes de Apelación o equivalentes, jueces de los Tribunales Superiores de Tierras, de los Tribunales Superiores Administrativos, del Tribunal Superior Electoral, al Defensor del Pueblo, miembros del Cuerpo Diplomático y jefes de misiones acreditados en el exterior, y miembros de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Monetaria.»

Pero, más aún, el artículo 129 de la propia Constitución establece que, a falta del presidente de la República y del vicepresidente, asumirá interinamente el Poder Ejecutivo el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que haya asumido dichas funciones, deberá convocar a la Asamblea Nacional para que se reúna dentro de los quince días posteriores y elija a los nuevos presidente y vicepresidente de la República, en una sesión que no podrá clausurarse ni declararse en receso hasta que se haya realizado dicha elección.

Los artículos 129 y 154 de la Constitución Dominicana le confieren, tanto a la Suprema Corte de Justicia como a quien ostente el cargo de presidente, la confianza, superioridad y jerarquía ante cualquiera de las circunstancias que se presenten, categoría para organizar todo el proceso de sucesión presidencial y vicepresidencial en los días venideros.

Pero, los últimos eventos ocurridos respecto a los delitos de opinión juzgados por ciertos jueces, me generan las siguientes preguntas puntuales sobre este órgano jurisdiccional superior de todos los organismos judiciales:

¿Puede la Suprema Corte, el Poder Judicial y el sistema integrado de jueces estar doblegados ante los caprichos del Poder Ejecutivo?

¿Puede la Suprema Corte de Justicia y su Consejo del Poder Judicial ignorar el comportamiento de ciertos jueces que, abiertamente, desatienden el principio estructural de la separación de poderes del Estado, actuando como emisarios del Poder Ejecutivo, cuando dicho principio establece una división clara entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial?

¿Cómo es posible que algunos jueces traten a personas que ejercen la opinión pública del mismo modo que a narcotraficantes, lavadores de dinero, terroristas o contrabandistas?

¿Cómo se explica, en el balance social, que una persona acusada de narcotráfico, y además apresada en un aeropuerto mientras intentaba salir del país, reciba como medida de coerción una garantía económica impuesta por una jueza, mientras que a comunicadores se les imponen medidas como impedimento de salida, presentación periódica y hasta grillete electrónico?,

Y peor aún, ¿cómo se justifica dicha acción, cuando el supuesto daño ocasionado por el comunicador a la víctima es eminentemente moral?

El poder es pasajero, y el Poder Judicial tiene que permanecer al margen de los abusos del poder. De nada le vale al poder, influir en jueces para lograr condenas, cuando el poder de comunicar y la narrativa no la tiene un grupo exclusivo, sino aquellos que tienen la capacidad de investigar.

Es necesario que algunos jueces entiendan la superioridad del poder al que pertenecen, la visión estructural que el legislador confirió a la Suprema Corte de Justicia, y por demás, a los hombres de a pie, porque para ellos es que necesariamente se tiene que impartir justicia.

sp-am

POR CARLOS SALCEDO

La crisis venezolana no es solo la historia de un modelo populista agotado; es también un laboratorio jurídico y político donde se cruzan sanciones internacionales, acusaciones de narcotráfico y estrategias de aislamiento diplomático. Nicolás Maduro y su círculo cleptocrático, caracterizado por el uso de los recursos del Estado para su enriquecimiento ilícito y corrupción, enfrentan hoy no solo el repudio moral de millones de venezolanos, sino también un cerco legal que va desde la jurisdicción extraterritorial de Estados Unidos hasta las resoluciones de organismos multilaterales.

La jurisdicción extraterritorial y el caso Maduro

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha emitido cargos criminales contra Maduro y altos mandos de su régimen, acusándolos de encabezar un cartel de narcotráfico denominado “el cartel de los soles” (se debe a las insignias que llevan en los uniformes los generales de la Guardia Nacional Bolivariana-GNB-).

Estas acusaciones se basan en el principio de jurisdicción extraterritorial, que permite a un Estado perseguir delitos cometidos fuera de su territorio cuando afectan su seguridad, su economía o la seguridad internacional.

No es un recurso menor: se aplicó contra capos del narcotráfico colombiano y contra funcionarios extranjeros acusados de corrupción y lavado de activos. La figura jurídica tiene un claro objetivo político: deslegitimar al régimen venezolano, ponerlo al nivel de un cartel y preparar el terreno para una transición forzada.

El papel del derecho internacional público

La OEA y la ONU, aunque con limitaciones, han sido escenarios donde se ha denunciado la violación sistemática y grave de los derechos humanos en Venezuela: represión, detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU ha documentado esos crímenes, y algunos juristas sostienen que constituyen crímenes de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).

De hecho, la CPI mantiene abierto un expediente sobre Venezuela. Aunque el régimen intenta desacreditar el proceso, su sola existencia confirma la dimensión internacional de la crisis.

Populismo agotado y economía devastada

El populismo bolivariano, dictadura de partido único de facto, heredero del chavismo, transformó la renta petrolera en un mecanismo de clientelismo político. Pero sin producción, sin inversión y con corrupción generalizada, el modelo colapsó. Venezuela es hoy el ejemplo más dramático de que el neopopulismo rentista no es sostenible: cuando los precios del petróleo caen, se derrumba también el edificio ideológico.

La hiperinflación, el colapso institucional y la migración de más de siete millones de venezolanos son el saldo más evidente de este fracaso.

Los aliados ideológicos de Caracas

Cuba, Nicaragua, Bolivia, con régimenes autoritarios de izquierda o socialismos del siglo XXI, y ciertos países caribeños han defendido a Maduro, ya sea por afinidad ideológica o por dependencia económica. Pero ese respaldo es cada vez más frágil.

Las sanciones económicas, financieras, militares, políticas, diplomáticas y presiones judiciales y de seguridad de EE. UU. alcanzan a quienes faciliten transacciones ilegales con Venezuela, lo que ha disuadido a muchos de comprometerse más allá de lo retórico.

Estados Unidos y la reconstrucción de un bloque hemisférico

La estrategia estadounidense recuerda a los tiempos del ALCA, aunque con nuevos objetivos: asegurar fuentes de energía, frenar la migración y contener a China y Rusia. Países como Colombia, Brasil y Chile son socios activos en este cerco, convencidos de que la crisis venezolana desestabiliza toda la región.

El desenlace

El populismo liberal en Venezuela está condenado por su inviabilidad económica y por la presión internacional. El reto será gestionar la transición sin que se convierta en un vacío de poder o en un conflicto armado. La salida pasa por un acuerdo entre sectores de la oposición y disidentes del chavismo, bajo garantías internacionales.

Lo cierto es que, más allá de la política, la historia venezolana actual se escribe también en los códigos penales, en las resoluciones multilaterales y en los expedientes de la CPI. El populismo, disfrazado de revolución, terminó en la antesala de los tribunales.

jpm-am

Ante una potencial crisis de seguridad en la región, proponemos la celebración de una Cumbre CELAC–Trump con el objetivo de prevenir una escalada que comprometa la paz regional y genere consecuencias humanas y económicas de gran magnitud.

Un encuentro de esta naturaleza podría representar un punto de inflexión en las relaciones diplomáticas, económicas y de cooperación entre Estados Unidos y América Latina. Se trataría de la primera cumbre de este tipo en la historia de la CELAC, desde su creación en Playa del Carmen, México, en 2010.

La diplomacia preventiva debe constituir el eje central de esta iniciativa, cuyo propósito esencial es evitar una confrontación militar que desemboque en un conflicto armado, inadmisible en el contexto actual. Latinoamérica y Estados Unidos están llamados a entenderse porque comparten un mismo espacio: el continente americano.

Pese al creciente avance de China en la región, Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de América Latina y el Caribe. No obstante, esta posición podría verse amenazada si no se abordan con mayor comprensión las necesidades de desarrollo económico de la región.

En relación con los flujos comerciales, recordamos que en 2023 el total del comercio de bienes de América Latina y el Caribe (ALC) con su principal socio comercial, EE.UU, representó el 21.3% del comercio total estadounidense, equivalente a US$1.097 billones.

En ese año las exportaciones desde ALC hacia EE.UU alcanzaron un valor absoluto superior a los 611 mil millones de dólares, mientras que las exportaciones estadounidenses hacia la region US$486 mil millones, lo que representa un déficit comercial de 125 mil millones de dólares a favor de America Latina y el Caribe.

En contraste, el comercio con China generó un déficit de aproximadamente 33 mil millones de dólares para América Latina y el Caribe  en 2023. Ese año, el comercio total entre ALC y China ascendió a cerca de 450 mil millones de dólares, lo que representó el 8,2 % del comercio exterior total de China.

Las exportaciones desde ALC hacia  China alcanzaron los 208 mil millones de dólares, mientras que las importaciones chinas hacia la región sumaron 242 mil millones de dólares, reflejando así un saldo negativo para ALC.

El desafío actual consiste en avanzar hacia una mayor diversificación y sofisticación de las exportaciones latinoamericanas, incorporando más valor agregado, tecnología y procesos industriales, con el fin de fomentar una relación más equilibrada y mutuamente beneficiosa.

El crecimiento sostenido del comercio con Estados Unidos consolida a este país como un socio estratégico, debido a su capacidad de consumo, dinamismo económico y cercanía geográfica. Estos factores lo convierten en un pilar para la estabilidad económica y social de América Latina y el Caribe.

Abogamos por continuar explorando mecanismos de diálogo y cooperación constructiva con Estados Unidos, incluyendo la posibilidad de retomar la idea de un acuerdo de libre comercio continental. Esta iniciativa tendría un impacto extraordinario en el desarrollo regional.

Más allá de la confrontación, los pueblos del continente americano aspiran a la paz y al bienestar, como base para una vida más próspera y digna. Por ello, se debe dar un chance a la diplomacia y montar la Cumbre CELAC-EE.UU

jpm-am