SANTO DOMINGO. –  El sector bancario desempeña un rol de guarda y custodia de los recursos de los depositantes y, para la devolución de los fondos en las cuentas de personas fallecidas, se sigue un proceso riguroso que tiene como objetivo principal proteger el patrimonio del cliente y asegurar que se desembolse únicamente a los legítimos sucesores, expuso la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).

Durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación, Junil Fermín, directora Legal de la ABA, reveló que hay 123,55 cuentas de clientes fallecidos, lo que representa el 1.31% del total de las existentes en la banca múltiple. En cuanto a los fondos, que ascienden a 9,593 millones de pesos, constituyen apenas el 0.36% del total de captaciones de la banca múltiple.

Explicó que estos recursos están disponibles, sin fecha de vencimiento y pueden ser reclamados en cualquier momento, siempre cumpliendo con las normativas legales y tributarias que apliquen para cada caso.

Fermín indicó que, una vez la entidad bancaria tiene información certera del fallecimiento de un cliente, su cuenta se clasifica como restringida y no se aplican cargos ni comisiones. Aclaró que, para las entidades financieras, estos fondos suponen un esfuerzo adicional en materia de seguridad bancaria, ante un mayor riesgo de fraudes.

Resaltó que el requerimiento de documentos y el costo general del proceso que debe agotarse de manera individual ante varias entidades financieras (si aplica) resulta un desincentivo adicional para los herederos.

“Los conflictos entre herederos o personas no reconocidas legalmente figuran entre las principales causas por las que se retrasa el proceso. También se registran casos de desistimientos, sobre todo en aquellos cuyos fondos en cuenta (a juicio de los herederos), no compensa el esfuerzo para reclamar la entrega a las entidades financieras”, expuso la directora Legal de la ABA.

Propuestas para agilizar el proceso

En aras de contribuir a la agilización del proceso de entrega de los fondos, Junil Fermín afirmó que la ABA ha venido trabajando en propuestas para ser presentadas a las instituciones correspondientes, entre las que figuran: unificación de documentación (certificación de productos bancarios y acta de notoriedad), la consolidación de una única acta inextensa de estado civil con toda la información del finado y sus vinculados, y establecer un tratamiento especial para las cuentas de monto menor o clientes de bajos recursos.

“En la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), entendemos que el fallecimiento de un ser querido representa una situación triste y difícil, por lo que reiteramos el compromiso de resguardar los recursos de los depositantes, incluyendo después de su fallecimiento, y de facilitar a sus herederos legales el acceso a dichos fondos de forma segura, transparente y conforme al marco legal vigente”, reiteró.

En el encuentro con los comunicadores estuvieron presentes, además, Manuel González, director Técnico; Pamela Castillo, directora de Comunicación y Marketing; Lidia Ureña, gerente senior de Regulación y Susana Flete, gerente de Prensa y Relaciones Públicas del gremio bancario.

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SANTO DOMINGO.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) solicitó la anulación de condiciones de la licitación INTRANT-CCC-LPN-2025-001, sobre la gestión y manejo de la licencia de conducir, por vulnerar derechos y principios.

Tales condiciones planteadas por la FTJ están establecidas en la Constitución Nacional en la Ley No.340-06, y el reglamento no. 423-16, (sobre compras y contrataciones públicas).

La Fundación advierte que el pliego establece requisitos desproporcionados y contradictorios, como exigir una facturación mínima anual de cinco  años, mientras que los estados financieros requeridos corresponden a apenas tres años.

Esta incongruencia, indica, no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría excluir injustamente a potenciales oferentes.

PREOCUPACIONES DE LA FJT

Para la FJT, es preocupante la obligación planteada en el pliego para los oferentes, al establecer consorcio con los fabricantes de los printers, impresoras, plásticos, etcétera.

Precisa que eso prácticamente es una imposición, ya que si los interesados no presentan certificado de acuerdo con los fabricantes de tarjetas de policarbonato y de impresoras láser perderían en cada caso cinco puntos.

El vicepresidente ejecutivo de la FJT, Máximo Calzado Reyes, manifestó que la previsión sobre la conformación de consorcio con los fabricantes constituye una vulneración flagrante a los principios de razonabilidad, igualdad y principio de participación.

Mencionó también los derechos de libertad de empresa y libre competencia, ya que la eventual pérdida de diez puntos, constituye una evidente limitación a las oportunidades de algunos oferentes que no cumplan con esta irracional condición.

Calzado Reyes, mediante la FJT solicita a la DGCP suspender y hacer una revisión profunda y minuciosa del pliego de condiciones, para evitar que algunos de los oferentes vean mermadas sus posibilidades de participar en igualdad de condiciones en el indicado proceso.

agl/of-am