BOGOTA 7 Feb.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha notificado la muerte de 14 personas como consecuencia de la ola de frío ártico que azota el norte del país y ha exigido a la Corte Constitucional que revoque la suspensión del decreto de emergencia económica «para atender el desastre y sus consecuencias».
«Estamos ante un hecho (…) que describíamos explícitamente en el decreto de emergencia que suspendió la Corte. Hay 14 muertos, 9.000 viviendas destruidas, casi 50.000 familias afectadas, 35.000 hectáreas inundadas y 300.000 afectadas», ha expresado el mandatario en una publicación en redes sociales tras una reunión del Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.
Petro ha subrayado que la «corriente fría ártica» que afecta actualmente a departamentos como Córdoba o Sucre no tiene precedentes, así como tampoco lo tienen las «cantidades de lluvia» recogidas en la región, al tiempo que ha advertido de la llegada este fin de semana de «un segundo frente frío ártico» que podría hacer que «la emergencia económica, ambiental y social en la región» se extienda al resto del país.
«Tenemos un frente frío del ártico sobre Colombia. No es un chiste», ha agregado antes de señalar que «recortar presupuestos» en esta situación es «un suicidio» y advertir de que «el Ejército (actuará) derribando los diques que impiden flujos del agua en la zona de desastre y se restituirán las tierras robadas a las ciénagas y caños para mitigar las inundaciones».
Así las cosas, el jefe del Ejecutivo colombiano ha criticado «la codicia con que se ha manejado los embalses de agua» y ha denunciado que el funcionamiento de las termoelécticas de gas y las hidroeléctricas está orientado para beneficiar a «unos terratenientes con influencia en las cortes».
Estas declaraciones llegan después de que el mismo Petro haya deplorado la decisión de la Corte Constitucional de suspender el decreto de emergencia económica al considerar que el tribunal actuó de forma apresurada y favoreciendo intereses financieros por encima del interés general.
El decreto de emergencia económica fue implementado por el Gobierno colombiano después de que el Congreso del país tumbase a principios de diciembre la reforma tributaria, con la que se esperaba recaudar 16.300 millones de pesos (cerca de 3.700 millones de euros) para completar el presupuesto de 2026.
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