Al presidente Abinader se le escapó una o pecó de ingenuo cuando, desde el inicio mismo de su segundo período de gobierno, se reunió con varios dirigentes del PRM y les comunicó temprano que al término del mandato se iría para su casa, dejando abierta la compuerta de las aspiraciones presidenciales en la organización política.

Al expresar que es “un presidente tolerante y democrático, pero que todo tiene un límite”, el gobernante advierte claramente que varios aspirantes de su partido, beneficiarios del “banderazo” que diera poco después del triunfo en las urnas, desbordaban en el proselitismo interno y que, si no de “contentos”, se habían pasado de la raya y de lo que pautan la prudencia y la propia ley electoral.

Ahora, como corderitos o compañeritos “disciplinados”, todos a una dicen que acatan (y maña fuera que sea así, faltándole al presidente tres años con el bolígrafo de los decretos a mano) la “línea” bajada por el jefe del Estado, en el sentido de cero proselitismo a destiempo entre los funcionarios del PRM o, de lo contrario, deben dejar el cargo que ocupan en el gobierno.

Pero ¿acaso no sabían los “presidenciables” del partido oficial que, con su adelanto, estaban violando el plazo que dice la ley para arrancar con la promoción de las candidaturas y que, por demás, estaban desoyendo las advertencias hechas por la JCE al respecto?

Alegar ignorancia sería no se respete. Y más especial es Paliza, el presidente del PRM, quien acoge el llamado-advertencia del presidente Abinader y le agrega, pero después de, que: “es tiempo de gobernar, no de promover candidaturas”.

Pero – ¡oh, Dios! – no vio antes de que hablara el presidente que la secretaria general de su partido y alcaldesa de Santo Domingo (donde hay muchas cosas por hacer y resolver) andaba por la frontera “chequeando” el muro (verja vulnerable), tarea que corresponde a la soldadesca del CEFROM y la supervisión y control superior al ministro de Defensa, al jefe del Ejército y, mínimo, al director de Migración, vicealmirante Lee Ballester.

Que conste que, aunque las dos aspirantes electas, vice y alcaldesa, no están al alcance de un decreto presidencial, también deben acogerse a los plazos que establece la ley electoral y les indica la prudencia.

Para muchos – y me incluyo –, el presidente Abinader el día que “abrió la compuerta” de las aspiraciones debió pedir que levantaran la mano los que preferían ir a una posición en el gabinete y entonces, pero solo entonces, proceder con los decretos, dejando libre de responsabilidades burocrático-oficiales a aquellos que se consideraran “presidenciables” y que, por demás, estuvieran en disposición de “jugársela” aspirando a articular un proyecto de poder sin el apoyo de la “logística” que, quiérase o no, de diversas maneras puede emanar del desempeño de una función pública importante.

Por demás – y se está a tiempo todavía –, el presidente Abinader expresó que quien quiera seguir activando su precandidatura (que siempre deberá ser bajo techo y sin ignorar los plazos que dice la ley) debe dejar el cargo.

Pero es sencillo, es cuestión de un decreto, y el presidente es el jefe de eso. Entonces, amigo presidente, no es asunto de discrecionalidad, sino de proceder. Por cierto, hasta podría ser una oportunidad de relanzar su gobierno u ofertar algunas caras nuevas en el tren gubernamental. ¡Y que no cunda el pánico!

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jpm-am

Me lo pregunté antes, y me lo pregunto ahora, si era necesario crear un Tribunal Constitucional cuyas decisiones son inapelables y definitivas, de cumplimiento obligatorio, si no le estábamos dando demasiado poder a 13 ciudadanos que no fueron elegidos por el voto popular, sino por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por nueve años, más tiempo que el propio órgano que los escoge, presidente de la República, senadores y diputados que tienen un mandato de apenas cuatro años. 

En términos llanos, esos 13 ciudadanos se convierten en “Ley, Batuta y Constitución”, pues no hay otras instancias. Sus decisiones son definitivas e inapelables, lo dice la Carta Magna: “Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Gozará de autonomía y administrativa y presupuestaria”. (En pocas palabras, creamos un monstruo político judicial que, sin ser elegidos por el pueblo, se coloca por encima del pueblo mismo) 

Como debemos saber, los integrantes del Tribunal Constitucional no están por encima de los intereses políticos, económicos y sociales de grupos económicos y políticos determinados. Responden a intereses específicos. No son “apolíticos” ni “independientes”, porque esa categoría social no existe ni ha existido nunca, según aprendimos desde los tiempos aristotélicos. 

Hoy estamos ante un problema bastante serio, que atenta contra los partidos políticos y contra la democracia. Estamos a las puertas del caos y el desorden con las candidaturas independientes aprobadas por el Tribunal Constitucional, que, en su decisión, se coloca por encima de la Constitución que debe proteger y defender.  

En cualquier caso, debo decir que, para instituir las candidaturas independientes, aboliendo de paso las funciones de los partidos, debería producirse una modificación de la Constitución, modificar la ley Electoral, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, la Ley de partidos y movimientos sociales, etc. 

El Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, la Suprema Corte de Justicia, ni siquiera el Congreso a través de la Asamblea Nacional, puede cambiar o modificar la Constitución sin cumplir con los reglamentos que ella misma establece.  

Los partidos están constitucionalizados. Artículo 216 dice: “La organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto y la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley. En ninguna parte del texto constitucional habla de las candidaturas independientes, porque es un llamado al desorden, al caos, al fin de los partidos y de la democracia misma. 

Si el proyecto de ley emanado del Congreso, el Tribunal Constitucional lo consideraba inconstitucional debió devolverlo a las cámaras legislativas para su corrección, porque hasta ahí llegan sus atribuciones, no la de crear una nueva ley. No olvidemos que el poder legislativo, en la propia Constitución, es el primer y más importante poder del Estado, aunque en la práctica no sea así. 

El Tribunal Constitucional tiene sus atribuciones claramente establecidas en la propia Constitución. No puede extralimitarse. No tiene la facultad de crear leyes, esa es una facultad del Congreso. 

Me pregunto, ¿qué es lo que buscamos? ¿Fortalecer y preservar la democracia o destruirla? ¿Debilitar el orden institucional y constitucional, garantizando la gobernabilidad y la paz social o crear un clima de inseguridad y anarquía en todo el territorio nacional, promoviendo el transfuguismo?  

Dicen la buena o las malas lenguas que las candidaturas independientes buscan crearle un problema mayúsculo al Partido Revolucionario Moderno (PRM) donde las ambiciones se han desbordado con la aparición de 15 o 20 candidatos. Dicen esas mismas lenguas, que más de un precandidato presidencial del PRM o de cualquier otro partido, si pierde la convención interna, se presentaría como candidato independiente, dividiendo el PRM y quitándole la posibilidad de mantenerse en el poder. 

No sé porque el tema de las candidaturas independientes me recuerda el cuestionado y rechazado proyecto de Ley de Lemas que permitía a los partidos presentar más de un candidato al mismo cargo y luego sumarlos….  

Digamos que no sea cierto, ¿a cuántos puede subir el número de candidatos independientes a cargos electivos? ¿A diez mil? ¿A 20 mil? ¿Cómo sería el financiamiento? ¿La boleta electoral tendría el tamaño de una sabana de arroparse y dormir? 

Me imagino la cantidad de “narcotraficantes”, “riferos”, “banqueros”, “influencer” analfabetos, con dos o tres millones de seguidores en las redes sociales, presentándose como candidatos independientes. ¡Una locura! 

La JCE no tendría la capacidad, ni recursos, para manejar ese escenario político electoral. 

Creo, eso sí, que los partidos tienen que someterse al orden, recuperar la confianza de la ciudadanía. La “clase política” está muy desacreditada; la imagen de los líderes está por el suelo. Los partidos no son parte de la solución del problema, al contrario, son parte del problema. 

En los partidos tiene que producirse una profilaxis; sacar de sus filas a la gente del bajo mundo, sin arraigo, sin vocación de servicio, ni amor por su país. Los partidos tienen que estar conformado por ciudadanos decentes, trabajadores, estudiosos, patriotas.  

Finalmente debo aclarar que, es verdad que todos los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser, no elegidos, sino “elegibles”. Usted puede tener derecho a elegir, pero no a ser “elegible”, que es distinto.  Para ser “elegible” un ciudadano, hombre o mujer, debe tener de méritos sociales. Y no todo el mundo los tiene. 

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