Hace varias semanas, la Cámara de Representantes aprobó el segundo intento de reforma del sistema de salud, propuesto por el presidente Donald Trump. Pero ahora tendrá que pasar la prueba del Senado, donde las posibilidades son menores, salvo que la misma sufra importantes modificaciones.

La primera versión (Plan A) fue retirada por la Casa Blanca, ante la fuerte resistencia de un grupo de legisladores de su propio partido, y también de la oposición del Partido Demócrata, el cual es considerado como el primer gran revés legislativo del Presidente Trump.

La Ley de Atención Médica Estadounidense (AHCA), llamada ‘Trumpcare’, ha sido  muy criticada por expertos, médicos, académicos, activistas y aseguradores, acusándola de “perjuicio desproporcionado” contra las mujeres, los pobres, los envejecientes y los inmigrantes. Incluso, algunos la califican de “anticonstitucional”.

El Congreso Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), la calificó como «un ataque contra la salud de las mujeres», que crea obstáculos al aborto y conspira contra «el acceso a la atención de los pacientes de bajos ingresos» y condiciones preexistentes.

Desde hace muchas décadas, el aborto y la salud de las mujeres, son temas que dividen a la sociedad norteamericana y a sus estamentos políticos. Incluso en el 2010 la propuesta de Obama fue cuestionada y “ajustada” para reducir las resistencias al cambio.

Para cumplir con una promesa de campaña, la propuesta contempla reducir drásticamente los fondos a entidades como Planned Parenthood, la primera organización de atención ginecológica del país, que atiende a mujeres de bajos ingresos, y a grupos étnicos minoritarios, que desean realizarse un aborto.

Allison Hoffman, experta en derecho y política de la Universidad de California recuerda que la salud de las mujeres ha sido históricamente «descuidada» en las políticas públicas en Estados Unidos: las pacientes pagaban más por sus seguros médicos, sobre todo ante  la eventualidad de quedar embarazadas.

23 millones perderían sus seguros de salud

Mientras la reforma de Obama se orienta a beneficiar y proteger a la población frente a los monopolios de la salud, la propuesta de Trump pretende dar marcha atrás, liberalizando el mercado de la salud y del aseguramiento, con el mismo ímpetu con que plantea reducir los impuestos a los más ricos y a las grandes corporaciones.

La opinión más autorizada recae sobre la Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso (CBO), por ser una entidad técnica y apartidista. Según sus estimados, la reforma dejaría a 23 millones de personas sin seguro y sería incosteable para individuos que padecen de costosas afecciones médicas.

Las primas (las capitas) bajarían, pero las coberturas también, elevando el gasto de bolsillo. Además, aumentaría el poder de las aseguradoras (ARS) en el mercado, factores  que los grupos sociales consideran  regresivos, acentuando el carácter excluyente de la propuesta. EEUU es el único país desarrollado sin cobertura universal de salud.

Otra conquista en juego es la prohibición del ObamaCare de que las personas con enfermedades preexistentes paguen más. Esa legislación “causaría que los costos se disparen, lo que resultaría en una cobertura imposible de costear para aquellos con condiciones médicas preexistentes, y dejaría a millones de personas sin seguro de gastos médicos”. Mi solidaridad y deseos de que cualquier reforma sea para ampliar la protección social.

Esta propuesta, llena de recortes y de barreras al acceso universal del cuidado de la salud de las personas, unida a la persecución y deportación en masa de los inmigrantes indocumentados, pende sobre las cabezas de las minorías que, huyendo de la pobreza de sus países de origen, esperan formar parte del sueño americano.

JPM