Hoy hay una expresión que repetimos sin detenernos a pensar de lo machista y  cruel de la acción que la originó: “Estoy mejor que Lola antes de las tres”

Antes de continuar usándola debemos preguntarnos ¿quién fue Lola y qué le sucedió a las tres?.

La frase venía de boca en boca desde principio del siglo XX. Refiere al acontecimiento en la que,  como se dice  hoy, una trabajadora sexual cubana fue ultimada con una estocada en el pecho, por su amante, un médico que identifican como Edmundo Mas.

Cuenta la Narración que Edmundo no resistió el galanteo que Lola tenía con otros y su despecho le llevó a quitarle vida, a una “  p…    ” , según el criterio que se le atribuye

La propia víctima, según se cuenta y lo cuenta una canción,  quería volver a besarlo antes de morir.

En verdad no sé qué le sucedió a  Edmundo y cual pena se le impuso por su ¨pasional acción”.  Lo que sí sé, es que la frase se fue repitiendo de boca en boca y se utilizó como chiste y chercha o para amenazas fatales de forma sutil y se hizo aun más famosa cuando e l presidente cubano Ramón Grau San Martin miró su reloj y exclamo:  “ C… si ya son las tres de la tarde,  hora en que mataron  a Lola”, lo que catapultó esa expresión.

Este hecho aconteció en Cuba en los inicios del siglo XX, como ya les conté. Pero en esta ocasión no vengo a referirme a la Lola Cubana; es más, no vengo a referirme ni siquiera a la muerte de un ser humano. Me referiré a Lola, la perrita de Santiago que fue muerta a puñaladas por Alba Iris Núñez

La expresión “como si lo hubiese hecho a un perro” forma parte de las frases idiomática del dominicano; se recurre a ella para apuntar que lo que se hizo no tendrá régimen de consecuencias porque, total, cualquiera le quita la vida a un perro y no pasa nada.

Si lo que acabo de expresar lo hubiese dicho en audio habría hecho una pausa y en lo inmediato un review , rápido, porque a partir de ahora creo que así no será.

Alba Iris Núñez se convierte el primer ser humano en la República Dominicana en ser sancionada por dar muerte a un perro. Bueno…, aun no lo ha sido, pero ya recibió medida de coerción por ese hecho, consistente en prisión preventiva de 15 días

La medida fue impuesta por el Juzgado de Atención Permanente de Santiago.  Esta noticia ya está por todas partes, por si le puede interesar más detalles. (VER AQUI). De ella yo quiero destacar el régimen de consecuencias. Apuesto que a partir de ahora y si se sigue dando promoción a esta medida, podrían aparecer dos o tres arriesgados que digan:  “Voy a matar a éste y que me metan preso a mí” , pero si lo hace y se le mete preso, el afán de protagonismo a ese precio disminuirá  por el régimen de consecuencias que conlleva esa acción.  Aclaro, no es la medida, sino sanciones que podrían ser hasta un año de prisión conforme lo dispone la ley 248-12.

Igual que esa, tenemos la ley No. 120-99, que prohíbe a toda persona física o moral tirar desperdicios sólidos y de cualesquiera naturalezas en calles, aceras, parques, carreteras, contenes, caminos, balnearios, mares, ríos. Esta ley en su artículo 4 y sus párrafos contempla sanciones tanto de privación de libertad como multas, pero los ayuntamientos no se han organizado para perseguir su aplicación y por eso vemos que desde vehículos se arrojan desperdicios, o vemos esos amontonamientos de basura en las calles aceras y contenes.

Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial contempla sanciones que se pueden aplicar sin esperar mayor reglamentación como es el no respeto a estacionarse en determinados lugares, o cruzar en rojos los semáforos.  Solo hay que ver lo que sucede de seis a siete de la mañana en nuestras esquinas en donde la mayoría de los conductores pasan en rojo y nada sucede.  Nadie usando la lógica se explica por qué los motoristas andan media calle en una sola goma a los ojos de los agentes del orden y tampoco pasa nada, así cruzan semáforos o hacen malabares entre vehículos-

Y como está, la venta de alcohol y tabaco a menores, tomar mientras se conduce, música alta, vehículo sin luz y sin placa, con humo y ruido a granel. Observe que  no hay un motorista que tenga una luz, ya que  se la quintan porque eso es lo que está. ¿y la policía?… ¡bien gracias, muy amables y te mandan saludos!

En fin, aquí hacemos lo que nos da la gana, estamos como chivos sin ley, porque no hay voluntad para aplicar el régimen de consecuencias que ya está establecido en la ley.

Ya pusieron un cascabel a un gato, hay más cascabel y muchos más gatos. ¿Quién se anima a ser el próximo protagonista de las fuerzas del bien y la liga de la justicia?

Hasta la próxima.

Desde la conformación de la nueva Junta Centra Electoral (JCE), en noviembre del 2016, hemos observado que, aun cuando estamos distantes de las presiones propias de las dinámicas e intereses políticos de las campañas electorales,  el Pleno de la JCE ha dado varios traspiés al aprobar resoluciones preocupantes que generan suspicacias, con lo cual van auto-minando la autoridad y la buena imagen que necesitan para garantizar que los resultados de los comicios del 2020 sean inobjetables y aceptados por los actores de la sociedad política y el pueblo dominicano.

La JCE, constitucionalmente, tiene la principal función y responsabilidad de organizar y administrar los procesos electorales presidenciales, congresuales y municipales, siempre apegada a las normativas vigentes, y con el deber de actuar con imparcialidad y total transparencia.

Cuando la actuación de sus miembros (individualmente o a través del Pleno) se ajusta a esas facultades, la JCE incrementa su peso específico ante la sociedad y  resulta adjudicataria de meritorios reconocimientos, su autoridad se hace incuestionable y aceptada por la sociedad política y el pueblo en general.

Lo más importante, si la JCE actúa con transparencia y dentro de las facultades que le confieren la Constitución y leyes vigentes, hará su mayor y mejor contribución al sistema de partido, al adecentamiento de las actividades políticas y fortalecerá la gobernabilidad democrática, cuestiones indispensable para la paz política en la R. Dominicana (RD).

Ahora bien, varios  preocupantes traspiés de la JCE se visualizan a través de las siguientes decisiones:

Mediante la Resolución No. 02-2017 del 7-2-17,  la nueva JCE  pretendió anular la Resolución de la JCE anterior que establecía el orden o posición en que quedaron los 26 partidos que participaron en las elecciones del 2016, en especial asignar el tercer lugar al PRSC en sustitución del PRD.  Por su tozudez en persistir en ese error, fue menester recurrir al Tribunal Superior Electoral para que, mediante sentencia se anulara dicho adefesio e injustificable decisión.

En base en un prejuiciado informe técnico, los titulares de la JCE asumieron una cuestionable actitud ante los equipos tecnológicos adquiridos por la anterior JCE. Como consecuencia, ya descartaron el uso de esos costosos equipos, gracias a lo cual la RD perderá más de 39 millones de dólares.

Sin facultades legales y obviando las funciones del CONANI establecidas en la Ley No. 136-03,  la nueva JCE trascendió sus competencias y límites para pretender adjudicar apellidos de manera administrativa a niños, niñas y adolescentes con  filiación de padres desconocidos y que son declarados en estado de abandono por los tribunales del país. Y,

Reiterando sus desafueros, el pasado 20 de junio, la JCE dispuso, también en forma  administrativa, la “prohibición de actividades proselitistas en las calles y las diversas acciones propagandísticas en el período de pre-campaña” con lo cual desconoce los mandatos de los Arts. Nos. 74 y 212  de la Constitución  y las limitaciones establecidas en los  Arts. 87 y 88 de la Ley  Electoral. No.275-97, vigente.

El desconocimiento de esas prerrogativas legales y los antecedentes políticos hacen inaplicable y arbitraria dicha prohibición y pretender ejecutarla establecería un peligroso precedente.

La sociedad dominicana, y en particular importante sectores de  la sociedad  política, demandan de los miembros de la JCE que ajusten sus actuaciones a la legalidad. Que se empeñen en trabajar con equidad, respeto a los actores políticos y transparencia. Que se enfoquen en la buena organización de los próximos comicios para que resulten libres, pulcras, transparentes y sin traumas socio-políticos para la población.

Desde el Municipio nos hacemos eco de ese importante clamor porque es justo, necesario y base fundamental para preservar el sistema de partido,  la paz política, la institucionalidad  y la gobernabilidad democrática que tanto le ha costado al pueblo dominicano.